“La llamada ‘guerra contra las drogas’ está basada en la idea de que la represión contra las personas que usan drogas, o están involucradas en su comercio, hará que el uso de drogas desaparezca. Pero sabemos por experiencia que esto no es verdad”.
Con esta declaración, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dio inicio este domingo a la 26ª cumbre sobre reducción de
daños y descriminalización de consumidores de drogas en Oporto, Portugal, uno de los países líderes en este tema.
En su discurso, Bachelet reconoció el fracaso del prohibicionismo, y señaló que esta política, implementada por gobiernos durante décadas, no solo no ha logrado que los países estén libres de drogas, sino, por el contrario, “la cantidad de sustancias que producen y consumen es mayor que nunca”.
De acuerdo con cifras de la ONG Harm Reduction International (HRI), organizadora del evento, estas medidas, a su vez, han provocado el incremento significativo en muertes relacionadas con drogas -más de un 60 por ciento entre el 2000 y 2015, periodo en el cual se registraron más de 450.000 fallecimientos-.
Además, recalca HRI, el encarcelamiento por delitos menores como posesión de drogas representa un gran costo para los países que lo implementan, y solo lleva al incremento de crímenes, violencia, ejecuciones extrajudiciales, e incluso, abuso de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Por esta razón, la alta comisionada urgió a la comunidad internacional a seguir el ejemplo de Portugal, donde hace 20 años hubo una gran reforma para tratar el consumo de drogas como un tema de la salud pública y no de justicia criminal, política que probó ser efectiva en llevar al mínimo las muertes por sobredosis en
toda Europa, al igual que la propagación de enfermedades infecciosas como el sida,
la tuberculosis y hepatitis C, además de reducir los índices de violencia con relación
al narcotráfico.
Por qué tanta gente sigue privada de los derechos que merecen como seres humanos
solo porque consumen drogas
Sin embargo, lamentó Bachelet, que solo 86 países de 176 que presentan consumo de drogas inyectables aplican políticas similares a la de Portugal, como terapias de sustitución de opioides, provisión de jeringas estériles y asistencia médica y psicológica.
Ante esta evidencia contundente, “por qué tanta gente sigue privada de los derechos que merecen como seres humanos solo porque consumen drogas», concluyó la alta comisionada ante grupos de activistas, investigadores y políticos que asisten a la cumbre, y recomendó a los Estados «enmendar sus códigos penales».
DIANA LUCÍA HERNÁNDEZ
Enviada especial de EL TIEMPO
Oporto (Portugal)
*Por invitación de Harm Reduction International (HRI)
