Piden transferir investigación sobre Dilan Cruz a justicia ordinaria


Las organizaciones estadounidenses Human Rights Watch (HRW) y el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos le pidieron esta semana a la Corte Constitucional transferir la investigación de la muerte del joven Dilan Cruz a la justicia ordinaria para garantizar que su crimen no quede en impunidad.

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La solicitud fue presentada en una intervención (escrito de amicus curiae) firmada por ambas organizaciones en momentos en que la alta corte estudia una tutela en la que se plantea esta misma exigencia.

Según las organizaciones, la Justicia Penal Militar, que actualmente adelanta el proceso, no ofrece garantías de que se hará justicia.

“La Justicia Penal Militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz. Las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece”, señaló Kerry Kennedy, presidenta del centro nombrado en honor del exsenador y fiscal estadounidense, hermano del presidente John F. Kennedy.

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Las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece

Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, con su fallo “la Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro de que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados. En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de derechos humanos continúen”.

El 23 de noviembre de 2019, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó a Cruz mientras participaba en una manifestación en el centro de Bogotá.

El joven murió dos días después producto del impacto en la cabeza de una munición tipo «bean bag», que es usada por la fuerza pública para dispersar manifestaciones violentas pero que, a causa de su poder, deben apuntarse a las extremidades bajas del cuerpo y no a la cabeza.

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Tres semanas más tarde, el Consejo Superior de la Judicatura remitió el caso a la Justicia Penal Militar donde, según estas organizaciones, se ha avanzado muy poco y ningún oficial ha sido imputado en relación con su muerte.

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José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

«La independencia necesaria para investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares no suele estar garantizada cuando las mismas autoridades militares son las encargadas de investigar a sus miembros y juzgarlos en tribunales militares», dicen en su intervención.

«Por ese motivo, organismos regionales e internacionales de derechos humanos han criticado el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles, y han señalado que la competencia de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos de naturaleza estrictamente militar»,  agregan.

Además, añaden que varios órganos de justicia internacional han reiterado en varias ocasiones que la justicia militar no es la adecuada para procesar casos de violaciones a los DD. HH.

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«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que Colombia debe abstenerse de emplear la Justicia Penal Militar en casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por policías en el marco de manifestaciones», afirman ambas organizaciones.

«Por ejemplo, en su informe de admisibilidad sobre la muerte de Jhonny Silva Aranguren, un estudiante que murió en una manifestación en 2005, presuntamente a manos del ESMAD, la Comisión recordó que ‘las jurisdicciones especiales, como la militar, no constituyen un foro apropiado y por lo tanto no brindan un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar posibles violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, tales como el derecho a la vida, presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública’ ”, agregan.

Un reporte posterior de HRW determinó que durante las jornadas de protestas que se presentaron en el territorio colombiano en el marco del paro nacional de finales de 2019 se registraron múltiples abusos de la fuerza pública contra los manifestantes, entre ellos uso excesivo de fuerza, golpizas y detenciones arbitrarias.

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La CIDH ha señalado que Colombia debe abstenerse de emplear la justicia penal militar en casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por policías en el marco de manifestaciones

Sostienen que estos abusos continuaron en el 2020 y mencionan el caso del abogado Javier Ordoñez, que murió luego que la policía le aplicó descargas eléctricas con una pistola paralizante.

«Aun si existe violencia en una manifestación, los estándares internacionales — incluyendo los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley— establecen que la fuerza solo debe ser empleada como último recurso, en caso de ser necesario y proporcional para hacer frente a una amenaza genuina. En el contexto del control de multitudes, los agentes de seguridad pública deben priorizar y planificar el empleo de medios no violentos y técnicas de reducción de tensiones en la mayor medida posible antes de recurrir al uso de la fuerza», le dicen HRW y el Centro Kennedy a la corte.

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Resaltan, además, que el Estado está en la obligación de proteger la protesta pacífica, pues es un derecho contemplado en múltiples tratados internacionales de los que Colombia hace parte.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter: @sergom68

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