Ortega se enfila contra empresarios y sandinistas

Opositores políticos, activistas y críticos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, engrosan cada día que pasa la lista de personas detenidas e investigadas por el Gobierno en ese país. Pero esta última semana también empezó una arremetida contra empresarios, banqueros y exmiembros de la revolución sandinista.

Estas recientes detenciones abren nuevas incógnitas sobre por qué el oficialismo ahora va detrás de quienes otrora fueron sus aliados.

El hostigamiento, según analistas, tiene el mismo propósito: despejarle a Ortega cualquier tipo de obstáculo que represente una amenaza para mantenerse en el poder, un hecho en el que no está dispuesto a ceder. No obstante, esta estrategia ya ha tenido un rechazo generalizado de la comunidad internacional que hoy ya hace eco en Washington.

“En Nicaragua está ocurriendo lo de Luis XIV: el Estado son ellos; Nicaragua son ellos y cualquier persona que se oponga se considera una traición a la patria de los Ortega-Murillo”, le resumió a este diario Gioconda Belli, poetisa y escritora nicaragüense, quien esta semana denunció que la casa de su hermano Humberto –ministro de Educación de la exmandataria Violeta Barrios 1990-1997)– fue allanada por la Policía como parte de esta estrategia contra opositores. Humberto Belli salió del país luego de que emitieron una orden de arresto contra él.

Eduardo Gamarra, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Florida y experto en asuntos de América Latina, explicó que, desde las protestas de 2018 en Nicaragua, el oficialismo ha visto cómo ha decaído su popularidad.

Estamos viendo una vuelta circular al principio de la historia que hizo nacer a Daniel Ortega. Es una persona que vuelve al lugar de origen ahora con el poder en sus manos.

“Con el temor de que iba a terminar perdiendo el poder (como en 1990 contra Violeta Barrios), introdujo una serie de legislaciones donde básicamente prohíbe criticar al Gobierno. Criticarlo es traición a la patria y eso es lo que está haciendo (…), si tú hablas mal del Gobierno, te meten preso”, dijo.

A propósito, esta semana, una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios (entre ejecutivos y banqueros) que son investigados por supuestos “actos ilícitos”. Estas personas son miembros de la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente.

Si bien Funides representa a un sector crítico del Gobierno, lo singular de este episodio es que Ortega mantuvo una estrecha alianza histórica con el sector privado, pero que ahora parece estarse resquebrajando porque ellos decidieron marcar distancia con el oficialismo.

Ortega ha tenido un componente significativo de la empresa privada durante su mandato. Pero todos estos banqueros y empresarios que apostaron al régimen, y que estuvieron en sociedad con él, ahora intentan desmarcarse por la presión internacional que se avecina”, agregó Gamarra.

De otro lado, a principio de esta semana el Ministerio Público nicaragüense le dictó 90 días de prisión a Hugo Torres, quien en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel a Ortega. Según ese ente, Torres “incitó a la injerencia de extranjeros en los asuntos internos” del país.

También detuvieron a la exguerrillera Dora Téllez, quien, junto a Torres, y otros participaron el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a legisladores afines al dictador Anastasio Somoza, derrocado hace casi 42 años. Téllez, de hecho, fue reseñada en una crónica de Gabriel García Márquez sobre ese asalto de 1978. Pero aunque en algún momento estuvieron en el mismo bando, hoy estos miembros históricos de la revolución se han desmarcado del orteguismo.

Estamos viendo una vuelta circular al principio de la historia que hizo nacer a Daniel Ortega. Es una persona que vuelve al lugar de origen ahora con el poder en sus manos (…) Él lo que hizo fue responder a todas nuestras demandas con una actitud autoritaria. Nos echó del partidos, nos fuimos unos cuantos, creamos otro partido. Desde entonces, él se adueñó del sandinismo y le dio su propio sello. Perdió todo escrúpulo”, dijo Belli, tras explicar por qué Ortega hoy arremete contra estos exintegrantes de la revolución.

La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a dos exvicecancilleres y a dos colaboradores de oenegés.

Con todo este panorama, la comunidad internacional ha expresado abiertamente su rechazo a lo que está ocurriendo en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los arrestos y pidió la “inmediata liberación” de los opositores. La resolución fue aprobada por 26 de los 34 países miembros. Pero el llamado no tuvo calado en el país porque las detenciones continuaron.

Sin embargo, unos 20 congresistas de EE. UU. presentaron este viernes un proyecto de ley bipartidista que urge revisar el tratado de libre comercio con Nicaragua ante la “violenta represión”.

El Ejecutivo sandinista envió esta semana un par de señales en las que aparentemente buscan un acuerdo con EE. UU., país que ha impuesto sanciones que han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios y familiares de Ortega, entre estos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Si hubiera que buscar una salida a la crisis, sería entre Nicaragua y EE. UU.”, propuso el periodista italiano Fabrizio Casari, en un artículo difundido por el Gobierno. En tanto, William Grigsby Vado, un ideólogo sandinista y director de Radio La Primerísima, aseguró en su programa que los arrestos de opositores forman parte de la ‘Operación Danto 2’, que tiene como fin forzar una negociación con EE. UU.

“Una decisión del Congreso de EE. UU. tendría un impacto económico importante en el país, por el porcentaje de exportaciones y remesas (…). Si Ortega se empecina en cancelar el proceso democrático e imponerse como una dictadura, Nicaragua no tiene los recursos para resistir en el largo plazo (una sanción económica de Washington)”, le explicó a este diario Alberto Cortés Ramos, analista de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica.

Aunque por ahora no hay salidas previsibles, todo indica que el panorama político nicaragüense derivará en unas elecciones presidenciales en noviembre a favor de Ortega. Sin embargo, un entendimiento entre Washington y el orteguismo podría ser un paso para una salida de la crisis.

CARLOS JOSÉ REYES*
Redacción internacional
EL TIEMPO
* Con información de Efe

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