Protestas en Perú por decreto que tilda la transexualidad de ‘enfermedad’: Gobierno se niega a derogar la orden

Más de 200 activistas de organizaciones y colectivos LGBTIQ+ de ese país protestaron en la tarde de este viernes frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para exigir la revocatoria de la norma en vigor desde el 10 de mayo que, denuncian, incentiva la discriminación y la violencia contra la población trans.

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Bajo lemas como «¡No es enfermedad, es diversidad!» y «Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans», las, los y les manifestantes bloquearon por unas horas la transitada avenida donde está el ministerio. La policía que resguardaba el recinto se limitó a observar.

En entrevista con este diario, Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans Féminas Perú, denunció que «esta medida lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad».

El 10 de mayo, el Ministerio de Salud peruano publicó la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) en el que se incluyó, según se lee, el «transexualismo, el transvestismo de rol dual y el trastorno de la identidad de género en la niñez» como enfermedades de salud mental, lo que ha provocado una reacción de rechazo de activistas y organizaciones.

La indignación aumentó en las últimas horas luego de que un portavoz de la autoridad sanitaria justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

«El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención», le dijo a la agencia AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del Ministerio de Salud. Según el portavoz, «ha habido una mala lectura y una interpretación errónea» del decreto. 

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La transexualidad «no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican», comentó Alvarado.

El rechazo al decreto se da precisamente porque actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. En el decreto se empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a las organizaciones LGBTIQ+.  

Sin embargo, la propia OMS dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental desde 2018, en respuesta a los llamados que activistas y organizaciones venían haciendo desde hace décadas, advirtiendo los peligros que implicaba la patologización de sus identidades. 

La organización Más Igualdad Perú, que ha encabezado las voces de protestas, explica que el decreto hace mención de la «versión 10 (CIE-10), que fue desarrollada y publicada en 1992 y que contiene categorías de diagnóstico desactualizadas y patologizantes para la población LGBTIQ+, especialmente para la población trans».

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En ese sentido, la organización, en cabeza de su director, Fhran Medina Zavala, advierte que «resulta peligroso utilizar un documento que hace referencia a categorías desactualizadas de diagnóstico que tanto la propia Organización Mundial de la Salud, y otros organismos de salud mental internacionales han catalogado como patologizantes y que no responden a la realidad científica y social de las personas de la diversidad sexual y de género».

Pero Carlos Alvarado insistió este viernes en que la intención del gobierno peruano fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente. 

«La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible», sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante. 

Lo cierto es que las organizaciones y activistas LGBTIQ+ advierten que, mientras la norma siga vigente, la población trans está expuesta a muchos peligros, desde discriminación laboral y médica hasta incluso las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan actualmente con torturas.​

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«La existencia de las mal llamadas “terapias de conversión” implica una amenaza al derecho de toda persona gay, lesbiana, trans, bisexual, intersex o no binaria de acceder a servicios de atención de la salud mental de calidad, y la expone a situaciones denigrantes que pueden incrementar el nivel de afectación de su salud mental», advierte Más Igualdad Perú.  

En Perú no se permite que las parejas del mismo sexo se casen o formen uniones civiles, no se cuenta con un procedimiento para que las personas trans cambien sus documentos para reflejar su identidad de género ni tampoco hay leyes civiles que prohíban la discriminación contra las personas LGBTIQ+.

La organización Human Rights Watch emitió una alerta al respecto este jueves en su página web y señaló que «el gobierno peruano debería derogar este decreto sesgado y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de enfermedades de la OMS con respecto a la orientación sexual y la identidad de género». 

«Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (…) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género», advirtió la organización.

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