Gobierno Duque no respalda exclusión de Farc, dice senador Rubio en EE. UU.

La decisión tomada por el Departamento de Estado de excluir a las Farc de su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) generó un intenso intercambio este martes en el Congreso de EE. UU. entre el Senador republicano Marco Rubio y el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental Brian Nichols.

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Rubio, quien desde la semana pasada viene diciendo que se trata de una movida equivocada, planteó su queja desde dos perspectivas. En primer lugar, de acuerdo con este senador que representa a la Florida, el gobierno del presidente Iván Duque no estuvo de acuerdo con la decisión. Algo que se debió considerar pues se trata del gobierno de Colombia, uno de los principales aliados de EE. UU.

«Lo que Ies puedo decir es que yo conozco su opinión. Ellos no estaban a favor de sacar (a las Farc) de la lista», dijo Rubio tras indicar que la decisión del Departamento de Estado iba en contravía de los deseos del gobierno.

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Marco Rubio

Marco Rubio, senador cubanoestadounidense republicano.

Según el Senador, sacar a las Farc de la lista era innecesario pues se hubiese podido ayudar a los desmovilizados y a la facción política que crearon tras el acuerdo de paz sin tomar ese paso.

El argumento de Rubio es que eso se hubiese podido lograr si se le entregaban los aportes directamente al gobierno de Colombia para que este decidiera cómo utilizarlos.

«Lo que ellos querían (el gobierno) era que la ayuda que EE. UU. le quiera dar a esta gente pase por el gobierno (colombiano) y no de manera directa (a los ex miembros de las Farc)», sostuvo el Senador.

Rubio alegó, además, que la decisión no era requerida pues los ex miembros de las Farc que se desmovilizaron ya hacen parte de un partido político (Comunes) que no está en la lista terrorista o en cualquier otra lista que impida se les de apoyo o entablar una relación con ellos.

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Desde la perspectiva legal, para poder implementar los programas de desarrollo con ex miembros de las Farc, la exclusión de la lista era un requisito

Nichols le contestó que la ley de EE. UU. que rige la lista de terrorismo les impedía dar ese apoyo sin tomar antes la decisión de excluir al grupo.

«Desde la perspectiva legal, para poder implementar los programas de desarrollo con ex miembros de las Farc, la exclusión de la lista era un requisito», dijo Nichols.

En otras palabras, al parecer hay un conflicto sobre cómo se interpreta la ley.

Lo que sí es cierto es que desde la firma de los acuerdos de paz, ningún fondo donado por EE. UU. se ha podido utilizar para financiar programas que involucren a desmovilizados pues eso sería considerado apoyo material a una organización terrorista. De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, aún sí los recursos se entregaran directamente al gobierno y este fuera el encargado de ejecutar los programas con desmovilizados, el impedimento legal persistiría.

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El subsecretario también le explicó a Rubio que si bien muchos países del mundo, como Colombia, preferirían que les dieran los fondos de manera directa, EE. UU. debe retener el derecho a financiar y ejecutar los programas que han sido autorizados por el Congreso. «Es importante -dijo Nichols- que podamos implementar los programas autorizados por el Congreso y que la USAID y otras agencias como INL (maneja del tema de drogas) puedan diseñar directamente la programación».

Nichols sostuvo también que todos los programas de asistencia eran coordinados con Colombia y que el gobierno de Duque estaba de acuerdo en que EE. UU. entregara asistencia para los desmovilizados y respaldada la decisión de incluir en la lista de organizaciones terroristas a dos facciones de las Farc que han continuado delinquiendo.

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Cuando Rubio lo presionó para que confirmara si el gobierno estuvo de acuerdo con la exclusión de las Farc como tal, Nichols evadió la pregunta indicando que no quería «caracterizar» la opinión del gobierno colombiano frente a ese tema.

La situación guarda cierta semejanza con lo que sucedió en la década pasada en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En el año 2001 incluyó a este grupo en su lista de FTO. En el 2005 el grupo comenzó un proceso de desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe bajo la llamada Ley de Justicia y Paz. Nueve años después, en el 2014, EE. UU. retiró de la lista a las Auc pues el grupo como tal había dejado de existir pese a que algunos de sus miembros conformaron otros grupos y siguieron delinquiendo bajo otros nombres.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68

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