Recientemente se divulgaron en Brasil grabaciones según las cuales el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, manipuló procesos a su cargo, en especial el que condenó a 9 años y 6 meses de prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde el 16 de junio, el periódico digital The Intercept, dirigido por Glenn Greenwald, experiodista de The Guardian que publicó secretos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos suministrados por Edward Snowden en 2013, comenzó a publicar grabaciones entre Moro y los fiscales de la famosa operación anticorrupción Lava Jato, las cuales ponen en duda la imparcialidad de Moro como juez en el proceso.
En las grabaciones “se observa cómo se dirige de forma sesgada al fiscal y hace comentarios políticos contra Lula y el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la presidencia del país, Fernando Haddad, algo taxativamente prohibido por la ley”, explica en un editorial el diario El País de Madrid.
The Intercept reveló que, el mismo día de la declaración de Lula, Moro recomendó al fiscal Carlos dos Santos Lima “rebatir el ‘showcito’ ” y, a su vez, este habló con el procurador Deltan Dallagnol, el actual fiscal coordinador de Lava Jato, para que buscara un periodista que publicara, en nombre propio, acusaciones contra Lula y así el Ministerio Público no estuviera involucrado.
La acción no fue un detalle procedimental, pues logró que, en consecuencia, “Lula fuera inhabilitado para concurrir a la jefatura del Estado cuando lideraba como favorito en las encuestas, lo que provocó retrasos en la nominación de un nuevo candidato del PT y habría favorecido la victoria de Jair Bolsonaro en la presidencia, así como la nominación de Moro como su ministro de Justicia”, dice El País.
Varios medios internacionales como The New York Times, Clarín y Página 12, entre otros, reclaman la renuncia de Moro al Ministerio de Justicia.
“Moro debe someterse a investigaciones como las que él inició y renunciar al cargo, o al menos separarse de él hasta que el embrollo se esclarezca”, escribió la periodista política Carol Pires en el Times.
Las cosas podrían empeorar
mucho más para Moro, pues lo divulgado es solo la punta del iceberg (…) nuevas ‘bombas’ pueden estallar en cualquier momento
“Moro se convirtió en una figura muy popular, capaz de desentrañar una gigantesca maraña de sobornos, tráfico de influencias y otros delitos que afectaban a grupos a los que se consideraba intocables, pero basta echar un vistazo a su trayectoria para comprobar que las investigaciones se centraban principalmente en las formaciones de izquierda, y en especial en el gobernante PT”, denuncia El País.
Un ejemplo de eso “fue la decisión que tomó el entonces juez Moro de divulgar los diálogos telefónicos entre Lula y su sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, en vísperas de la apertura del proceso de inhabilitación de ella. Él mismo reconoció que fue ilegal (…) Pero dijo que lo hizo porque ‘era necesario’, por una ‘causa justa’, admitiendo que el fin justificaba los medios, algo condenable en un juez”, recuerda a EL TIEMPO el analista internacional Mario Osava.
Lava Jato –que se inició en 2014– investigó sobornos de grandes empresas a políticos para la obtención de jugosos contratos de la empresa brasileña de petróleos, Petrobras, y se extendió por América Latina cuando Odebrecht, la mayor constructora brasileña con negocios en más de 20 países, decidió colaborar con la justicia en 2016.
En sus delaciones, Odebrecht “involucró a 415 políticos brasileños y reconoció sobornos en otros 12 países, seis de ellos en América Latina. Las consecuencias más severas fueron en Perú, con el suicidio del expresidente Alan García y con la detención y libertad condicional, orden de captura y arresto de los exmandatarios Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente.
Situación y efectos
Los brasileños que creyeron en Moro y lo convirtieron en el héroe de la anticorrupción están en choque con las grabaciones, pero lo defienden, al igual que Bolsonaro, para quien su ministro es el “bastión moral de su gobierno”.
Moro dijo el 19 de junio, en una intervención ante el Senado, que solo renunciará si se comprueba alguna irregularidad en su conducta, pero aseguró que no existió ninguna, y ha insistido en que desconoce las grabaciones, que en su opinión fueron obtenidas de “forma criminal” y fueron manipuladas.
“Como juez siempre actué conforme a la ley. El combate a la corrupción se hizo con su aplicación imparcial. Lo que se busca (con las grabaciones) es invalidar condenas, obstaculizar investigaciones en curso y atacar las instituciones brasileñas”, dijo Moro.
Sin embargo, analistas pronostican que su caída es solo una cuestión de tiempo. “Las cosas podrían empeorar mucho más para Moro, pues lo divulgado es solo la punta del iceberg. Greenwald ha afirmado que hasta ahora solo reveló el uno por ciento del material que recibió. Así que nuevas ‘bombas’ pueden estallar en cualquier momento”, pronostica a EL TIEMPO la periodista internacional Diana Brajterman.
Moro también tiene los días contados “por su desempeño en el gobierno de Bolsonaro, del que saldrá como cómplice de la liberación del uso de armas de fuego, incluso de calibres antes exclusivos para militares, que permiten hoy a unos 19 millones de brasileños andar armados por la calle, según la ONG Instituto Sou da paz. (…) Un ministro de Justicia, encargado también de seguridad pública, tendría que haber dicho algo, pero Moro aceptó la medida, que el Congreso revocó por inconstitucional”, asegura Mario Osava.
Además, añade que su imagen de “héroe de la anticorrupción” se erosiona en la medida en que tiene que “tolerar” la corrupción de sus pares y de su jefe. “Hay indicios, por ejemplo, de que la familia Bolsonaro practicó durante muchos años una corrupción menor: utilizar el dinero que el Estado da a los diputados o senadores para contratar asesores y emplearlo en funcionarios fantasmas para embolsarse el dinero.
El escándalo empezó con el hijo mayor de Bolsonaro, Flavio, cuando era diputado del estado de Río de Janeiro (ahora es senador). Un asesor jefe, expolicía militar, recogía mensualmente el dinero destinado a los supuestos “asesores” y lo depositaba en la cuenta del político. Algo parecido sucedió con los asesores fantasmas del propio presidente Bolsonaro.
Y, para empeorar las cosas, el asesor jefe de Flavio Bolsonaro era muy cercano a los ‘milicianos’ ( paramilitares brasileños), quienes también tendrían vínculos con el presidente. Moro tiene que convivir con todo eso y, en la medida que estallan los escándalos, su imagen de honestidad se va desvaneciendo.
La popularidad de Moro depende además del éxito del gobierno. Si la economía se recupera, le irá bien, como a Bolsonaro. Esa alternativa, que consolidaría a todos en el poder, depende del ministro de Economía, Paulo Guedes, un neoliberal cuya estrategia empieza y depende de la reforma pensional, la cual elevaría las edades para la jubilación y reduciría los beneficios laborales, ambas medidas altamente impopulares.
“No es seguro que todo le vaya mal al gobierno, puede que haya una recuperación económica a partir de 2020. Pero este año ya está perdido, y el problema no tiene una solución inmediata para los 13 millones de desempleados y los 28 millones de subempleados. La recuperación económica llevará años”, dice Osava.
Dudas y certezas
Con las grabaciones que afectan la imparcialidad de Moro, lo más probable es que los que apoyan a Lula demanden su sentencia y pidan reabrir el caso, pero lograrlo es poco probable porque las pruebas que se presentarían fueron obtenidas de manera ilegal. Sin embargo, algunos miembros del Tribunal Supremo ya se han expresado individualmente a favor de revisar el caso.
Lo que nadie ha puesto en duda es la veracidad de esas pruebas, que arrojan un nuevo elemento de escándalo político en un país que ha vivido un verdadero terremoto institucional causado precisamente por las investigaciones judiciales sobre la corrupción entre grandes empresas y partidos políticos, afirma El País en su editorial.
Otros analistas afirman que el escándalo fortalece a Moro como político, aunque reduce su credibilidad como uno de los pocos que valoran las reglas y la ética en procesos penales.
Para Osava, al aceptar el ministerio de Justicia del gobierno Bolsonaro, Moro puso en riesgo su imagen de “justiciero” y su credibilidad porque al hacerlo tuvo que apoyar a un presidente cuyas convicciones son incompatibles con la ética y las normas de una Justicia imparcial.
“Un juez que acepta ser ministro se subordina a un presidente que, como Bolsonaro, no reconoce que hubo dictadura militar en Brasil (1964-1985), justifica la tortura y aplaude a Pinochet, entre otras cosas. Eso contradice los principios que juró defender como juez, renuncia a la ética jurídica y pone bajo sospecha todo lo de su pasado, todo lo que hizo como juez”, dice Osava.
“Brasil necesita estabilidad para recuperar la senda del crecimiento y la redistribución de riqueza, pero también, como toda democracia, salvaguardar las condiciones que permiten a cualquier ciudadano, incluido Lula, ser juzgado de manera justa”, concluye El País en su editorial.
Por su parte, Osava no cree que este escándalo cambie muchas cosas en Brasil, pero sí piensa que exigirá más cuidado a jueces y fiscales que investigan casos de corrupción. “Lentamente, se reducirá la cultura de venerar a los que combaten la corrupción, incluso si violan reglas judiciales. ‘Héroes’ como Moro y el procurador Deltan Dalagnol perderán su imagen de santos guerreros”, afirma.
GLORIA HELENA REY
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
