Cuando apenas arrancaba el 2018, dos indocumentados procedentes de El Salvador y Honduras cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos en enero de ese año. Su periplo en busca de llegar a suelo estadounidense iba por el desierto de Arizona, cuando Scott Warren, un profesor de 36 años de geografía y activista de una ONG que ayuda a inmigrantes, les brindó ayuda porque se encontraban hambrientos y deshidratados.
Pero esa asistencia que prestó Warren, quien pertenece a la organización ‘No More Deahts’ (No más muertes), fundada en 2004 y la cual se encarga de evitar muertes causadas por las extremas condiciones a las que se enfrentan los miles de indocumentados, le supuso que la justicia de EE. UU. abriera un proceso en su contra.
La Patrulla Fronteriza sorprendió al activista ayudando a los indocumentados y los arrestó a los tres. Los fiscales acusaron a Scott Warren de haber organizado un cruce ilegal, así como de darles refugio y de “protegerlos de las autoridades”. Su defensa argumentó que se trataba de “bondad humana básica”.
El caso Scott Warren ha tomado varios giros en las últimas semanas: el pasado 11 de junio, una Corte del Distrito de Arizona decidió anular el juicio contra el activista debido a que los jurados no pudieron llegar a un acuerdo.
En el documento que profirió ese ente en esa fecha, y el cual conoció EL TIEMPO, dice que el “jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre el veredicto en el juicio de Scott Warren, sobre los cargos relacionados con el transporte y el alojamiento de extranjeros ilegales”. Y agrega: “Según la ley, cuando un jurado no puede llegar a un veredicto, resulta un juicio nulo. El gobierno puede optar por volver a intentar el caso cuando el jurado no puede llegar a un acuerdo”.
Inmigrantes centroamericanos buscan por todos los medios cruzar la frontera que divide México con Estados Unidos.
Este 2 de julio la justicia decidió juzgarlo por segunda vez. Fiscales federales le imputaron encubrimiento de inmigrantes ilegales, un cargo criminal que estarían dispuestos también a desestimar si se declara culpable de un delito menor por “ayudar a instigar a entrar sin autorización” al país.
El activista tiene 10 días para responder la oferta, pero su abogado no se mostró abierto a la idea. “Conocemos bien la estrategia del gobierno y estamos en una posición aún mejor para defender a Scott Warren. Me decepciona, pero no me sorprende que el gobierno quiera seguir con este caso”, le dijo a la agencia AFP.
Varias organizaciones han mostrado su rechazo sobre la situación que actualmente enfrenta el profesor de geografía.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo: “Al decidir organizar un juicio completamente nuevo contra el Dr. Scott Warren, el gobierno de Trump está doblando sus ataques contra las personas defensoras de derechos humanos que están haciendo el trabajo necesario y que salva vidas en la frontera México-Estados Unidos”.
Ese mismo organismo dijo que “desde el 2018 el gobierno estadounidense ha emprendido de manera ilegal y por motivos políticos una campaña de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra personas que defiendan los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”.
La activista que fue liberada
Pero este caso en Estados Unidos no es un hecho aislado. En Europa, la justicia italiana tuvo que dejar en libertad también precisamente ese martes a la capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete.
La activista fue arrestada en ese país por llevar sin permiso a 40 inmigrantes que había salvado en el Mediterráneo central al puerto de Lampedusa. La decisión suscitó inmediatamente la ira del ministro del Interior, Matteo Salvini, autor de la política de puertos cerrados a las naves de las ONG y quien había pedido cárcel para la activista
Carola Rackete, joven de 31 años, y capitana del barco Sea Watch.
Guglielmo Mangiapane / Reuters
La ONG Sea-Watch manifestó se declaró al respecto: «¡Estamos aliviados de que nuestra capitana sea liberada! No había ninguna razón de detenerla, porque estaba comprometida en la defensa de los derechos humanos en el Mediterráneo y asumía sus responsabilidades ahí donde ningún gobierno europeo lo hacía», escribió.
Debido a los fenómenos migratorios que se están presentando en todo el mundo (en Estados Unidos con los indocumentados centroamericanos y los migrantes que cruzan el mediterráneo escapando de la violencia en África y Oriente Medio) siguen surgiendo historias de activistas que se ven enfrentados a la justicia por el hecho de ayudar a estas personas que se someten a situaciones infrahumanas para escapar de países sumidos en la pobreza y violencia.
REDACCIÓN APP
