Abogados que representan a la comunidad Wayúu en Colombia pidieron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le pida a la Corte Interamericana, el órgano judicial de última instancia en el hemisferio, dictar medidas provisionales para protegerlos en virtud del incumplimiento del Estado a órdenes de protección previas.
En una carta conocida por EL TIEMPO, Ignacio Álvarez, Carolina Sáchica, Edward Pérez y María Riveros, los abogados que representan a la comunidad indígena Shipia Wayúu ante el sistema interamericano, le dicen a la CIDH que el estado ha incumplido con las medidas cautelares que este órgano había dictado en 2015 y 2017 para proteger a niños, madres lactantes y personas de la tercera edad y que por lo tanto el caso de pasar a la Corte Interamericana (Corte IDH).
«Se solicita a la CIDH que le requiera a la Corte Interamericana de Derechos adoptar medidas provisionales para proteger la vida e integridad de las víctimas beneficiarias de las medidas cautelares, considerando que el impacto de la crisis de accesibilidad a agua potable, salud y alimentación sobre dichos grupos en situación de vulnerabilidad satisface los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad requeridos por la Convención para su procedencia», dicen en la carta.
Para octubre de 2018, 41 niños Wayúu fallecieron por razones asociadas a desnutrición (…) y 20.000 niños y niñas menores de cinco años en La Guajira presentan riesgo a la desnutrición
Ya desde el 2015 y luego en 2017 la CIDH había otorgado medidas cautelares para proteger a esta comunidad Wayúu en la Guajira ante al crisis de agua potable y alimentación por la que estaban atravesando y que afectaba de manera particular a los grupos más vulnerables.
Aunque se supone que el estado colombiano debe cumplir con la decisiones de la CIDH –y así lo ha conceptuado la Corte Constitucional- su obligatoriedad es relativa. Por el contrario esta misma figura, cuando son dictadas por la Corte IDH (y se llaman medidas provisionales), tienen mucho más peso jurídico y se convierten en una orden de obligatorio cumplimiento.
Y eso por eso que los peticionarios le piden ahora a la Comisión que remita la solicitud a la Corte IDH.
Niños jugando en la comunidad de Aeropuerto en La Guajira, Colombia. Foto tomada en abril de 2019.
César Melgarejo / CEET
De acuerdo con estos, el estado no solo ha incumplido con las cautelares que había dictado la CIDH sino que la situación para los Wayúus habría antes empeorado en estos años.
«A pesar de las referidas medidas cautelares, el Estado no ha adoptado acciones dirigidas a garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de los referidos integrantes de las comunidades. Al contrario, recientemente, los datos con base en los cuales se otorgaron las medidas cautelares en una primera oportunidad se han recrudecido. Para octubre de 2018, 41 niños Wayúu fallecieron por razones asociadas a desnutrición y a falta de agua potable en la Guajira y 20.000 niños y niñas menores de cinco años en La Guajira presentan riesgo a la desnutrición», dicen los abogados.
Sostienen, además, que la tasa de mortalidad materna de mujeres indígenas triplica a la del resto de Colombia y que la crisis se ha agravado por la migración de indígenas Wayúu desde Venezuela hacia La Guajira, quienes se ven movilizados a esa zona “en busca de alimento y trabajo, recursos ya escasos en esta región de La Guajira».
De acuerdo con los peticionarios a pesar de distintas acciones judiciales que se han emprendido para exigir el cumplimiento de dichos derechos y de una sentencia de la Corte Constitucional que determinó la existencia «de un estado de cosas inconstitucional en La Guajira en perjuicio del Pueblo Wayúu», la situación de incumplimiento de las obligaciones estatales persiste en perjuicio de la comunidad indígena.
Los abogados, además, presentaron este miércoles una petición para que la CIDH de inicio a un caso formal contra el estado colombiano por violaciones contra la comunidad Wayúu de sus derechos a la vida e integridad personal, a la garantía de igualdad y no discriminación, a la protección judicial y sus derechos económicos, sociales y culturales.
Si la CIDH acepta el caso, se daría inicio a un largo proceso que por lo general termina en un acuerdo amistoso entre las partes o en un juicio ante la Corte IDH que podría conducir a sanciones contra el estado y la reparación de las víctimas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
sergom68@gmail.com
Twitter: @sergom68
