A las 7 de la mañana de este sábado comenzó el traslado hacia la frontera de los 59 ciudadanos colombianos que habían sido detenidos en agosto de 2016 luego de que Nicolás Maduro anunciara el descubrimiento de un supuesto plan terrorista para desestabilizar su gobierno.
En ese momento, el mandatario aseguró que al menos 90 colombianos, a los que calificó como paramilitares, habrían sido infiltrados a Venezuela para cometer crímenes contra el alto gobierno. El grupo inicial de detenidos fue de 80 personas que pronto resultaron trabajadores informales, indocumentados, detenidos para justificar la historia de Maduro.
Aunque la primera reacción del gobierno venezolano entonces fue intentar deportarlos -en ese momento fueron trasladados al Táchira- hubo cambio de planes y los detenidos terminaron confinados en una estación de policía, en el sector La Yaguara, hasta hoy.
Nunca se presentó una sola prueba que los relacionara con lo declarado por Maduro y hace más de un año un tribunal ordenó su liberación. Sin embargo, una contraorden desde el gobierno los mantuvo encerrados en la detención arbitraria masiva más larga de la historia reciente de Venezuela.
Con el tiempo algunos se evadieron del encierro, otros enfermaron y recibieron libertad para su tratamiento, pero el resto pervivió en los pasillos de la estación de policía, en cuartos improvisados con telas y en terribles condiciones. Las diligencias de las autoridades colombianas en Venezuela apenas fueron escuchadas por el régimen de Maduro.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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