Una semana después del fallido levantamiento protagonizado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y Leopoldo López más una veintena de soldados contra el régimen de Nicolás Maduro, este procedió a enfilar su poder a castigar a los diputados que manifestaron su apoyo a la asonada.
Sobre una discusión rápida y sin mayores aspavientos –excepto el voto salvado del magistrado José Danilo Mojica– la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, de inclinación abiertamente oficialista, acusó a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Richard Blanco y Américo de Grazia de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia”.
Sobre esa base, el tribunal instruyó a la constituyente –también impulsada por Maduro y de cuestionada legalidad– a levantar la inmunidad parlamentaria a estos diputados, a pesar de que la Constitución vigente expresa taxativamente que solo la propia cámara de la Asamblea Nacional (Legislativo) es la única instancia que puede allanar la inmunidad de sus diputados para que sean objeto de un juicio.
En cuestión de minutos, la constituyente, presidida por el exvicepresidente Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, aprobó la petición.
La constituyente aduce que la actual Asamblea Nacional se encuentra en “desacato”, un artificio jurídico inventado por el Tribunal Supremo en enero de 2016 para deslegitimar al Parlamento luego de que este quedó en manos de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015.
Según la narrativa oficialista, los diputados habrían cometido “en flagrancia” los mencionados delitos “comunes” y a partir de este momento podrían ser apresados y sometidos a juicio, por lo que se espera que, en cuestión de horas, sean detenidos. De hecho, la fiscalía fue instruida por el máximo tribunal para tramitar “la causa penal”.
Este lunes, el Supremo ya había ordenado el levantamiento de la inmunidad del primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, quien fue uno de los primeros en llegar a apoyar la rebelión iniciada por Guaidó y López.
Desde el martes, la situación fue tensa en torno a la Asamblea Nacional, pues desde el levantamiento del pasado 30 de abril esta instancia no había sesionado.
La expectativa por la presencia de Guaidó y Zambrano era muy alta, y desde temprano grupos de chavistas se apostaron alrededor de la sede parlamentaria y los guardias que custodiaban el edificio impidieron el paso a los periodistas que acudían a la cobertura.
Traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.
El asedio incluyó además un corte del suministro eléctrico a la cámara de sesiones, a la que acudieron todos los diputados señalados, incluyendo el presidente encargado, Juan Guaidó. Paralelamente, el régimen de Maduro tomó el control administrativo de los principales aeropuertos privados que rodean la capital venezolana, en lo que se interpreta como un intento de evitar la huida de los parlamentarios.
La acción del Supremo, aunque esperada, también luce como un intento del presidente de esa instancia, Maikel Moreno, de reforzar su imagen de lealtad a la revolución luego de que su nombre salió a relucir como parte del complot.
Versiones periodísticas apuntan a que Moreno sería el encargado de dar piso legal a la deposición del régimen al declarar como ilegal la constituyente y ordenar la entrega del poder a la Asamblea, presidida por Guaidó.
El supuesto adelanto de los planes por parte de Leopoldo López habría dado pie a Moreno para abortar la operación.
Reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, anunció en Costa Rica que enviará una misión de alto nivel a ese país para monitorear la ayuda humanitaria y fomentar el diálogo.
Grupo de Contacto enviará una misión a Venezuela
El Grupo Internacional de Contacto (GIC) para Venezuela, formado por países latinoamericanos y europeos, anunció este martes desde Costa Rica el envío de una misión de alto nivel a Venezuela para monitorear la asistencia humanitaria e incentivar los diálogos.
Según el comunicado, la delegación permanente se ocupará de acompañar la distribución de ayuda humanitaria y promover el acercamiento entre las partes para superar la crisis política de ese país.
La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, no dio mayores detalles de la propuesta, pues aseguró que por el momento el tema “debe tratarse con cierta confidencialidad”.
La declaración de 10 puntos fue firmada por 11 de los 12 integrantes del GIC, ya que Bolivia se abstuvo.
VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
