Estados Unidos debe condenar con firmeza el supuesto uso de prácticas en las Fuerzas Armadas colombianas que estarían poniendo en riesgo a civiles y conducir a la ejecución extrajudicial de personas, según denunció este fin de semana el diario New York Times.
Eso le dijo a EL TIEMPO el senador estadounidense Patrick Leahy, el demócrata de más alto rango en la Comisión de Apropiaciones de la Cámara Alta y uno de los que por lo general es determinante en la ayuda que se le da al país todos los años.
El Senador, de hecho, recuerda que existe una ley (la Ley Leahy) que prohíbe a EE. UU. darle apoyo a cualquier unidad o miembro de las fuerzas armadas que se vea implicado en este tipo de conductas.
«En el pasado el ejército violó las leyes de la guerra de manera repetida al asesinar a civiles para elevar el conteo de bajas sin que por ellas se haya castigado a quienes ordenaron y permitieron esta práctica. El General (Nicacio) Martínez se ha visto el mismo implicado y que ahora el Ejército quiere reafirmar el uso de esas tácticas debe ser condenado con mucha firmeza por EE. UU.», dice el senador tras advertir que se trata de una estrategia que solo ha mancillado la reputación del Ejército.
En sus nuevas declaraciones a este diario, Leahy también dice ser muy consciente de que el país enfrenta serias amenazas por parte de grupos armados que se disputan el control del narcotráfico.
El artículo de ‘Times’, que fue publicado este sábado, sostiene que el general Martínez que es el jefe del Ejército colombiano-, ha estado impulsando una nueva estrategia con la que se busca duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados y que sería más tolerante con la baja de civiles en aras de favorecer las victorias en el campo de batalla.
En el pasado el ejército violó las leyes de la guerra de manera repetida al asesinar a civiles para elevar el conteo de bajas sin que por ellas se haya castigado a quienes permitieron esta
práctica
Según Nick Casey, autor de la nota, esa estrategia se ve esbozada en documentos que obtuvo y por el testimonio de al menos tres oficiales del ejército que no identifica.
Según estos, existe temor dentro de las fuerzas armadas de que esta presión que se viene ejerciendo para que las tropas produzcan mejores resultados se traduzca en un regreso de los «falsos positivos», brutal práctica que se descubrió la década pasada y que consistía en asesinar a civiles para luego presentarlos como criminales muertos en combate y obtener prebendas y otros beneficios que ofrecía el Ejército.
Tanto el ministerio de Defensa, como el General Martínez dicen que el periodista sacó de contexto los documentos y que no es cierto que exista una política que promueva las bajas o el uso indiscriminado de fuerza cuando existen civiles de por medio.
El Presidente Iván Duque ha dicho, por su parte, que las violaciones de Derechos Humanos por parte de la fuerza pública no serán toleradas.
Casey, que estaba en Colombia, tuvo que abandonar el país este fin de semana por amenazas a su seguridad.
El New York Times denuncia que el jefe del Ejército colombiano habría dado la orden a sus tropas de duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados.
Archivo / Séptima División del Ejército
En su declaración a EL TIEMPO, Leahy se refiere a un informe de febrero de este año en el que la organización Human Rights Watch sostiene que nueve generales de la nueva cúpula militar de Duque, entre ellos Martínez, estaban vinculados directa o indirectamente con «falsos positivos».
En el caso de Martínez, la Fiscalía investiga 23 ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas por soldados de la Décima Brigada Blindad en el 2005, fecha durante la cual el general era el segundo comandante de esta Brigada.
La ONG presentó a su vez un documento firmado por el entonces coronel, en el que este certifica el pago de un millón de pesos a un informante que les ayudó en dos operaciones militares y que fueron catalogadas por Martínez como de «excelentes resultados» pero luego se determinó que soldados de la brigada habían ejecutado a dos civiles, uno de ellos una niña de 13 años.
Martínez niega las acusaciones y ha dicho que su función en esa época era administrativa y logística y no en el campo de batalla. Además, no existe ningún proceso en su contra que se conozca ni está vinculado a una investigación por falsos positivos.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, acompañado de la cúpula militar.
Ministerio de Defensa
Pese a ello Leahy y otros dos senadores de EE. UU. le enviaron una carta al presidente Duque hace algunas semanas en la que le piden no ascender a Martínez. En esa misiva, que fue revelada por EL TIEMPO, los senadores le dicen que si bien todo el mundo deber ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario, no tiene sentido promover o darle funciones de mando a una persona frente a la que existen cuestionamientos viables.
En años pasados, y ante situaciones semejantes, la oficina de Leahy ha impuesto bloqueos temporales a la ayuda militar que se le da a Colombia.
En este momento al país de le están entregando unos US$ 20 millones que van directamente al Ejército y otros US$ 200 millones que se dirigen a la lucha contra las drogas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Twitter: @sergom68
