Las lecciones de Chile para Colombia

Han surgido innumerables teorías tratando de explicar la conmoción social que sacudió a Chile desde 2019 y que desembocó, dos años después, en la convocatoria de una nueva asamblea constituyente. Si bien el detonante de las protestas y movilizaciones fue un pequeño aumento en las tarifas del metro (cuatro centavos de dólar), es claro que la magnitud de las protestas y los cambios que estas provocaron indican que las razones de fondo eran otras.

Antes de avanzar en algunas hipótesis, es importante recordar que lo que sorprendió a propios y extraños es que estas movilizaciones ocurrieran en el país ‘modelo’ de Latinoamérica: un país que había multiplicado por 3,4 veces su ingreso por habitante en los últimos 25 años (la región lo había hecho en 2,3 veces, igual que los países de la Ocde), que había reducido la pobreza por debajo del 10 por ciento y que prácticamente había eliminado la pobreza extrema.

Una explicación podría radicar en los altos niveles de desigualdad observados en Chile. A pesar de los avances económicos y sociales, Chile es el tercer país de la Ocde con los peores indicadores de distribución del ingreso, solo superado por sus pares de la región, Colombia y Costa Rica. Sin embargo, los niveles de desigualdad (y pobreza) son ampliamente superiores en prácticamente la totalidad de los restantes países de Latinoamérica, lo que implica que los altos niveles de desigualdad no parecen ser la explicación detrás de las protestas.

Si bien es ingenuo pretender que una única causa explique lo ocurrido en 2019, vale la pena examinar el estancamiento de la economía chilena durante la década anterior, incluso antes de la llegada del covid-19.

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Nuestra hipótesis es que Chile fue víctima de su propio éxito y de su incapacidad para reinventarse: con base en reformas en varios frentes y un manejo serio de la política económica, Chile pudo crecer rápidamente hasta convertirse en el país de la región con el mayor ingreso por habitante. Esto generó altas expectativas en la población en términos de la cantidad y calidad en la provisión de bienes públicos esenciales, como salud, educación y pensiones. Infortunadamente, la ausencia de reformas adicionales en la década anterior condujo a que los avances en Chile en estos frentes estuvieran muy por debajo de lo esperado.

En términos de salud, Chile cuenta con dos sistemas que tienen amplias desigualdades en términos de calidad y oportunidad en la atención. Por un lado, un sistema privado (Isapre) que cubre al 22 por ciento de la población, usualmente de bajos riesgos y altos ingresos. Por otro lado, un sistema público (Fonasa), que cubre a la gran mayoría de la población, el 78 por ciento restante, y que está constituido especialmente por la población de alto riesgo y los hogares de ingresos bajos y medios.

Aunado a lo anterior, el gasto de bolsillo en salud es un 34 por ciento del gasto total, uno de los más altos en países de la Ocde, donde el gasto de bolsillo promedio es notablemente inferior (20 por ciento). Esto indica que una parte sustancial del riesgo en salud queda en cabeza de los hogares.

Protesta contra constitución en Chile

El malestar que empezó en Chile en 2019, contra la desigualdad social y económica, no se calmó con la llegada de Gabriel Boric a la Presidencia. El 1.º de mayo nuevos sectores expresaron descontento.

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Alberto Valdés / Efe

En materia de educación, Chile continúa teniendo uno de los peores resultados en las pruebas Pisa, que además están por debajo de lo esperado frente al gasto observado, lo que indica que también hay problemas en la eficiencia del gasto en educación. A esto se añade que los problemas de calidad son más graves para los hogares más pobres: el puntaje en matemáticas de los estudiantes chilenos en el 25 por ciento más pobre es un 16 por ciento más bajo que el puntaje promedio de los estudiantes de la Ocde en igual condición socioeconómica.

Finalmente, en términos del sistema de protección en la vejez, si bien Chile fue un país pionero en introducir un sistema de contribución definida que pretendía alejarse de los problemas asociados a los sistemas de beneficio definido en el contexto del envejecimiento poblacional, elementos como una baja tasa de contribución obligatoria, una baja densidad de cotización y una alta informalidad laboral generaron un sistema con tasas de reemplazo inferiores al 40 por ciento y que caerán al 30 por ciento de acuerdo con la Ocde, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio observado en ese club de países.

Ahora bien, ¿por qué Chile no pudo continuar fortaleciendo la calidad de la educación y del aseguramiento de los hogares en salud y vejez? Buena parte de la explicación creemos que se debe a una ausencia de reformas audaces que permitieran continuar impulsando el crecimiento económico y reduciendo la desigualdad. La élite chilena creyó, sin razón, que el país continuaría avanzando rápidamente en sus indicadores económicos y sociales sin requerir nuevas reformas. Lo que ocurrió, sin embargo, fue un estancamiento económico y social frente a los países más ricos.

A pesar de los avances sociales y económicos, Chile es el tercer país de la Ocde con los peores indicadores de distribución del ingreso, solo superado por sus pares de la región, Colombia y Costa Rica

Entre 1994 y 2010 Chile logró cerrar sustancialmente la brecha de su ingreso por habitante en dólares, ajustados por paridad en poder adquisitivo (PPA), en relación con el de Latinoamérica y el de la Ocde, pasando de un PIB per cápita relativo al promedio Ocde del 34 por ciento a uno del 53 por ciento. Al mismo tiempo, Chile superó el PIB per cápita relativo al promedio de Latinoamérica, pasando de un nivel de 90 por ciento en 1994 a uno de 134 por ciento en 2010. Sin embargo, luego se observa un estancamiento en este proceso de convergencia: el producto interno bruto per cápita relativo a la Ocde prácticamente no cambió en la última década, aumentando del 53 por ciento en 2010 a apenas el 54 por ciento en 2019.

Este estancamiento económico también se tradujo en un estancamiento en el ritmo de reducción de la desigualdad. Si bien Chile redujo rápidamente su coeficiente de Gini –un indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en la escala de 0 a 100, siendo los valores más altos los que indican una mayor concentración en la distribución del ingreso– de 54,2 en 2000 a 46,9 en 2010 (7,3 puntos porcentuales), apenas pudo reducirlo a 44,4 en los siete años siguientes (2,5 puntos porcentuales).

Si bien no son una prueba indiscutible, el estancamiento en el crecimiento económico aunado a un menor ritmo de la reducción en la desigualdad son factores que indican que la dirigencia chilena, presa de su éxito anterior, permaneció impávida ante la necesidad de un mejor aseguramiento de riesgos y una mayor inclusión social y productiva. En el contexto de los avances económicos y sociales en las décadas anteriores, las expectativas no cumplidas de un continuo mejoramiento del contrato social podrían explicar la magnitud y las consecuencias de la protesta social en Chile, que inició en 2019.

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Estos hechos dejan importantes reflexiones para Colombia. Los elementos aquí identificados para Chile, tal vez con excepción de los relacionados con la salud, aplican igualmente para el caso colombiano. Las protestas que se iniciaron en Colombia en 2019 y que llegaron con más fuerza en 2021 son una señal que nos debe hacer reflexionar sobre lo mucho que ha avanzado Colombia en las últimas décadas, pero también sobre los grandes problemas estructurales que ameritan reformas para mejorar el contrato social en nuestro país y sobre los riesgos asociados a caer en la complacencia. En este sentido, desde la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) hemos hecho propuestas concretas que creemos ameritan ser discutidas (‘Reformas para una Colombia poscovid: hacia un nuevo contrato social’ –2020– y ‘Qué hacer en política económica y social’ –2022–).

LUIS FERNANDO MEJÍA
Director de Fedesarrollo
Para EL TIEMPO

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