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Trump ha enviado a miles de agentes federales de inmigración a Minnesota como parte de una amplia redada que ha desatado indignación por la muerte de dos civiles estadounidenses por balazos de la policía migratoria (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) en Minneapolis, la principal ciudad de este estado demócrata.
Las autoridades lanzaron este mes un programa para reexaminar la situación legal de los aproximadamente 5.600 refugiados en Minnesota que aún no han recibido la «green card», el documento que permite a los inmigrantes residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos.
Protesta contra el ICE tras el asesinato a tiros de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, EE. UU. Foto:EFE
En su orden del miércoles, el juez de distrito John Tunheim dijo que la administración Trump podía continuar aplicando las leyes de inmigración y revisar la situación de los refugiados, pero que debía hacerlo «sin arrestar ni detener a los refugiados».
«Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz —y, lo que es importante, el derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa en sus hogares o de camino a servicios religiosos o a comprar comestibles», escribió Tunheim.
«En el mejor de los casos, Estados Unidos sirve como refugio de libertades individuales en un mundo que con demasiada frecuencia está lleno de tiranía y crueldad. Abandonamos ese ideal cuando sometemos a nuestros vecinos al miedo y al caos», apostilló.
La policía arresta a manifestantes en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos Foto:EFE
La orden recibió una rápida reprimenda del vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, una figura poderosa que encabeza la política migratoria de línea dura de Trump.
«El sabotaje judicial de la democracia no tiene fin», escribió Miller en X.
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La orden de Tunheim exige que cualquier refugiado detenido bajo la revisión de estatus en Minnesota, conocida como Operación PARRIS, sea «liberado de inmediato»
Manifestación en rechazo a los operativos del ICE en Mineápolis, Minnesota. Foto:EFE
Los refugiados que esperan su estatus de residentes permanentes «han pasado rigurosas verificaciones de antecedentes y procesos de selección, han sido aprobados por múltiples agencias federales para su ingreso, han recibido permiso para trabajar, han recibido apoyo del gobierno y han sido reubicados en Estados Unidos», escribió Tunheim.
«Estas personas fueron admitidas en el país, han seguido las reglas y están esperando que se ajuste su estatus a residentes permanentes legales de Estados Unidos».
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Cerca de 100 violaciones de órdenes judiciales por parte de ICE
A esta decisión se suma una orden judicial del juez presidente de Minnesota, Patrick Schiltz, que repochó a ICE de haber violado casi 100 órdenes judiciales solo en este mes.
El togado presentó el miércoles una orden judicial en la que cancelaba la audiencia del jueves del director en funciones del ICE, Todd Lyons. En la orden, Schiltz proporcionó una lista de 96 órdenes judiciales que, según él, fueron violadas en 74 casos.
«Esta lista se limita a las órdenes emitidas desde el 1 de enero de 2026 y ha sido recopilada apresuradamente por jueces extraordinariamente ocupados. Sin duda, se han cometido errores y se han omitido órdenes que deberían haber aparecido en esta lista», se lee en la orden.
«Es casi seguro que el alcance del incumplimiento de ICE se ha subestimado considerablemente», agrega Shiltz.
