¿Por qué la deportación de Salvatore Mancuso podría tardar?


Mucho se ha hablado sobre la decisión «política» que tomó la administración de Donald Trump para frenar la deportación de Salvatore Mancuso a Italia y ordenar su envío a Colombia alegando un perjuicio para EE. UU. de ser enviado al Viejo Continente.

Y aunque la movida, en la práctica sí contuvo una crisis inminente, el futuro de Mancuso no está en manos de Trump sino de los jueces y las leyes que gobiernan el sistema migratorio en EE. UU. Algo que tampoco está a la vuelta de la esquina.

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Y eso lo dejó muy claro la misma Fiscalía General en el documento que presentó este martes ante una corte federal en Washington, a la que acudieron los abogados de Mancuso para exigir el cumplimiento de un acuerdo previo que contemplaba la deportación a Italia, a más tardar este 4 de septiembre. Además, le pidieron al juez Richard León ordenar un «mandato de alivio» urgente para impedir que Mancuso sea enviado a Colombia.

En ese documento los fiscales alegan que nunca se comprometieron a que Italia sería su destino final. Pero quizás más importante, le dicen al juez que el «mandato de alivio» urgente no es relevante porque no tienen la intención de mandar a Mancuso a Colombia de manera inmediata.

«Es incorrecto que el peticionario diga que es necesario un mandato de alivio para prevenir su envió a Colombia porque el peticionario no será enviado a Colombia hasta que haya agotado todos sus derechos administrativos para impedir que sea removido y para buscar que se revise la decisión», que tomó la administración Trump. Derechos administrativos que tendrán que ser resueltos por las cortes migratorias antes de que se pueda llegar a la conclusión de esta novela.

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De acuerdo con los fiscales, Mancuso ya es sujeto de una «orden administrativa final» para ser deportado a Colombia. Pero le dio 15 días a la defensa para apelar esa decisión si cree que su envío al país lo pondría en riesgo de persecución o tortura. Algo que con toda seguridad sus abogados alegarán. Una vez lo hagan, expresando que Mancuso teme regresar a Colombia, el caso sería ̈referido a un oficial para temas de asilo en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por su sigla en inglés), para que determine si ese «miedo es razonable bajo las regulaciones federales».

Si luego de conocer los argumento de ambas partes el oficial de asilo concluye que el extranjero no logró demostrar un miedo razonable de persecución o tortura en Colombia, su defensa tiene derecho a pedir una revisión del caso ante un juez migratorio. Si ese juez concuerda con el USCIS, entonces el caso regresa al Departamento de Seguridad Interna para que ejecute la orden de remoción y allí concluyen los derechos de Mancuso pues no hay apelación posible.

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Pero, si bien bajo Trump estos procedimientos se han vuelto más expeditos, podrían pasar varias semanas sino meses antes de que se llegue a una decisión final.

Además, no es descabellado pensar que los abogados de Mancuso, que han demostrado ser muy hábiles en el manejo del sistema migratorio, puedan demostrarle al juez o al oficial de asilo que el paramilitar sí tiene temores legítimos, en cuyo caso se abrirían toda otra suerte de opciones.

Si el oficial de asilo determina que el temor es válido o el juez está en desacuerdo con el concepto del oficial de asilo que concluyó que no existe tal temor, entonces el caso pasaría a un procedimiento de suspensión de la orden de deportación que se resuelve al amparo del Acto de Inmigración y Naturalización. Ese acto le da el poder al Fiscal General para determinar si el temor es legítimo y la persona se puede quedar en EE. UU. o debe ser deportada.

Si el Fiscal concluye que no lo es y ordena su salida del país, los abogados pueden pedir que se difiera la deportación bajo la Convención contra la Tortura que protege a personas con riesgo de ser torturadas si regresan a sus países de origen. Esto también lo resuelve un juez migratorio.

Si este juez le da la razón a Mancuso, entonces se iniciaría otro proceso para concederle el asilo político y lo más probable es que pueda permanecer en EE. UU.

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Pero aún si el juez vuelve a negar esta solicitud bajo la convención anti tortura, su defensa puede apelar la decisión ante la Junta Migratoria de Apelaciones (BIA por su sigla en inglés). Y si el BIA le da nuevamente la razón al juez, sus abogados tendrían otros 30 días adicionales para demandar la sentencia de la Junta ante una corte de apelaciones. Que en este caso sería la del Onceavo Circuito que tendría la jurisdicción del caso, pues la orden de remoción de Mancuso fue expedida en el estado de Georgia, donde se encuentra recluido.

Eso sin contar con la posibilidad de que se radique un pedido de extradición de Colombia, que se supone está en curso y que le abriría otra avenida a este embrollo.

En ese caso, su defensa podría invocar los mismos derechos administrativos y la Convención contra la Tortura para pelear la extradición. Una situación similar a la que vivió el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y que tardó muchos meses en ser resuelta.

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Dado el perfil del Mancuso y el riesgo que supone la liberación en EE. UU. de una persona acusada de narcotráfico y de asesinar a cientos de personas en Colombia, la balanza se inclina más a que, finalmente, sea deportado al país.

Pero será una decisión basada en el concepto de jueces y no en las voluntades políticas del gobierno de turno.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

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