Qué hay detrás de la pelea entre la OEA y la CIDH


Es un verdadero drama el que se vive por estos días en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este martes, la Comisión publicó un agresivo comunicado en el que revela que Luis Almagro, secretario general de la OEA, se ha negado a renovar el contrato del actual secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, que expiró el pasado 14 de agosto.

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Algo que la Comisión catalogó como un peligroso “embate contra su independencia” pues se supone que la CIDH, si bien es un órgano que depende de la OEA, opera de manera autónoma e históricamente ha seleccionado sin interferencia a sus máximas autoridades.

Abrão, que ya llevaba cuatro años como cabeza de la organización hemisférica, fue reelegido en enero de este año y su segundo período arrancaba la semana pasada.

Pero bajo los estatutos de la OEA, es Almagro, como secretario general, el encargado de firmar su nuevo contrato para que se pueda posesionar y recibir un sueldo.

Pero el mismo día en el que expiraba su mandato y horas antes del inicio del próximo, el secretario le mandó una carta a la Comisión en la que dice que en su oficina se han radicado serias denuncias contra la jefatura de la CIDH.

Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH

Y menciona un reporte de la ombudsperson de la OEA, la colombiana Neida Pérez, en el que habla de “caso sistémico” de supuestos abusos cometidos bajo la administración de Abrão, que requieren correctivos y se podrían traducir en responsabilidad institucional.

En el reporte, le dice Almagro a la Comisión, Pérez recomienda no renovar el contrato. Algo con lo que el secretario coincide, mientras avanza una investigación que le ha pedido al Inspector General de la OEA.

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Pero la decisión ha provocado un intenso debate jurídico y político dentro de la OEA. Un sector cree que si bien Almagro tenía la potestad para tomarla, otros sostienen que no la tiene, basados en un precedente de más de 20 años en los que la CIDH ha elegido a su secretario ejecutivo sin la interferencia de la Secretaría General, cuyo papel se entiende como de trámite.

El argumento es que la única manera de mantener la autonomía e imparcialidad de la Comisión es evitar que sus nombramientos dependan del secretario, que es una figura más política, pues responde a las presiones de los Estados que lo eligieron.

A lo largo de la semana, numerosos grupos de Derechos Humanos de la región salieron en defensa de la autonomía de la CIDH y catalogaron la decisión de Almagro como una interferencia en los asuntos internos de la Comisión.

Abrão ha traído gente buena, pero también gente que ni son abogados ni saben nada del sistema interamericano de derechos humanos

Critican, además, que se haya esperado ocho meses desde la elección de Abrão para presentar el reporte y que, en lugar de utilizar el mecanismo que existe para destituir a un funcionario, se apelara a las vías administrativas (la expiración de su contrato) para frenar su nombramiento.

Por el lado de Almagro sostienen que se llegó a ese remedio pues tanto él como la Ombudsperson llevaban un año elevando el tema ante la Comisión, pero esta optó por no darles trámite.

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Las denuncias

El fondo de la disputa, al parecer, es mucho más complejo. Por el lado de las ONG y la Comisión, alegan que lo que existe es una vendetta contra Abrão liderada por gobiernos de derecha de la región, que no comparten el énfasis que ha puesto el secretario ejecutivo de la CIDH en la defensa de los derechos reproductivos de la mujer.

Pero desde estos países, y en el entorno de Almagro, se sostiene que las acusaciones son muy graves, que la CIDH está ignorando los estatutos y reglamentos que existen para prevenirlos y que su mandato no puede carecer de regulación.
Pero el otro componente central en esta disputa es el contenido mismo del reporte de Pérez, que se supone es confidencial.

Este diario pudo establecer, no obstante, que incluye 61 denuncias de funcionarios y exfuncionarios de la CIDH, en su mayoría contra Abrão, que van desde acoso laboral y sexual hasta malversación de fondos y otros hechos.

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De acuerdo con fuentes en la institución, si bien las denuncias de acoso sexual no son contra el secretario, sí le achacan no haber hecho nada para corregir la situación. Y hablan de al menos cinco acusaciones de este tipo que nunca fueron resueltas. EL TIEMPO conversó con al menos cuatro personas que denunciaron a Abrão y lo que describen es un ambiente de acoso laboral extremo dentro de la Comisión orquestado por el secretario y serias irregularidades en los procesos de contratación.

OEA

Organización de Estados Americanos (Foto archivo).

Foto:

Lenin Nolly / EFE

Muchos se han quedado en la narrativa de que esto es un ataque contra la autonomía de la CIDH, cuando el ataque más serio contra la autonomía e independencia de la Comisión es el mismo Abrão

Almagro lo explicó el viernes así en un comunicado:

“Es de extrema gravedad desconocer estos derechos, desconocer las denuncias, tratar de imponer al denunciado por un nuevo periodo desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los funcionarios. Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH”.

Una de las fuentes le dijo a este diario: “Todo el mundo habla del componente político de todo esto, pero nadie les presta atención a las víctimas de este caso y lo que han denunciado”.

De acuerdo con estos funcionarios, en los cuatro años que van desde que llegó al cargo, este ha nombrado casi a dedo a más de 30 personas de su entorno, pese a que en la CIDH no existen nombramientos de confianza y todos los puestos se definen a través de un concurso.

“Abrão ha traído gente buena, pero también gente que ni son abogados ni saben nada del sistema interamericano de derechos humanos”, afirma una de las fuentes.
Para hacerlo, dicen, sacó a buena parte del personal existente interviniendo de manera directa e indirecta en el proceso de contratación. Las fuentes sostienen que al menos 40 personas habrían abandonado sus cargos producto de las presiones internas.

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‘Ambiente hostil’

«Era un ambiente extremadamente hostil. Las personas que no seguían la línea de Abrão eran excluidas completamente del proceso de toma de decisiones. Conozco personas que terminaron en tratamiento psiquiátrico y que exhibieron tendencias suicidas. La Comisión sabía lo que estaba sucediendo, pero no quiso hacer nada”, sostiene otra fuente.

Abrão, afirman, muchas veces tumbaba o modificaba solicitudes de medidas cautelares o comunicados de prensa simplemente porque no quería enemistarse con un país.

También sostiene que el secretario se acomodó a los intereses de EE. UU., bajando el tono, por ejemplo, a sus informes sobre migrantes en la frontera o violencia contra afrodescendientes, pero elevando otros de su interés: entre ellos las críticas a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Lo que pocos saben es que Abrão es un manipulador consagrado. Muchos se han quedado en la narrativa de que esto es un ataque contra la autonomía de la CIDH, cuando el ataque más serio contra la autonomía e independencia de la Comisión es el mismo Abrão, que es, ante todo, un operador político”, le dijo a EL TIEMPO un exfuncionario de la Comisión.

Pero en la Comisión, los que lo defienden sostienen que se trata de denuncias administrativas de funcionarios que se han resistido a los cambios que ha tratado de imponer este secretario.

Joel Hernández, presidente de la CIDH, añade que a Abrão no le han dado la oportunidad de defenderse. Lo que quieren las víctimas, por su parte, es que no se ignoren sus denuncias y al menos se revise su conducta.

“Una cosa es que se retiren tres o cuatro personas que no conjugaban con él. Pero cuando salen más de 40 personas denunciando acoso laboral y otra serie de irregularidades en una institución de 120 personas pues algo grave debe estar pasando. Lo mínimo que se debe hacer es escucharlos para llegar al fondo de este asunto”, afirma otra fuente.

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Y Almagro, dicen, dio el primer paso en esa dirección.

Cómo se resolverá esta crisis es todavía incierto ,y en buena parte depende del informe del Inspector General. De momento, sin embargo, Abrão no está recibiendo sueldo, perdió el acceso al edificio de la Comisión en Washington y hasta se le retiró su correo electrónico oficial.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

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