Entre enero del 2014 y junio del 2019, en Colombia fueron asesinadas 542 personas de la comunidad LGBTI.
Así se dio a conocer en el informe ‘El prejuicio no conoce fronteras’, realizado por la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, un proyecto que es liderado por la organización Colombia Diversa.
El 2015, con 113 muertes, fue el más violento para esta comunidad en el país, seguido del 2017 (110) y el 2018 (109). En el 2014 se registraron 100 asesinatos y en el 2016, 99.
En el primer semestre del 2019, por su parte, hubo 11 homicidios, según la Red, que recordó que en Colombia la discriminación y la violencia en razón de la orientación sexual e identidad de género están prohibidas.
Aunque Brasil no hace parte del informe, algunas cifras que se han dado a conocer hasta el momento dicen que, entre enero del 2017 y junio del 2019, fueron asesinadas 803 personas LGBTI en ese país.
“La Corte Constitucional ha expedido más de 120 sentencias, el Congreso de la República 5 leyes y la Rama Ejecutiva 2 decretos que amparan los derechos LGBTI. No obstante, la implementación de estos avances continúa enfrentando varios obstáculos y no ha habido una disminución en los actos de discriminación y de violencia, ni un mayor acceso a la justicia”, aseguró la Red.
Las armas cortopunzantes fueron las más utilizadas en el país para cometer los crímenes y en el 19% de los casos los victimarios fueron conocidos de las víctimas.
En cuanto a edades, la mínima que tenían quienes murieron fue 16, la mediana fue de 34 años y la máxima, 82.
Además, entre el 2016 y el 2019, 69 activistas LGBTI recibieron amenazas contra su vida.
“Hay un fuerte arraigo de prejuicios en contra de personas LGBTI en los imaginarios colectivos colombianos, incluso entre los mismos funcionarios y funcionarias que deben hacer efectivos los derechos que tiene la comunidad”, agregó la Red.
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En los últimos 5 años y medio, enero, junio y julio han sido los meses en los que más ataques se han registrado. Llama la atención lo de junio y julio, pues es cuando se celebra el orgullo LGBTI.
EL TIEMPO
El panorama en la región
Dentro de los Estados analizados en el informe, detrás de Colombia se ubican México y Honduras con el mayor número de asesinatos entre enero del 2014 y junio del 2019: 402 y 164, respectivamente.
La lista la completan Perú (57), El Salvador (53), República Dominicana (28), Guatemala (26), Paraguay (12) y Bolivia (8).
En total, contando los 9 países trabajados, se han registrado 1.292 los homicidios de personas LGBTI en el lapso mencionado.
“Los Estados de la región continúan sin definir líneas claras y efectivas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia contra esta comunidad”, señaló la Red.
Los hombres gays y las mujeres trans fueron los más atacados, «lo que envía un mensaje claro: deben ocultar su sexualidad e identidad a cambio de mantenerse con vida».
El estudio también arrojó que los días domingos y sábados fueron cuando más hubo asesinatos, mientras que, en cuanto a meses, enero, junio y julio lideraron.
“Llama la atención lo de junio y julio, pues es cuando se realizan celebraciones internacionales sobre diversidad sexual y de género”, acotó la Red.
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Los hombres gays y las mujeres trans fueron los más atacados en toda la región, entre enero del 2014 y junio del 2019
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El caso de Brasil
Aunque hizo parte del estudio, los datos sobre Brasil serán revelados en un informe posterior.
Algunas cifras que se han dado a conocer hasta el momento dan cuenta de que, entre enero del 2017 y junio de 2019, fueron asesinadas 803 personas LGBTI en el gigante suramericano.
La organización ANTRA va más allá y asevera que en los últimos 5 años la cifra sería 1.650.
“Proyectos y políticas públicas nacionales que venían andando desde el 2004, como el programa ‘Brasil sin Homofobia’, no han sido actualizados y carecen de datos oficiales desde el año 2013”, manifestó la Red.
El pasado El 28 de junio, el gobierno brasileño decidió eliminar el Consejo Nacional LGBTI, lo que se entiende como un retroceso en la medida de que “dificulta aún más el diálogo entre gobierno y ciudadanía acerca de la garantía de derechos para esta comunidad”.
Redacción APP
