La administración de Donald Trump dio el fin de semana un paso clave para rediseñar el control y el destino de los recursos petroleros venezolanos al firmar una orden ejecutiva que blinda las ganancias futuras de la explotación de crudo frente a demandas judiciales en Estados Unidos y reclamos de acreedores internacionales.
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Chevron es la única petrolera que actualmente opera en Venezuela. Foto:AFP
La medida, que fue presentada como un “asunto de seguridad nacional”, busca impedir que esos fondos sean embargados por compañías que durante años han litigado para resarcirse por expropiaciones, deudas impagas o indemnizaciones pendientes.
La orden, hecha pública el fin de semana, declara una “emergencia” que busca proteger los ingresos por la explotación de crudo venezolano que serán depositados en cuentas especiales del Departamento del Tesoro de EE. UU. (los llamados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros).
A partir de ahora, esos recursos, derivados de la venta de petróleo o de diluyentes, quedarán bajo custodia del Gobierno estadounidense y no podrán ser objeto de embargos, gravámenes ni de otros procesos judiciales, salvo que exista una autorización expresa del Ejecutivo.
La decisión llega una semana después de que fuerzas estadounidenses lanzaron una operación encubierta en Venezuela para capturar al líder chavista Nicolás Maduro, y en medio de la determinación de Washington de asumir un rol directo en la administración de los ingresos petroleros que estaría dispuesto a ceder el nuevo régimen liderado por Delcy Rodríguez.
El secretario de Energía de EE. UU. ya había informado el miércoles que Estados Unidos controlará de forma “indefinida” las ventas de crudo venezolano y depositará en cuentas del Gobierno estadounidense el dinero derivado de esas transacciones para “beneficiar al pueblo de Venezuela”.
Según fuentes citadas por la administración Trump, el esquema comenzaría con entre 30 y 50 millones de barriles que ya están en reserva y que serían comercializados por EE. UU. y canalizados a través de cuentas del Tesoro bajo supervisión estadounidense.
El texto de la orden ejecutiva señala que cualquier intento de embargo sobre esos fondos “interferiría sustancialmente con los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”.
Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, el equivalente a 364.000 millones de barriles. Foto:Henry Chirinos/EFE
A juicio de la Casa Blanca, el fracaso de esa estrategia pondría en riesgo objetivos mayores de política exterior, como frenar la migración irregular, combatir el narcotráfico y contener la influencia de actores considerados hostiles, como Irán y Hezbolá, además de “llevar paz, prosperidad y estabilidad al pueblo venezolano y al hemisferio occidental”.
Aunque la medida es amplia, tiene como destinatarios a las grandes petroleras y otros acreedores que desde hace años reclaman miles de millones de dólares a Venezuela.
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Trump busca que petroleras inviertan en Venezuela
Empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaron el país hace casi dos décadas tras la nacionalización de sus activos y han obtenido fallos favorables en tribunales internacionales. ConocoPhillips, por ejemplo, reclama unos 12.000 millones de dólares en indemnización por las pérdidas incurridas.
Ese trasfondo quedó al descubierto el viernes, cuando Trump reunió en la Casa Blanca a una docena de ejecutivos del sector energético, en un intento por convencerlos de invertir nuevamente en Venezuela.
Durante ese encuentro, varios directivos recordaron que habían perdido fortunas tras las expropiaciones y expresaron su expectativa de recuperar esos fondos.
Pero Donald Trump respondió que su administración no revisaría “lo que la gente perdió en el pasado” y que, a partir de ahora, sería “borrón y cuenta nueva”.
Al mismo tiempo, para ofrecerles garantías, indicó que de ahora en adelante tratarían directamente con el Gobierno de EE. UU. y no con las autoridades venezolanas.
El Departamento de Energía de Estados Unidos aseguró el domingo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI “elevarán de inmediato” su inversión en Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, el equivalente a 364.000 millones de barriles o el 17 por ciento del total, pero una producción que solo representa el 1 por ciento global, según datos de Standard & Poor’s (S&P).
Shell invertiría más dinero en Venezuela. Foto:Shell
Aunque el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo a Trump que la empresa está preparada para “invertir con fuerza en Venezuela”, en el encuentro destacó la intervención del director de Exxon, Darren Woods, quien opinó que el país caribeño “hoy es ininvertible”.
El secretario de Energía aseveró que la opinión de Exxon es la “atípica”, al afirmar que hay “al menos una docena” de compañías listas para volver a Venezuela.
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Los ejecutivos también expresaron dudas sobre las garantías a largo plazo ante un mercado que ya está saturado de crudo.
La duda legal del decreto
Desde el punto de vista legal, la orden ejecutiva se apoya en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y en la Ley de Emergencias Nacionales.
Define los ingresos petroleros como “propiedad soberana” del Estado venezolano, aclara que EE. UU. actúa únicamente como custodio y no como participante comercial, y subraya que el depósito de esos fondos en cuentas del Tesoro no implica ninguna renuncia, explícita o implícita, a la inmunidad soberana de Venezuela.
Una de las preguntas abiertas es hasta qué punto este blindaje también afecta a otros acreedores estatales, como China, a la que Venezuela debe cientos de millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo.
La nueva encaragada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto:AFP
En principio, la orden prohíbe cualquier acción judicial contra los fondos mientras estén bajo custodia estadounidense, independientemente de si los reclamantes son empresas privadas o gobiernos extranjeros. Sin embargo, deja en manos del Departamento de Estado la decisión final sobre el destino de los recursos, lo que sugiere que Washington se reserva un amplio margen político para negociar pagos, reestructuraciones o acuerdos bilaterales en el futuro.
Con esta orden, el presidente Donald Trump no solo busca evitar una avalancha de demandas que podría vaciar rápidamente los ingresos petroleros venezolanos, sino también consolidar el control de EE. UU. sobre una palanca económica clave en la transición política del país.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
