Pese a la promesa de protección de los derechos humanos del Gobierno, la seguridad militarizada y el maltrato es el pan de cada día en la frontera de México con Guatemala, denunciaron ONG y migrantes.
La violación a los derechos humanos que se efectúan en la frontera sur supone «una tortura silenciosa», porque no tiene «un discurso coherente en la práctica» y no «respeta los derechos de la movilidad humana», dijo este jueves la directora del Centro Fray Matías de Córdoba, Brenda Ochoa.
Las más de 24 organizaciones que respaldan la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el sureste mexicano contabilizaron más de nueve puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente la Policía federal y militar.
Además, denuncian que las fuerzas de seguridad no tienen claridad en sus funciones y en las facultades a ejercer en el complejo contexto migratorio existente en los últimos meses en el sureste de México, donde llegaron miles de personas, la mayoría de ellos centroamericanos, en caravana.
«Tenemos fuerzas militarizadas, fuerzas policiales que están controlando cada vez más el flujo migratorio, que además son ilegales y que son intimidatorios», expresó a Fernando Ríos de la red Todos los Derechos para Todos y Todas (RDTT).
De acuerdo con estas organizaciones civiles, existe una estrategia de desgaste para generar cansancio, desmovilización y disuasión de los migrantes. Y así, dificultarles el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización.
En un ejercicio, afirman, que criminalizan la migración pese a que el mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en varias ocasiones que comprende las necesidades que llevan a cambiar de país.
«Esto se aceleró a partir de la promulgación de la ley de la Guardia Nacional en días pasados» que daría a este nuevo cuerpo de seguridad «facultades muy similares al Instituto Nacional de Migración (Inami)» pero vinculadas al «uso de la fuerza», señaló Ríos.
Precisaron que son indignantes las prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos, al igual que la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo en centros de migración, que son ‘de facto’ centros de detención.
Casos como el de la cubana Tania Leiva, de 33 años, que ejemplifica las penurias de miles de migrantes en el sureste de México.
Leiva tuvo que convivir con miles de personas de diferentes culturas en el interior de la estación migratoria XXI de Tapachula en un espacio que rebasó su capacidad, ella y su pareja vivieron un infierno el cual inicio el 22 de marzo.
Esto se aceleró a partir de la promulgación de la ley de la Guardia Nacional en días pasados»
Leiva y su novia pasaron 44 días bajo el cuidado de migración señalando que dentro del espacio solo «se vive para sobrevivir».
La mala organización y la falta de información ocasionó incertidumbre y desesperación, llevando a varios motines y fugas de tres estaciones de migración: siglo XXI, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.
Ella expresó con sentimiento: «Nos han tratado muy mal. No nos tratan como personas, nos tratan como simple rata que migramos». A pesar de los obstáculos y malos tratos que recibieron por parte de personal del Inami al solicitar refugio en México, el sueño americano continúa presente.
«Que mejore la situación de los migrantes porque nosotros queremos seguir, no nos queremos quedar en México, nuestro propósito es llegar hasta los EE. UU.«, concluyó Leiva. La pareja y dos amigas más lograron finalmente ser seleccionadas para iniciar los trámites de refugio.
Por lo que pese al viacrucis y al trato que aseguran recibieron, hoy dan las gracias al Gobierno mexicano. «A fin de cuentas todos somos seres humanos, tenemos que apoyarnos y que nos dejen seguir para adelante», confía la mujer.
El imparable fenómeno migratorio se recrudeció en los últimos meses en
México y desató fuertes choques diplomáticos con EE. UU. Tan solo este miércoles las autoridades mexicanas interceptaron una caravana migrante de más de 400 personas en el sur del país.
Y la semana pasada, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la peligrosa imposición de aranceles a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio si México no lograr frenar la migración.
Efe