Paraguay, el espejo de la crisis criminal que se vive en América Latina

El asesinato en las playas colombianas del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, dedicado a la investigación del crimen organizado, expuso la dura crisis de seguridad que enfrenta el país sudamericano por cuenta del narcotráfico y las bandas que operan bajo la impunidad. Y es que si bien Pecci fue asesinado en Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel, las primeras hipótesis apuntan a que su trabajo contra la mafia estuvo detrás del catalogado magnicidio.

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Marcelo Pecci

Pecci y su esposa Claudia Aguilera durante su luna de miel en Barú.

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Instagram: @aguileraclaudi

Según analistas consultados por este diario, el caso Pecci es un reflejo de la extendida crisis del crimen que enfrenta Paraguay. La red Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) calificó la situación del país como una “auténtica crisis de seguridad” debido a la operación de los grupos criminales que se dedican al negocio de la droga y a la incursión del narcotráfico en las altas esferas públicas y políticas.

Juan Martens, doctor en criminología y seguridad de Paraguay, le afirmó a EL TIEMPO que su país se convirtió en “un gran centro de distribución regional de la cocaína”, dado que aunque es una nación sin salidas al mar, su posición en medio de dos grandes territorios, como lo son Argentina y Brasil, lo han convertido en una ruta propicia para el paso de la droga dentro del continente y hacia Europa.

“La hidrovía Paraguay-Paraná se convirtió en el principal lugar de salida de la mercancía con destino a Europa, a través de los puertos de Buenos Aires o Montevideo, e hizo que, efectivamente, carteles de México, de Colombia, de Europa del Este, de Italia incluso, se hayan asentado aquí”, dice.

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Sumado a esto, el experto menciona que Paraguay es el mayor productor de marihuana de América del Sur. Esto debido a su amplia cantidad de territorio rural y a sus superficies planas que facilitan el cultivo de cannabis, según señala la fundación Insight Crime.

Esta ruta de la droga ha convertido a Paraguay en el epicentro de operación de diferentes grupos vinculados al narcotráfico, como el Primer Comando Capital de Brasil, la organización más grande de ese país, o el nacional Clan Rotela, que han recrudecido la violencia en los últimos años. Según el diario local Última Hora, en zonas como Asunción se intensificaron los casos de sicariato pasando de siete entre 2017 y 2020, a ocho tan solo en lo que va corrido del 2022.

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El fenómeno de la ‘narcopolítica’

Los analistas coinciden en que quizá el problema más grande que enfrenta Paraguay actualmente tiene que ver con la corrupción y la incursión del narcotráfico en las instituciones del poder.

El crimen organizado ha visto la necesidad de tener un control del aparato estatal para garantizar sus negocios ilegales. En los últimos tiempos, el Estado paraguayo ha mostrado el rostro más presente del narcotráfico en algunas instituciones. Hoy tenemos al menos dos diputados procesados por narcotráfico y lavado dinero, tenemos una diputada que fue condenada por lavado de dinero en Estados Unidos y tenemos a numerosos políticos que son caracterizados como personas vinculadas al tráfico de drogas”, afirma Oscar Ayala, secretario ejecutivo de Codehupy.

Justamente, la diputada paraguaya Kattya González aseguró en un discurso parlamentario tras la muerte de Pecci que al menos el 80 por ciento de sus compañeros tienen correlación con el crimen organizado.

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Ayala, sin embargo, explica que el asunto no es nuevo, pues incluso el partido del dictador Alfredo Stroessner ya tenía acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico desde 1954, que se extendieron hasta entrada la década del noventa.

Y en materia de justicia, según el índice Global de Impunidad de 2020, Paraguay se encuentra entre los diez países con mayores niveles de impunidad, ubicándose en el puesto 64 de 69 países en un listado ordenado de forma ascendente según sus índices de impunidad.

Al respecto, Ayala menciona que la política ha tenido una clara injerencia en la justicia, facilitando la obtención de sentencias a la medida o castigando y destituyendo a quienes se han dedicado a la lucha contra el crimen organizado.

“Nuestro mayor problema tiene que ver con la falta de independencia de la justicia, con la impunidad que deja a muchas de estas organizaciones trabajar, entre comillas, libremente y perpetrar crímenes que nos afectan a todos”, señala.

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La crisis en América Latina

Lo que sí es cierto es que el asesinato del fiscal Pecci, para los expertos, marca un antes y un después. Según Martens, el país nunca había tenido un caso como este en el que se atentó contra un funcionario del Ministerio Público por cuenta de los procesos que adelantaba.

“Un estado cooptado por el crimen organizado no ponía en riesgo intereses de bandas criminales y, por tanto, ni siquiera se veía la necesidad de protegerlos”, puntualiza.

Desde su perspectiva, el crimen de Pecci es una advertencia de los grupos criminales de que habrá un enfrentamiento con el Estado cuando las acciones de los jueces o los políticos los afecten o creen perjuicios para sus negocios.

“La muerte de Pecci se tiene que leer en esa línea, como un mensaje por parte de las bandas criminales que dicen: ‘Aquí nosotros hacemos lo que queremos, matamos no a cualquier fiscal, sino a uno de los principales fiscales de lucha contra el narcotráfico’”, agrega.

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Homenajes a Marcelo Pecci

Performance para pedir justicia tras el asesinato del fiscal Pecci.

No obstante, lo que ocurre en Paraguay no es exclusivo de este país en la región, resulta ser una peligrosa muestra de la criminalidad que en los últimos años se ha recrudecido en la mayoría de América Latina y cuyos tentáculos alcanzan a dominar, en algunos casos, las ramas del poder.

En Ecuador, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick afirmó que la vinculación del narcotráfico con las fuerzas militares estaba creando ‘narcogenerales’.

La lucha entre carteles también ha puesto en jaque al gobierno con una crisis carcelaria que le ha costado la vida a más de 400 reos desde 2020. Y en las calles, 1.255 personas han sido asesinadas, decapitadas o mutiladas en lo corrido del año, la mitad de todas las muertes registradas el año anterior.

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En el caso de México, un informe de EE. UU. afirmó que la corrupción y la falta de capacidad del gobierno no han permitido un control eficaz en el tráfico de drogas. Además, según Insight Crime, los grupos del narcotráfico son los responsables de que 2021 fuese el cuarto año consecutivo con más de 30.000 asesinatos en ese país.

Uruguay también habla de una “ola de violencia narco sin precedentes”. Tan solo en una semana se han encontrado 14 cuerpos de personas asesinadas en Montevideo.

Y en lo corrido de 2022, el país registra 96 homicidios, 33 por ciento más que en el mismo periodo de 2021. Si se mantiene la tendencia, según analistas consultados por Efe, Uruguay podría registrar un récord anual de homicidios.

Homenajes a Marcelo Pecci

Homenajes a Marcelo Pecci en Paraguay.

Homenajes a Marcelo Pecci

Funcionarios judiciales encabezados por la fiscal general, Sandra Quiñónez, marcharon desde la sede del Ministerio Público para pedir justicia.

Y es que si bien esta región concentra solo el 8 por ciento de la población mundial, representa el 33 por ciento de los homicidios cometidos en el mundo, según cifras publicadas por el Real Instituto Elcano.

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Bajo este panorama, Ayala asegura que es imprescindible que los Estados garanticen la independencia del poder y de la justicia para permitir que los organismos que tienen en sus manos la labor investigativa puedan ejecutarla de forma autónoma y segura.

Lo segundo, dice el experto, será implementar una política de inversión social para evitar que la falta de oportunidades arrastre a importantes sectores a los negocios ilícitos, en especial en una región con 201 millones de personas en situación de pobreza, según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO
REDACCIÓN INTERNACIONAL
@Angie_ruiz26

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