Juez en caso Mancuso dice que no puede frenar su envío a Colombia


El juez Richard León, quien tiene bajo su cargo el caso de Salvatore Mancuso en Estados Unidos, dejó sin piso -al menos de momento- los argumentos que utilizó su defensa para tratar de bloquear su envió a Colombia.

En un ‘memo’ que fue presentado el martes en la noche, los abogados alegaban que la orden de deportar a Mancuso a Colombia y no a Italia era ilegal porque fue firmada por el funcionario equivocado.

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Sostienen que esa decisión le correspondía al Fiscal General y no al Departamento de Seguridad Interna (DHS) que fue donde se tomó la decisión.

Pero el juez les dijo a las partes este miércoles durante una audiencia de emergencia solicitada por los abogados que no podía interferir porque se trató de una decisión política que se basó en los poderes que le otorga el Acto de Nacionalidad e Inmigración a la administración y que incluye la potestad de deportar a un extranjero al país de su selección si se cumplen ciertos criterios.

Ese poder, afirman, fue transferido al DHS cuando se creó esta dependencia en el año 2002.

«No sé cómo podría yo poner en duda esa autoridad», les dijo el juez.

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El juez, por lo tanto, rechazó la medida solicitada por la defensa para revisar esa decisión al igual que otra donde ponían en entredicho su validez basándose en un acuerdo previo alcanzado con la Fiscalía en la que estos se habían comprometido a deportar a Mancuso a Italia a más tarde este 4 de septiembre.

El juez, eso sí, le advirtió al gobierno Trump que no toleraría una nueva movida abrupta por parte de la administración como tratar de remover a Mancuso del país sin que este haya agotado todos los recursos administrativos que aún le quedan ante las autoridades migratorias.

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Entre ellos, alegar que su vida podría correr peligro si regreso a Colombia y su derecho a solicitar asilo por esta razón o protección en EE. UU. bajo los términos de la Convención contra la tortura.

El gobierno, les dijo, ya planteó por escrito que piensa garantizar esos derechos y le ha dado 15 días a Mancuso para reclamarlos.

Por lo tanto ordenó una nueva audiencia para este próximo 16 de septiembre en la que las partes deben rendirles una actualización del caso.

SERIO GÓMEZ MASERI 
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

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