La denuncia aparece en un comunicado de Human Rights Watch (HRW), fechado este viernes 2 de octubre, que documenta la detención de al menos ocho exiliados nicaragüenses privados de su nacionalidad. Entre ellos figura también el periodista Luis Galeano. Según personas con conocimiento de los casos, al menos cuatro tenían solicitudes de asilo pendientes.
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El contraste pone bajo la lupa la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump: mientras Washington sanciona a funcionarios nicaragüenses por su participación en la represión, sus autoridades detienen a personas que fueron víctimas de ese mismo Gobierno.
“Hace apenas tres años, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Ortega y Murillo, pero ahora los detiene y amenaza con deportarlos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Sin nacionalidad y detenidos en medio de una audiencia para solicitud de asilo
Los presos políticos de Nicaragua. Foto:EFE/ AFP
Los siete expresos políticos formaban parte del grupo desterrado el 9 de febrero de 2023, cuando Managua los declaró “traidores” y les retiró la nacionalidad.
EE. UU. les concedió un permiso humanitario de permanencia, conocido como parole, por dos años. Esa autorización temporal no equivalía a una residencia permanente.
Al menos dos de los ocho hombres fueron detenidos durante una audiencia judicial o una entrevista de asilo entre abril y septiembre de este año.
Según HRW, cinco aparentemente continúan bajo custodia. La organización confirmó cuatro detenciones mediante el localizador de ICE, pero no pudo verificar de forma independiente un quinto caso reportado por los medios de comunicación.
Al menos dos de los ocho hombres fueron detenidos durante una audiencia judicial o una entrevista de asilo entre abril y septiembre de este año.
Otros dos recuperaron la libertad. Marvin Castellón Ubilla fue liberado en julio, tras más de dos meses de detención, y Galeano salió bajo fianza el 26 de septiembre.
El periodista, de 48 años, había sido arrestado el 14 de septiembre y permaneció recluido en el centro de detención migratoria de Krome, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, Florida.
Según su familia, solicitó asilo en junio de 2019, tiene permiso de trabajo y carece de antecedentes penales en Estados Unidos. Su próxima audiencia migratoria está prevista para el 27 de octubre.
Hacinados, pasando frío extremo y sin ropa de cama: detenidos por ICE
ICE Foto:Archivo EL TIEMPO / Agencias AFP y EFE
Su caso también pone de relieve las condiciones de detención. HRW ha denunciado hacinamiento, frío extremo y falta de ropa de cama en Krome. Una inspección del Departamento de Seguridad Nacional, cuyos resultados se publicaron en septiembre, documentó incumplimientos en la atención médica y en el uso de la fuerza, incluida la aplicación indebida de una llave de estrangulamiento a un detenido.
La organización señala diferencias entre los antecedentes de los afectados. Dos habían sido condenados en Nicaragua por delitos relacionados con drogas, en procesos que organizaciones nicaragüenses describen como políticamente motivados. Uno de los hombres fue condenado en Estados Unidos por la posesión ilegal de un arma de fuego y recibió la libertad condicional.
La preocupación, sin embargo, va más allá de estos expedientes. Según un análisis de HRW, basado en datos de ICE, Estados Unidos deportó a más de 6.300 nicaragüenses entre enero y julio de 2026, frente a 3.323 en el mismo periodo de 2025.
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También aumentan los envíos a terceros países. Desde enero de 2025, más de 1.100 nicaragüenses han sido expulsados a destinos fuera de su país, incluidos México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
Entre ellos está Juan Barilla, un campesino que pasó más de dos años en prisión y pertenecía al grupo de los 222 desterrados. Estados Unidos lo deportó a Honduras en noviembre de 2025.
Para HRW, enviarlos a países vecinos tampoco garantiza su seguridad. En marzo, expertos de Naciones Unidas denunciaron que Managua opera una red transnacional para identificar, vigilar y perseguir a exiliados. Documentaron al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato de críticos en el exterior.
Las deportaciones a terceros países volvieron a reactivarse. Foto:Collage de elaboración con IA
El riesgo incluye que un tercer país termine devolviéndolos a Nicaragua. HRW recuerda que las obligaciones internacionales de Estados Unidos prohíben las devoluciones a lugares donde exista peligro de persecución o tortura, incluidas las expulsiones indirectas a través de otros países.
Por eso reclama una oportunidad real de impugnar esas deportaciones y pide al Congreso que exija información sobre cuántos nicaragüenses privados de su nacionalidad están detenidos y a qué destinos pretende enviarlos.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
@sergom68
