‘Colombia es de los pocos países del área donde hay oposición activa’


El abogado español Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association y presidente fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, en diálogo con EL TIEMPO, se refirió a la importancia de un sistema judicial independiente para el reconocimiento de un Estado de derecho, abordando el tema de las interceptaciones telefónicas ilegales entre cliente y abogado como una violación de los derechos humanos.

En el año 2012, el exmagistrado Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por sentencia unánime de los siete magistrados del Tribunal Supremo de España. ¿Por qué sucedió esto si Garzón fue quien instruyó el famoso caso Gürtel?

Baltasar Garzón es hoy un abogado en ejercicio que goza de todo mi respeto. Desde formas de ejercer la profesión distinta tenemos no pocos puntos en común y él es un activo colaborador de la World Jurist Association.

La sentencia que usted cita fue muy polémica y no recuerdo ahora los detalles. Fue acusado de ordenar la instalación de dispositivos para escuchar algunas de las comunicaciones que mantuvieron los imputados en el caso Gürtel, que él instruía, con sus abogados defensores, y el Tribunal Supremo lo condenó a una pena de inhabilitación.

Varios comentaristas políticos interpretaron que en realidad todo el procedimiento constituyó una especie de castigo porque paralelamente Garzón había abierto una causa que pretendía investigar los crímenes de la dictadura franquista. En cualquier caso, le condenaron por prevaricación judicial.

¿Estas interceptaciones fueron entre imputados presos y sus abogados defensores?

Al parecer, sí.

El entonces juez Garzón fue quien lo ordenó.

Eso decía la sentencia

¿Hay jurisprudencia internacional en el tema de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente?

Hay doctrina jurisprudencial abundante tanto de instancias nacionales (el Tribunal Supremo, en nuestro caso, y también el Constitucional), y también de instancias internacionales.

Destaca especialmente la doctrina sentada durante décadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la respuesta es sí, y muy rica y abundante.

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Siendo los derechos humanos una de las bases del Estado de derecho. ¿Cuál es la importancia del sistema judicial en un sistema democrático?

La existencia de un poder judicial independiente constituye base indispensable para el reconocimiento de un Estado de derecho digno de tal condición. Jueces independientes e inamovibles, que actúan con sometimiento pleno a la ley y al derecho son quienes encarnan ese poder judicial. El sistema despliega su misión en un Estado democrático de derecho en dos planos. De una parte, es garantía y tutela de los derechos de la ciudadanía. Y por otra, instrumento para el control de la legalidad de la actuación de los poderes públicos.

Hablando del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema reconoció que lo interceptó ‘por error’, argumentando que se había ordenado escuchar el teléfono del excongresista Nilton Córdoba y no el suyo. De acuerdo con normas y principios internacionales ¿es permitido interceptar las comunicaciones entre abogado y cliente?

No conozco los detalles de ese caso y sería por mi parte una temeridad pronunciarme al respecto. Es obvio que, en cualquier caso, como sucedió con Garzón, la opinión pública debate estos hechos en el marco de una intensa politización. El presidente Uribe, como el resto de los expresidentes colombianos desde la aprobación de la actual Constitución, fue un protagonista destacado del progreso de su país, por más que este se encuentre dividido en torno a algunas cuestiones.

Desde hace muchas décadas todos los primeros mandatarios colombianos han sido presidentes constitucionales, la nación ha reforzado la democracia y la institucionalidad del Estado de derecho. De este modo, y con absoluto respeto al pluralismo político, el país ha progresado socialmente. Las dificultades por las que actualmente atraviesa no desdicen para nada esta consideración. Es un éxito formidable, que la World Jurist Association va a reconocer y celebrar en el marco del Congreso Mundial del Derecho, que se celebrará en Colombia los días 2 y 3 de diciembre de 2021.

La existencia de un poder judicial independiente constituye base indispensable para el reconocimiento de un Estado de derecho digno
de tal condición

Colombia es uno de los pocos países del área donde todos los expresidentes siguen en su propio país, y en libertad, y donde hay una oposición activa que encarna la alternativa al poder constituido: es un signo de normalidad democrática que ojalá se prolongue por generaciones.

Volviendo a su pregunta, no conozco los detalles técnicos del caso que afecta al presidente Uribe, pero sí lo conozco personalmente, al igual que a casi todos los expresidentes del país. Fruto de mis diversos encuentros con ellos, he podido apreciar que es muy alta la calidad de la clase política colombiana.

Respecto al caso en cuestión, solo me puedo remitir a los principios generales: las comunicaciones entre personas (incluidas las que pueda haber entre un letrado y su defendido) gozan en las democracias de una protección constitucional y jurídica, pues el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental. Las leyes solo permiten su vulneración de forma ocasional y legítima cuando estén en riesgo otros derechos constitucionales, y siempre bajo la garantía de la intervención judicial.

¿En cuáles casos son legales las escuchas telefónicas?

Hay situaciones que, por afectar intereses constitucionalmente legítimos, como la seguridad pública o la persecución penal de determinados delitos, pueden demandar a efectos probatorios la práctica de determinadas actuaciones como las escuchas telefónicas. Pero siempre se trata de algo muy excepcional, en virtud de principios de intervención mínima y de proporcionalidad entre fines y medios. Y con autorización judicial debidamente motivada.

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¿Cómo se denominaría el delito en el que estarían incurriendo los funcionarios de un sistema judicial que realicen este tipo de interceptaciones ilegales?

En España, y en numerosos sistemas jurídicos comparados, el Código Penal tipifica como delito la interceptación de toda clase de comunicación (postal, telegráfica, telefónica o de otra índole), con violación de las garantías constitucionales o legales, cometidas por autoridades o funcionarios públicos. Del mismo modo castiga también la divulgación o revelación de la información obtenida, y como delito específico, diferenciado del anterior, la interceptación de las telecomunicaciones o la utilización de artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales. La prohibición afecta también a la divulgación o revelación de la información obtenida por este medio.

¿Interceptar las conversaciones entre el cliente y su abogado constituye una violación de los derechos humanos?

Creo haberlo explicado ya. Una intromisión de ese género solo sería legítima en el contexto antes indicado, con justificación objetiva suficiente y en los términos legales y con las garantías constitucionalmente establecidas. De no ser así, se trataría de una violación flagrante de un derecho fundamental.

¿Por qué?

Porque estaríamos legitimando el abuso de poder, lo que implica quebrantar abiertamente las bases más auténticas de un Estado de derecho, que se asienta, insisto, en las garantías de la libertad y los derechos fundamentales.

Hay una doctrina en la cual las pruebas ilícitamente obtenidas no tienen valor

¿A Baltasar Garzón también se lo acusó de alterar las normas de reparto de la Audiencia Nacional con el fin de que él fuera quien instruyera el caso Gürtel?

No, que yo recuerde, al margen de que algunos comentaristas hayan podido sugerirlo de manera irresponsable e incluso sectaria. En todo caso, constituye una afirmación que, por su gravedad, nadie debería hacer sin poder presentar pruebas concretas.

¿Cuáles serían los efectos jurídicos en el caso del expresidente Uribe en relación con estas escuchas?

No conozco con el suficiente detalle el derecho colombiano ni tampoco el caso referido al presidente Uribe y sería una temeridad emitir un juicio al respecto.

Interceptaciones que hayan sido obtenidas violando los derechos humanos, ¿pueden ser manejadas como pruebas o deben ser rechazadas?

Hay una doctrina en la cual las pruebas ilícitamente obtenidas no tienen valor, y, por consiguiente, no pueden servir válidamente de soporte de imputación alguna, ni constituir la base sobre la cual fundar una acusación ante la justicia. Una resolución judicial o administrativa que así lo hiciese sería impugnable con éxito y susceptible de anulación, con las consecuencias que de ello se seguirían en derecho.

¿Los responsables de ordenar ilegalmente interceptaciones telefónicas en procesos penales violando los derechos humanos pueden ser llevados a tribunales internacionales?

Toda violación de derechos fundamentales reconocidos y tutelados por declaraciones internacionales de derechos puede demandar amparo en el plano internacional y supranacional. Particular importancia y efectividad tienen los sistemas europeos de protección de los derechos fundamentales, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero hay todavía un camino que recorrer en el plano internacional de la protección de los derechos y, en particular, en el campo de los tribunales penales internacionales.

MARÍA ANGÉLICA CORREA
Especial para EL TIEMPO

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