Tras la denuncia de tortura y ejecución del militar Rafael Acosta Arévalo, quien falleció la madrugada del sábado 29 de junio, 15 horas después de haber sido presentado ante un tribunal militar desorientado y prácticamente inmóvil, varias organizaciones han alzado su voz para pedir por la integridad de los demás presos políticos, que sin acceso a un juicio o a defensa legal, corren el riesgo de ser torturados y ejecutados por miembros de las fuerzas policiales venezolanas.
Entre estas organizaciones está el Comité de Familiares de Víctimas en Venezuela (Cofavic). Su fundadora, Liliana Ortega, habló con EL TIEMPO y compartió algunas de las cifras de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que habrían sido cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
¿Qué revela el caso del capitán Acosta sobre las políticas del régimen en Venezuela?
Este caso en especial demuestra las graves violaciones a los Derechos Humanos y la ausencia de garantías judiciales mínimas que sufren las personas detenidas en Venezuela.
La tortura, prohibida completamente por tratados internacionales y por la Constitución, se aplica en el país con el propósito de aterrorizar a todos y demostrar una dominación colectiva.
Liliana Ortega, defensora de Derechos Humanos, fundadora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) en Venezuela.
Archivo particular
¿Cuántos otros casos de violación a los derechos humanos por el régimen han registrado en su organización?
Cofavic ha registrado un total de 9.530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde el 2012 hasta el 2018. En los últimos dos años (2017 y 2018), el número de denuncias de ejecuciones extrajudiciales ha sido de 3.684 casos registrados a nivel internacional.
Cofavic ha registrado un total de 9.530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde el 2012 hasta el 2018
¿Cuáles son las principales violaciones del sistema judicial venezolano contra los detenidos?
Más del 98 por ciento de las denuncias hechas ante autoridades penales en Venezuela por violaciones a los Derechos Humanos nunca llegan a un juicio.
Los niveles de impunidad de quienes abusan de su poder son muy altos. (…) Los detenidos no tienen ningún tipo de protección ante esto, pues la mayoría de veces ni siquiera pueden contactar un abogado o comunicarse con su familia.
¿Cuáles personas están en más alto riesgo de sufrir violaciones por parte del Estado?
Las cifras demuestran que el 90 por ciento de las víctimas de abusos por fuerzas del Estado son hombres que en el 81 por ciento de los casos no pasan de 25 años de edad.
En su gran mayoría son muchachos que habitan en barriadas pobres. Hay que resaltar que el 69 por ciento de los casos de ejecuciones extrajudiciales que hemos registrado ocurren en operativos especiales de la policía.
El 90 por ciento de las víctimas de abusos por fuerzas del Estado son hombres que en el 81 por ciento de los casos no pasan de 25 años de edad.
¿Cuál es el campo de acción en estos casos de los funcionarios de la oficina de DD. HH. de la ONU establecidos en Caracas tras la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet?
Pienso que los dos funcionarios deben tener un plan de acción en caso de que el gobierno obstaculice su trabajo de monitoreo. Por ahora hay que esperar los resultados de su trabajo, que recién empieza.
El informe que esta oficina va a presentar próximamente ante la Comisión de DD. HH. es importantísimo para que el mundo sepa sobre la situación de Venezuela.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
