Ministra de España explica por qué migración de colombianos es un ‘aspecto positivo’ para su país y elogia reformas laboral y pensional del Gobierno Petro

Elma Saiz visitó esta semana Colombia en uno de sus primeros viajes internacionales como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, cargo que asumió en noviembre pasado. Se reunió, entre otros, con la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad de Colombia, Francia Márquez, y con Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo, para hablar sobre inclusión, políticas de igualdad y flujos migratorios.

En esta entrevista, concedida a EL TIEMPO en medio de su agitada agenda, Saiz habló de políticas públicas de España destacadas por el Banco Mundial y también elogió las reformas que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, afirmó que la migración puede “traer aspectos muy positivos” a un país “porque lo enriquecen”.

Inclusión, seguridad social y migraciones: el nombre de su cargo recoge tres pilares fundamentales de la función pública. ¿Qué motiva que uno de sus primeros viajes internacionales sea a Colombia?

A mí me gusta referirme al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como el Ministerio de las personas porque, en su conjunto, el Gobierno de España pone en el centro de la acción política a las personas, el mejorar sus vidas, y específicamente este Ministerio lo hace desde esas tres ‘patas’. Nuestro objetivo fundamental es avanzar en la protección e igualdad en derechos, y Colombia es uno de nuestros primeros destinos internacionales porque las relaciones entre ambos países son importantes para España. Colombia es un socio estratégico, y en todo lo que tiene que ver con el ámbito del Ministerio es muy importante compartir experiencias cuando hay objetivos comunes y avanzar en políticas útiles que mejoren la vida de la ciudadanía.

En España hay iniciativas que han sido elogiadas por organismos internacionales. Una de ellas es el Ingreso Mínimo Vital, ¿qué tan efectiva ha sido esta para promover la inclusión social en su país? 

Las diferentes Comunidades Autónomas en España tienen unas rentas autonómicas. Son unas rentas mínimas que dan una protección. Pero, ciertamente, es una responsabilidad del Gobierno de España el que no haya desigualdades en función de esos territorios. Por eso, en un contexto muy complicado, en el año 2020, en plena crisis por la pandemia del covid-19, se puso en marcha -porque es muy importante quién esté al frente de las instituciones- una voluntad política, este ‘paraguas’ que protege a toda la ciudadanía en España: el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que ha evitado que más de un millón y medio de personas cayeran en la pobreza y que convive con esas otras rentas autonómicas. Ese ingreso no solamente pone en marcha una prestación, sino que además es una renta compatible con el empleo, porque somos muy conscientes de que para la inclusión plena eso es necesario. Es una política viva y útil que se está constantemente innovando. La última innovación incorporada es el Laboratorio de Políticas de Inclusión.

En abril usted le presentó en Estados Unidos las conclusiones de ese laboratorio a representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo e incluso a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas… 

Sí. Gracias a los fondos europeos, se puso en marcha el Laboratorio de Políticas de Inclusión, que a través de 34 proyectos piloto que se han puesto en marcha en toda España, con diferentes colaboraciones de entidades del tercer sector, se aplica la evaluación científica para obtener resultados. Es decir, se aplican políticas sociales a determinados colectivos y se constata cómo se comportan, cuáles son los resultados. Se comparan como si fuera un ensayo científico cuando aplicas una vacuna: si le aplicas una vacuna a una persona cómo reacciona en relación a la que no se le aplica. Y así se obtienen evidencias científicas.

¿Qué resultados obtuvieron con esa metodología?

Todas las evidencias y las principales lecciones se sintetizaron en un decálogo con recomendaciones. Vemos cómo, por ejemplo, un acompañamiento integral no solo al individuo sino a toda la familia consigue muchos más objetivos de cara a la inclusión que si solo se actúa individualmente. O sea, se demuestra que la atención personalizada da mejores resultados. Lo vemos en los modelos de apoyo al empleo personalizado para personas en situación de discapacidad, con un aumento del 45 % en contratación. También se destacan la inversión en educación, la formación digital para disminuir la brecha en ese campo. Estos proyectos piloto son una política que queremos escalar, que queremos seguir aplicando porque dan buenos resultados. El objetivo es compartir y seguir avanzando porque, desde luego, con la inversión social se demuestra que el crecimiento económico de un país no solamente se tiene que medir en términos macroeconómicos sino que cuando se invierte en lo social también tiene un retorno importantísimo en igualdad, en equidad y en un crecimiento sostenible en el tiempo.

¿Y cómo puede inspirar ese decálogo de resultados a países como Colombia a quizás diseñar y desarrollar iniciativas similares?

Sin duda, cuando evaluamos las políticas y vemos cuáles son eficaces y cuáles no, eso ayuda a tomar decisiones a la hora de manejar recursos públicos, que no son ilimitados. El tener esa evaluación es de ayuda, siempre que haya esa voluntad porque, insisto, y quiero ser muy insistente con esto, detrás de esta puesta en marcha hay una ideología, unos principios, una forma de ver la política. Por eso, es más fácil compartirlo con gobiernos que tengan también esos parámetros porque hay otros con los que es más difícil pues priorizan otras actuaciones, por ejemplo, el reducir impuestos a quienes más tienen. Evidentemente, esos son caminos distintos. Lo importante ahora es seguir escalando esta manera de proceder y, por supuesto, compartirlo con otros países, como es el caso de Colombia.

Usted mencionó la “inclusión plena”, y a la hora de hablar de ese fin salta a la mesa el tema migratorio, un desafío mundial al que España y Colombia no han sido ajenos. En momentos en los que abundan los discursos xenófobos, ¿cómo encajar la migración en ese proyecto social?  

La política migratoria del Gobierno de España pone en el centro los derechos humanos y ve el desafío migratorio como algo positivo, siendo absolutamente contundentes y combatientes con cualquier atisbo de xenofobia y de racismo, que vemos que avanzan en Europa con la extrema derecha. Y eso, como responsables públicos, es algo que lo llevamos a rajatabla, con contundencia. Pero también con instrumentos, como el observatorio en el Ministerio que nos monitoriza los discursos de odio en redes sociales y que nos ayuda como administración a también poner pie en pared y a cortar de raíz cualquier atisbo de xenofobia y racismo.

Dice usted que el desafío migratorio es un factor positivo para España, ¿a qué se refiere?

Efectivamente, esos movimientos migratorios nos traen aspectos muy positivos como país porque lo enriquecen. Son parte de las experiencias que compartimos desde el punto de vista del Ministerio. Por ejemplo, con la orden Gecco, con la que más de 2.000 personas de Colombia han ido a nuestro país gracias a programas de migración circular. Desde luego, no pretendemos de ninguna manera arrebatarle el talento humano a Colombia sino que son fórmulas que suponen un gana-gana para ambos países. Colombia es la segunda procedencia de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, donde la afiliación extranjera ya llega a un 13 %. Los migrantes son riqueza y motor también de nuestro país. La realidad de los flujos migratorios va a seguir incrementado y forma parte de la agenda política de los países, así que ese desafío migratorio tiene que ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos, global y que combata el racismo y la xenofobia.

¿Qué decir de la situación de las y los colombianos migrantes en España? Cifras del Gobierno de Colombia apuntan también a que España es el segundo país con más connacionales… 

España es el país que más protege desde el punto de vista de derechos, en materia de seguridad social, a sus ciudadanos de Colombia: más de 200 mil afiliados a la Seguridad Social son de Colombia. Este gobierno tiene tres prioridades fundamentales: el empleo, la convivencia y el avanzar en derechos. Y eso también gracias a proyectos innovadores como We Care, también en el seno de la Unión Europea, y que avanza en fórmulas de migración circular y de colaboración siempre en esa línea de derechos, garantías y protección social.

En el marco de esos flujos migratorios hay también una cuestión de género. Naciones Unidas señala que las mujeres representan el 48 % de la población migrante en todo el mundo y que, en ese sentido, están expuestas a múltiples formas de violencias basadas en género durante ese proceso de movilidad. ¿Cómo actuar sobre ese enfoque?

En el Ministerio somos muy conscientes de que la perspectiva de género debe ser transversal porque en todo lo que tiene que ver con la inclusión plena hay un porcentaje muy importante de mujeres que se encuentran en una situación mucho más vulnerable. En el ámbito de la seguridad social, en pensiones y prestaciones, seguimos teniendo que combatir con brechas de género. Y, por supuesto, en el fenómeno migratorio también, allí se juntan las vulnerabilidades. Por eso, quiero destacar la puesta en marcha en el Ministerio del Consejo Asesor de Brecha de Género, conformado por profesionales de diferentes materias, para trabajar en la toma de decisiones de políticas públicas. Conscientes del fenómeno migratorio, estamos también en pleno proceso de modificar el reglamento de extranjería de España, donde la perspectiva de género va a tener un papel muy importante, con especial protección para evitar las dobles vulnerabilidades que enfrentan las mujeres. Fue parte de las iniciativas que compartimos con la vicepresidenta Márquez.

En Colombia se aprobó la reforma pensional del Gobierno. Eso ha desatado un debate sobre la jubilación digna. Ese desafío también lo enfrentan otros países, como Francia, donde hubo fuertes protestas. ¿Cuál cree que es la clave para efectuar esos cambios?

Para mí, es una herramienta fundamental que las reformas en estas materias siempre nazcan del diálogo social. Y es una buena praxis el abordarlas desde la conjunción sindical y la patronal. Así es como se llevó a cabo la reforma de pensiones en España, que está en funcionamiento, con el punto fundamental de garantizar la revalorización de las pensiones acorde al IPC para dar certidumbre a los pensionistas de hoy, pero también pensando en los pensionistas de mañana. En España tenemos el Pacto de Toledo, una comisión en el Congreso donde hay una serie de recomendaciones. La reforma de pensiones vigente nace del diálogo social, nace del Pacto de Toledo, y esos consensos hacen que las reformas sean mucho más duraderas en el tiempo y que respondan a la realidad del país.

En el Congreso colombiano también avanza el trámite de la reforma laboral del Gobierno. En enero, la vicepresidenta de España y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, vino al país y expresó su apoyo al proyecto. ¿El Gobierno español mantiene ese respaldo?

Sí, el Gobierno de Colombia ha emprendido reformas valientes y muy importantes, que ponen en el centro a la ciudadanía y que abordan cuestiones que afectan directamente la vida de muchas personas. Tanto la reforma laboral como la de pensiones son necesarias, y lo que demuestran es que desde un aspecto progresista es perfectamente compatible y posible el seguir garantizando la Protección Social con un crecimiento económico y una generación de empleo de calidad. Eso rompe los mantras que alimenta, por ejemplo en nuestro país, una oposición que no está a la altura y día tras día se están desmontando sus peores augurios, que hablaban de una situación económica mala y de destrucción del empleo. Y estamos viendo, con cifras y datos, cómo ocurre lo contrario, que es perfectamente compatible avanzar en la protección de derechos y seguir generando empleo, riqueza y una prosperidad compartida que no deje a nadie atrás.

Usted se reunió con la vicepresidenta Márquez, quien también preside el Ministerio de Igualdad, que creó este Gobierno inspirándose en países como España. En Colombia, sin embargo, esa cartera se ha visto envuelta en críticas por su baja ejecución e incluso la Corte Constitucional anuló su creación. Al margen de todo eso, ¿qué tan importante es sostener entidades de este tipo?

Es absolutamente fundamental porque no se puede legislar, avanzar en derechos y en Protección Social dándole la espalda al 50 % de la población. Vuelvo a la pregunta de la evaluación de las políticas públicas. Si estamos viendo en los flujos migratorios a mujeres acompañadas de niños y niñas, si estamos viendo que sigue habiendo una brecha de género en pensiones, pues está más que justificado. Al final son decisiones valientes que demuestran que quien está al frente de los gobiernos prioriza una defensa de toda la población. Así que no puedo más que felicitar y apoyar este tipo de decisiones.