Crece presión para sacar a las Farc de lista de terrorismo en EE. UU.

Estados Unidos ha comenzado a considerar seriamente la exclusión de las Farc, como grupo, de su temida lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por su sigla en inglés).

Diversas fuentes en Washington le confirmaron a este diario que, efectivamente, el Departamento de Estado evalúa en estos momentos su presencia en el listado, como parte de un proceso de revisión interagencial que se realiza cada 5 años y del cual depende la decisión final.

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(…) Es difícil para mí creer que se puede construir un caso en el que las Farc pueda ser considerada una organización terrorista

El tema, además, fue el eje de una mesa redonda privada esta semana que organizó el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), una entidad pública de EE. UU., en la que participaron exmiembros del grupo hoy en el partido Comunes, abogados, expertos en justicia transicional y el exenviado especial de EE. UU. al proceso de paz, Bernie Aronson.

Así mismo, fue el objeto de un artículo reciente en ‘The Washington Post’ que titularon ‘Cómo la lista de terrorismo de EE. UU. está interfiriendo en la paz de Colombia’.

«Convocamos a este conversatorio privado en Bogotá para hablar sobre los efectos positivos que podría tener una eventual suspensión de la aplicación de las sanciones estadounidenses sobre los excombatientes firmantes del acuerdo de 2016», le dijo a EL TIEMPO Steve Hege, director del programa de América Latina en USIP y quien organizó el conversatorio, al que asistieron Pastor Álape, dirigente del partido Comunes;  Jon Otto, exenviado de Noruega al proceso de paz; Anna Wherry, experta en justicia transicional de la Universidad de Yale;  y Laura Gil, analista política y dirigente de Defendamos la Paz, entre otros.

El TIEMPO fue invitado al evento, pero se abstiene de publicar lo conversado.

Ha llegado la hora, dice Aronson

Sin embargo Aronson, en declaraciones al ‘Post’, fue enfático en que ha llegado la hora de que EE. UU. vuelva a revisar este tema.

«Obviamente tiene que haber una evaluación formal. Pero, basado en los hechos de hoy, es difícil para mí creer que se puede construir un caso en el que las Farc pueda ser considerada una organización terrorista», dice Aronson en el artículo del ‘Post’.

Las Farc fueron incluidas en la lista en 1997 cuando EE. UU. determinó que la organización era responsable de acciones terroristas de alcance internacional y afectaba sus intereses de seguridad nacional.

Evaluación que está basada en una ley aprobada por el Congreso en 1965 y que le pide a la administración de turno sancionar a todos los grupos responsables de actos terroristas que de alguna manera trascienden sus fronteras.

Las sanciones incluyen el congelamiento de cualquier activo en EE. UU. del grupo o alguno de sus miembros, la prohibición de ingresar a EE. UU. y fuertes castigos para un tercero que asista al grupo de manera directa o indirecta.

Adicionalmente, algunos exmiembros de las Farc están sancionados de manera individual por el Departamento del Tesoro, que bloquea su acceso a cuentas bancarias y otros instrumentos financieros.

En el 2015, tras la firma de los acuerdos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos,  se especuló mucho sobre su posible salida de la lista de organizaciones terroristas.

De hecho, fue algo que Santos le pidió directamente a EE. UU. y que fue considerado ampliamente por la administración del presidente Barack Obama.

Entre otras cosas, porque su presencia en la lista implica que los miembros desmovilizados de las Farc no pueden recibir un solo dólar de la ayuda que se aprobó para ayudar en la implementación de los acuerdos.

Y también impide que EE. UU. participe o financie programas de reinserción de excombatientes o de desarrollo alternativo y sustitución de coca si incluyen a miembros del extinto grupo.

Firma oficial de los acuerdos de paz Farc y Gobierno

Oficialmente las Farc le dicen adiós a la lucha armada.

Foto:

Reuters / CEET

En ese momento, EE. UU. se abstuvo de tomar una decisión por varias razones. La primera es que Washington quería evaluar si las Farc efectivamente había entregado las armas, abandonado el negocio del narcotráfico y desmovilizado al grueso de sus tropas.

Algo que tardó tiempo en verificarse y se complicó por el surgimiento de las llamadas disidencias de las Farc entre los remanentes que optaron por seguir en la guerra.

De hecho, según las fuentes consultadas, una de las opciones que se está considerando es excluir a las Farc de la lista, pero incluir a las disidencias como una nueva FTO, lo cual trasladaría las sanciones a todos los que no se desmovilizaron o decidieron volver a las armas tras la firma de los acuerdos.

«Una distinción clara entre los comprometidos con el acuerdo de 2016 y las disidencias significaría un impulso de aliento para que los primeros superen la estigmatización social en su reincorporación política y económica, y además una forma de socavar el crecimiento de los segundos”, le dijo Hege a este diario.

El caso más parecido a las de las Farc es el de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que fueron incluidas en el 2001 pero solo terminaron saliendo en el 2014, ocho años después de su desmovilización en el 2006 cuando ya no existían como organización.

Es similar, además, porque de sus cenizas, como sucedió con las disidencias, salieron otros grupos criminales que aún operan en el país.

“Una distinción entre los comprometidos con el acuerdo y las disidencias significaría un aliento para que los primeros superen la estigmatización social en su reincorporación política y económica

En el proceso actual, hay dos factores que están influyendo.

El primero es puramente técnico. La evaluación de las Farc por parte de este grupo interagencial, que lidera la Oficina del Coordinador Antiterrorista de EE. UU. del Departamento de Estado, estaba prevista para el año pasado cuando se completaron los cinco años de su examen anterior (en 2015),  pero se pospuso por la irrupción del covid-19.

La segunda es que ha llegado a Washington una administración demócrata, la de Joe Biden, que podría estar más abierta a su posible remoción.

Joe Biden - discurso

Biden respaldó los acuerdos de paz cuando fue vicepresidente de Barack Obama .

Un factor clave, pues si bien el Congreso establece con claridad las guías que deben seguir para incluir o excluir a un grupo, en el fondo hay un componente político muy importante.

Existen dos caminos puntuales para salir de la lista. El primero es que se dé una recomendación favorable tras la evaluación que se realiza cada cinco años.

El Departamento de Estado, por otra parte, cuenta con la autoridad para iniciar en cualquier momento un proceso de remoción si considera que los elementos que llevaron a la inclusión de un grupo en la lista ya no existen.

El segundo es que la misma FTO presente una solicitud de remoción. Aún así, es indudable que la decisión final pasa por la voluntad política de la administración que esté en el poder. Y que muchas veces valora la opinión que tenga al respecto del gobierno del país donde opera la organización.

Obstáculos en la implementación

En el caso de las Farc, la situación ha generado inconvenientes muy particulares. Es tan estricta la manera como EE. UU. aplica su legislación, que funcionarios de este país han tenido que abandonar reuniones en las que están presentes exmiembros de las Farc simplemente porque eso podría considerarse apoyo a una FTO.

Así mismo, hasta el ofrecimiento de un café a un desmovilizado calificaría como «respaldo material a una organización terrorista». Limitaciones que han tenido efectos concretos en el terreno.

Desde la firma de los acuerdos, EE.UU. ha donado cerca de US $1.000 millones para su implementación.

Pero muy pocos de esos recursos han podido utilizarse para financiar programas que incluyan a excombatientes, salvo por dos pequeñas iniciativas que recibieron una excepción por parte del Departamento de Estado: asistencia prenatal y postnatal para para mujeres exintegrantes de las Farc embarazadas,  y educación y capacitación para personas que fueron reclutadas por el grupo cuando eran niños.

EE. UU., de hecho, ha bloqueado el apoyo a entidades que apoyan el desminado en el país porque incluyen a excombatientes.

De acuerdo con Pablo Catatumbo, exmiembro de las Farc y hoy miembro de Comunes, lo que está sucediendo es una gran contradicción. «Firmamos un acuerdo de paz que el gobierno de EE. UU. respaldó. Así como apoyaron la guerra ahora deberían respaldar la paz», dijo Catatumbo.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter: @sergom68

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