«Un aborto acompañado es un aborto seguro», aparece en Twitter junto a un número telefónico. Al otro lado de la línea están mujeres dispuestas a informar sobre cómo interrumpir un embarazo en Ecuador, donde esa práctica se castiga con penas de cárcel.
El contacto también está en Facebook y en pancartas con las que suelen marchar por la despenalización del aborto en esta nación conservadora, que solo lo permite cuando la madre está en riesgo o si el embarazo es por violación a alguien con discapacidad mental. Son 55 y se hacen llamar Las Comadres. Sus encuentros con embarazadas pasan desapercibidos en parques y plazas. Su labor se realiza bajo estricta confidencialidad para sortear una ley que prevé penas de prisión de hasta dos años para quienes abortan.
«La comadre es la mujer en la que otra confía, la que acompaña. Apelamos a ese sentimiento de solidaridad y cercanía de las mujeres. Tanto ellas (quienes abortan) como nosotras estamos poniendo el cuerpo para enfrentar la penalización del aborto y creemos que estamos juntas en esta lucha», dice a la AFP Verónica Vera, vocera de esta red feminista nacida en 2014.
Ellas difunden un método para inducir el aborto con medicamentos, el mismo que está a un clic en el portal de la Organización Mundial de la Salud. Para conseguir la medicación, que en Ecuador se vende con receta, facilitan el contacto con una ONG holandesa que provee por correo a un costo de unos 30 dólares dosis de mifepristona y misoprostol, que causan contracciones uterinas.
Derecho al silencio
Las Comadres divulgan información que ya circula en internet. Según Vera, no han sido perseguidas por esta actividad, con la que «acompañan» unos 30 abortos al mes.
«Dar y recibir información es un derecho humano y constitucional», manifiesta al recordar que algunas mujeres han corrido peligro al recibir datos erróneos sobre cómo usar la medicación o incluso pastillas falsas.
La penalización del aborto, opina Vera, da pie a «un mercado clandestino que lucra con la vida de las mujeres y con esta decisión». Un aborto quirúrgico en un consultorio privado cuesta entre 150 y 800 dólares. En una clínica unos 2.000 dólares. Todo depende de cuánto pueden pagar las mujeres y del tiempo de gestación.
En Ecuador, donde el Congreso debate una reforma penal para despenalizar esta práctica en todos los casos de violación.
Tamia, universitaria de 20 años que prefiere omitir su apellido, acompaña a quienes quieren abortar. Parte de su asesoría incluye instrucciones para detectar una hemorragia y qué hacer en caso de que alguien denuncie a la mujer. «Ellas saben que tienen derecho a guardar silencio, a negarlo todo. No hay manera de que comprueben que esto ha sucedido a menos que lo digan o que una persona que les acompañe al hospital lo diga», señala Tamia a la AFP.
Ni únicas ni primeras
Las Comadres son la camada más reciente de una serie de iniciativas -algunas de médicas y obstetras que emplean métodos como la aspiración- que se crearon en Ecuador desde los años 90 para evitar la muerte y el encarcelamiento de mujeres que abortan.
«El objetivo de todas las redes es que las mujeres no se mueran y que tengan acceso a tratamientos respetuosos», explica a la AFP Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, dedicada a la promoción de derechos sexuales y reproductivos.
Son seis iniciativas que, sobre todo, se conocen por el «boca a boca». El grupo más grande y que existe desde 1996 atiende unos 16.000 casos al año y otros más pequeños, unos 100, estima. Las más recientes, como Las Comadres, se hacen visibles en redes sociales, lo que facilita el acceso, pero no todas las mujeres llegan a ellas por falta de internet o de conocimiento sobre sus derechos. ¿Qué pasa con ellas? «Se complican o les toca seguir con el embarazo», señala Gómez de la Torre.
Para ella, la forma de abortar «sigue siendo privilegio de una élite económica, incluso en estos espacios. La pobre o la de clase media, que tampoco es que tiene mucha plata, tiene que aceptar lo que le ofrecen».
AFP