La estrategia de amenazas e intimidación del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia otros países volvió a surtir efecto la semana pasada, cuando Guatemala decidió ceder ante las presiones y firmar un acuerdo migratorio con EE. UU., según el cual el país centroamericano se compromete a recibir a migrantes salvadoreños y hondureños (en principio) mientras EE. UU. decide si les brinda o no asilo.
Dicho pacto, que convierte a Guatemala en lo que se denomina un ‘tercer país seguro’, ha sido duramente criticado y se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Jimmy Morales, pues, de acuerdo con expertos, el país no tiene la capacidad ni la infraestructura para cumplirlo.
Las razones son evidentes. Guatemala está acorralado por una pobreza que llega al 60 por ciento y altas cifras de desempleo y violencia.
Jimmy Morales, presidente de Guatemala.
La politóloga guatemalteca Marielos Chang le dijo a EL TIEMPO que “para tener las condiciones de ser un “tercer país seguro”, el Estado en cuestión, en este caso Guatemala, debería tener características similares a las de EE. UU. en términos económicos, servicios públicos y seguridad, entre otros.
Chang también aseguró que otro punto crítico es la porosidad de las fronteras de Guatemala con Honduras y El Salvador, donde la ausencia estatal se presta para el tráfico de drogas y de personas.
A eso se suma que el país no cuenta con un protocolo que le permita controlar el ingreso de migrantes.
“Guatemala ha dado cero estatutos de refugiados en lo que va del año 2019, es decir que no se tienen las capacidades instaladas para hacer frente a una recepción masiva de potenciales solicitantes de refugio en EE. UU.”, afirmó a este diario Erick Maldonado, exviceministro de Exteriores guatemalteco.
No se tienen las capacidades instaladas para hacer frente a una recepción masiva de potenciales solicitantes de refugio.
“A ello hay que añadir que, como lo ha dicho el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, el Estado no proporcionaría un lugar donde vivir ni ningún subsidio a migrantes, lo que los pone en altísima situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que las condiciones de precariedad son muy elevadas”, añade Maldonado.
Drama infantil
Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, le dijo a la AFP que al ser un “tercer país seguro”, Guatemala no podrá atender a los niños migrantes que viajan sin compañía de adultos, toda vez que casi el 50 por ciento de los guatemaltecos menores de cinco años sufren de desnutrición crónica.
Lo paradójico es que cuando el acuerdo se anunció, Morales lo recibió con complacencia, al afirmar que se salvaron de las “drásticas” sanciones con las que amenazaba Trump y que habrían golpeado duramente al país, que depende de los miles de millones de dólares en remesas enviadas por los guatemaltecos en EE. UU.
“El interés principal del gobierno de Morales en el último año y medio ha sido el cómo dar por finalizada la lucha anticorrupción, y eso ha implicado el cómo tratar de ganarse la confianza de Trump”, afirmó Adriana Beltrán, directora para la seguridad ciudadana de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés)”. Sin embargo, la falta de transparencia sobre cómo se llegó al pacto ha sido algo que no ha dejado de generar polémica.
La mayoría de niños migrantes son vulnerables y viajan sin compañía de un adulto. En el país, casi el 50 por ciento de los guatemaltecos menores de cinco años sufren de desnutrición crónica.
“La forma como fue negociado y finalmente suscrito este convenio demostró una manifiesta opacidad, hasta el punto de que los términos del acuerdo no están claramente establecidos, no se conocen los alcances de los mismos y, eventualmente, eso implica que no se tenga certeza de cuáles son las obligaciones por parte del Estado con los migrantes”, señaló Maldonado.
A eso se suma que Morales se saltó la Corte de Constitucionalidad (CC) –máxima instancia judicial– para la firma del acuerdo, pues esta había dictaminado que el presidente no podía firmar un pacto de esta naturaleza sin que antes este hubiera sido aprobado por el Congreso.
(Morales) se ha movido mucho en las áreas grises y la ha utilizado muchas veces a su favor, lo que ha implicado en varias ocasiones fraude.
Ahora, la presión recae sobre Degenhart, quien enfrenta varios recursos que exigen su destitución por no tener la facultad para firmar un convenio de este tipo a nombre del Estado, un argumento que rebate Morales al decir que él dio su autorización.
Frente a este panorama, Chang afirmó que “se refleja una interpretación de la ley que ha existido durante toda la administración de Morales, quien se ha movido mucho en las áreas grises y la ha utilizado muchas veces a su favor, lo que ha implicado en varias ocasiones fraude de ley o una norma que realmente se estira dependiendo de quién la interprete”.
Pero ya el mismo Degenhart dijo a periodistas que espera que la CC resuelva los amparos contra el acuerdo para determinar el camino legal: que el pacto empiece a funcionar como un acuerdo bilateral o que sea debatido en el Congreso.
VALENTINA LEUDO
Redacción Internacional
