CIDH condena a Colombia por «exterminio» del partido político Unión Patriótica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH condenó el lunes al Estado colombiano en una audiencia transmitida por internet por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica y sus militantes.

La CIDH declaró que «Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes», señaló el juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte.

La Unión Patriótica (UP) se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, para contrarrestar el ascenso político de la UP, surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública, que derivó en actos de violencia, añadió la Corte.

Se cometieron violaciones a los derechos a la vida, honra, integridad, libertad de expresión, y a conocer la verdad de lo que sucedió con las víctimas, entre otras, según la sentencia.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, dijo la Corte en un resumen de la sentencia.

Se cometieron 3.170 ejecuciones extrajudiciales, 1.596 desplazamientos forzados, 521 desapariciones forzadas y 285 víctimas de atentados o tentativas de homicidio, señaló la Corte.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, dijo a The Associated Press la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado con una bazuca en 1996 y vivió en el exilio durante 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro escribió en Twitter, que su gobierno apoyará «la justicia nacional e internacional contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

Las medidas de reparación

El Estado deberá reparar a las víctimas, a través de la implementación de una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. También ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.

Asimismo deberá buscar rigurosamente a las víctimas desaparecidas y brindarles tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial.

El Estado también deberá reconocer públicamente la responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

[Con información de AP]

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