El derecho al voto es objeto de una cruda batalla política en EE. UU.

Para el presidente Joe Biden la democracia estadounidense enfrenta una amenaza que es casi existencial. Al menos eso dijo esta semana durante un discurso en Atlanta, Georgia, donde denunció los esfuerzos que vienen adelantando los republicanos para modificar las leyes electorales en algunos estados y facilitar su triunfo en futuros comicios.

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Si no se les pone un freno, sostuvo el mandatario, “sus votos no contarán, los hechos no contarán. Ellos simplemente harán lo que quieran. Es el tipo de poder que se ve en los estados totalitarios más no en una democracia”.

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De acuerdo con el presidente, la situación es tan crítica que amerita usar lo que en Estados Unidos han bautizado como la “opción nuclear”: es decir modificar las leyes del Senado para permitir la aprobación por mayoría simple de una serie de medidas que hacen curso en este momento y que establecerían un estándar nacional de votación y otras serie de protecciones al sufragio de los estadounidenses.

Se trata de un cambio mayúsculo, pues históricamente la Cámara Alta ha requerido de 60 votos para dar paso a una legislación, lo cual por lo general garantiza el concurso de la oposición. Pero, según Biden, es un camino necesario para proteger el principio más básico y fundacional de la democracia en Estados Unidos y que el mundo entero usa como ejemplo.

A partir de mañana, de hecho, los demócratas -que cuentan con la mayoría en el Senado- intentarán aprobar esta modificación a las reglas internas del legislativo. Que, entre otras cosas, es pedida a gritos por la base del partido demócrata.

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Sin embargo, sus prospectos, de momento, no son los mejores. Para poder hacer el cambio y aprobar las nuevas leyes electorales, los demócratas necesitan el apoyo de los 50 miembros de su colectividad. Pero ya van dos senadores, Joe Manchin, de Virginia del oeste; y Kyrsten Sinema, de Arizona; han indicado que no los acompañarán en su intento por blindar el voto, especialmente de las minorías, a la fuerza.

Si bien ambos coinciden en que las reformas son necesarias, creen que destruir la estructura de la Cámara Alta -los 60 votos necesarios para aprobar una ley-, sería peor para la democracia a largo plazo.

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Presidente Joe Biden y Kamala Harris

El presidente Biden visitó junto con la vicepresidenta Kamala Harris Atlanta en su cruzada por defender el voto de las minorías.

Foto:

ERIK S. LESSER / EFE

Y pese a que Manchin y Sinema son demócratas representan estados muy conservadores y que se catalogan así mismos como centristas. De hecho, fueron estos mismos senadores los que bloquearon a finales del año pasado el paquete de estímulo económico impulsado por Biden que estaba enfocado en el medioambiente.

Sin ellos, en todo caso, las chances de aprobar las reformas al sistema electoral son inexistentes. Lo cual, según el Centro Brennan para la Justicia, sería dramático.

“Estamos viendo un asalto contra el derecho al voto que no tiene precedentes en la historia reciente y parece sacado de la era Jim Crow (de 1865 en adelante) cuando la segregación racial en algunos estados era la norma”, dice Michael Waldman, presidente de este centro de pensamiento.

Según estudio realizado por este instituto, desde enero del año pasado a la fecha, 19 estados, todos controlados por republicanos, han aprobado 34 leyes que de alguna manera restringen el derecho al voto. Y para este 2022 ya hay otros 100 proyectos de ley haciendo curso con este mismo propósito.

Trump y Biden

Donald Trump y Joe Biden fueron los candidatos presidenciales de Estados Unidos en las elecciones de 2020.

Foto:

Chris Kleponis y Jim Lo Scalzo / EFE

El efecto de las presidenciales en Estados Unidos

Las leyes son de toda índole y algunas parecen más graves que otras. Pero, en gran parte, todas se originan como producto de las elecciones presidenciales del año pasado.

Si bien Biden superó a su rival republicano, el expresidente Donald Trump, por holgado margen tanto en el conteo del Colegio Electoral como en el voto popular (por 8 millones), muchos en el partido han usado sus denuncias de fraude para realizar los cambios electorales alegando que hay desconfianza en el sistema.

Eso pese a que más de 50 cortes del país, entre ellas la Suprema -que es dominada por conservadores-, desecharon los reclamos de fraude por falta de méritos y hasta la propia Fiscalía -controlada por simpatizantes republicanos- concluyó que no se presentaron irregularidades en los comicios.

Sin embargo, las jugadas para restringir el voto es algo que han podido hacer porque en EE. UU. son los estados los que definen su modelo electoral siguiendo unas guías mínimas establecidas en la Constitución y por leyes subsiguientes. Una de ellas establecía que todos los cambios debían ser autorizados por el Departamento de Justicia para evitar que estos fueran violatorios del Acto para el derecho al voto, que se aprobó en la década de los sesenta y bajo el cual las minorías, especialmente los afroestadounidenses y las mujeres, adquirieron plenos derechos al voto.

Pero en la última década la mayoría conservadora de la Corte Suprema eliminó este requisito dejando un poder casi absoluto a los estados para realizar cambios e imponer restricciones a su antojo.

De acuerdo con David Becker, director del Centro para la Investigación e Innovación Electoral, las nuevas medidas no son tan draconianas como las que existían en el pasado, cuando a los afroestadounidenses se les exigía saber leer o adivinar el número de dulces en un tarro como requisito para votar. Pero, en su conjunto, opina Becker, sí contienen un claro elemento de supresión que podría impactar el resultado de las próximas elecciones.

Votaciones Estados Unidos 2016

Niños animaron a los electores a ejercer su derecho al voto junto a un colegio electoral de Philadelphia, Pennsylvania.

Foto:

Tracie Van Auken / EFE

¿Cómo son las medidas de restricción al voto en algunos estados de Estados Unidos?

En general, las medidas van en dos direcciones. Por un lado, limitando la opción del voto por correo y el sufragio anticipado, y por el otro, dando a los congresos estatales poderes sobre la administración de las elecciones, que antes recaían en tribunales electorales independientes o de la rama ejecutiva.

En el primer caso por una razón aparentemente matemática. En las elecciones del 2020, el 46 por ciento de las personas, según datos del censo nacional, votó por correo mientras que otro 26 por ciento lo hizo en persona pero de manera anticipada.
Es decir, que solo el 28 por ciento votó el día de las elecciones. En buena parte, eso estuvo asociado con la pandemia del covid-19 dado el temor que existía frente a un posible contagio.

Pero las mismas estadísticas apuntan a que los demócratas utilizaron más los dos primeros métodos mientras que los republicanos optaron por el tercero.

Si bien el voto por correo o anticipado se viene usando en EE. UU. desde hace más de dos décadas sin que se haya presentado fraude, los republicanos alegan que se presta a diversas irregularidades.

En varios estados, entre ellos Georgia, Arizona, Texas y Florida, las nuevas leyes elevan los requisitos para el voto por correo, por ejemplo, exigiendo ahora la firma de testigos y otras medidas para verificar la identidad del votante. Así mismo, limitan el espacio de tiempo en el que es permitido votar y las horas en las que se puede acudir a los puestos de votación para el sufragio anticipado.

Adicionalmente, varios estados han prohibido que se les envíe automáticamente a los estadounidenses un formulario para votar anticipadamente y ahora se les exigirá solicitar el formulario previamente.

Pero hay otras más intrusivas. A partir de las próximas elecciones los cuatro condados más populosos de Atlanta -donde viven la mayoría de afroestadounidenses, que suelen votar por los demócratas- solo tendrán 23 recintos de votación de los 94 que estaban disponibles en el 2020, lo cual se traducirá, dicen los expertos, en largas filas que pueden desestimular a los votantes negros, así como a quienes no pueden darse el lujo de esperar mucho tiempo para votar dadas sus extensas cargas laborales.

Adicionalmente, aprobaron una medida que criminaliza ofrecer agua o comida a las personas que están en cola con la supuesta intención de evitar el proselitismo, pero que es vista como otra manera de hacer más engorroso el proceso de votación.
Muchos de estos esfuerzos se han concentrado en los llamados “estados indecisos”, que suelen definir las elecciones en EE. UU.

En Georgia y Arizona, por ejemplo, Biden se impuso por menos de 15.000 votos. Una diferencia que fácilmente podría revertirse, afirma Becker, a través de las nuevas restricciones que se aprobaron. Sobre todo porque los republicanos tienen fe en el carácter más disciplinado de su base a la hora de votar.

Pero si los números no dan una vez contados los votos, las nuevas leyes -especialmente las de Georgia, Texas, Florida, Arizona y Arkansas- le darían poder a los congresos estatales para cuestionar los resultados y hasta anularlos si no es conveniente.

En el caso de Arkansas se creó una junta electoral estatal, compuesta por cinco republicanos y un demócrata, que puede revisar el resultado e “instituir acciones correctivas” si así lo decide la mayoría.

“Es una usurpación absoluta del proceso electoral por parte de un partido. Es obvio que el objetivo es retener el poder a toda costa y no garantizar el derecho que tiene la gente a elegir libremente a sus representantes”, afirma Helen Butler, que hace parte de la junta electoral en el estado de Georgia.

Por supuesto, muchas de estas nuevas leyes han sido demandadas. Pero sin que exista una reforma aprobada por el Congreso de Estados Unidos que establezca estándares mínimos, probablemente morirán ante una Corte Suprema que no ha mostrado el mayor interés en intervenir. Esa es la reforma que empuja Biden, pero cuya suerte hoy está en el aire.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter: @sergom68

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