Sin función legislativa y gobernado a través de decretos ejecutivos, Ecuador cierra una turbulenta semana política en la que 137 asambleístas fueron cesados en funciones por el presidente Guillermo Lasso, a través de la activación de la “muerte cruzada”; una figura constitucional aprobada en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa que, además de disolver la Asamblea Nacional, obliga a adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para culminar el periodo 2021-2025.
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La radical medida, utilizada por primera vez en la historia del país, ya fue santificada la noche del jueves por la Corte Constitucional, que no encontró vicio legal alguno para impedir su vigencia. Eso sumado a que la comunidad internacional dio un espaldarazo al gobierno e incluso Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, rehusó comparar la decisión ecuatoriana con lo sucedido en Perú, cuando en diciembre del 2022 el expresidente Pedro Castillo disolvió el Congreso para frenar su destitución.
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“La ciudadanía clamaba por una salida a la situación de ingobernabilidad y conflicto político”, señaló a EL TIEMPO el analista y catedrático Andrés Mideros Mora. “Se acelera una transición que será un desfogue de la crisis política e institucional que viene arrastrando el Ecuador desde el 2018 y que se apaciguó por el aislamiento de la pandemia, pero que ha estado latente con movilizaciones sociales, pedidos de revocatoria del mandato y amenazas de muerte cruzada entre la Asamblea y el Ejecutivo”, acotó el experto.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
Se acelera una transición que será un desfogue de la crisis política e institucional que viene arrastrando el Ecuador desde el 2018 y que se apaciguó por el aislamiento de la pandemia.
Así, el “despido” de los congresistas que apenas iniciaron un segundo periodo de funciones el pasado 14 de mayo con una aceptación menor al cinco por ciento, parece haber traído más luz que oscuridad al pueblo ecuatoriano y a la frágil estabilidad política de este país sudamericano. “El muerto, muerto está (…) y este muerto ha traído más alegrías que tristezas”, señaló el analista Santiago Basabe en sus redes sociales.
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Aunque el riesgo país escaló sobre los 1.800 puntos y los bonos país redujeron su valor en un 10 por ciento, la tranquilidad social y el desarrollo normal de las actividades económicas, educativas y sociales evidencian una reacción popular favorable a la medida. Sondeos rápidos de opinión aseguran que 91 por ciento de los ciudadanos apoyan la decisión, pero aúnan el clamor que el cierre de la Asamblea Nacional sea el inicio de una transición para “que se vayan todos”.
El mandatario, que apenas contaba con 25 votos a favor en la Asamblea, justificó su decisión en “una grave conmoción interna” -permitido constitucionalmente- y aludió el bloqueo legislativo permanente a sus propuestas de ley, al enfrentamiento constante, a los anuncios de juicios políticos injustificados contra ministros y autoridades de Estado que no le permitieron avanzar en su proyecto.
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Lasso dice haber frenado un “plan macabro” que pretendía desde la legislatura tomarse las instituciones de control del Estado, pero en la práctica también evitó su eminente destitución a través de un juicio político que una mayoría de oposición legislativa debatía en su contra bajo la acusación de concusión y peculado.
El presidente conservador, según sus acusadores, no tomó decisiones para evitar un perjuicio económico en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) en la contratación de buques para el transporte de petróleo, proceso en el que la Contraloría General del Estado detectó responsabilidades por más de seis millones de dólares.
Pocas semanas antes de este desenlace, la firma Click Report publicó que el 33 por ciento de los ecuatorianos encuestados esperaban que Guillermo Lasso fuera destituido o renunciara a su cargo como presidente. El descontento ciudadano se da por el alto índice de violencia, el desempleo, la deprimente atención en salud, entre otros temas sensibles.
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Tras lo ocurrido esta semana, Lasso, en lo que se estima será un máximo seis meses, podría entregar el poder a un gobierno interino que complete el actual periodo presidencial hasta mayo del 2025, por lo que ya se enlistan los precandidatos que se presentarán a las urnas el próximo 20 de agosto para una primera vuelta electoral, según calendario tentativo del Consejo Nacional que convocará a elecciones el próximo 24 de mayo.
Una izquierda fortalecida
El correísmo parece ser el más beneficiado con la muerte cruzada que la venía reclamando desde hace meses. “Como siempre dijimos: la medida es inconstitucional, pero lo mejor para la Patria es tener elecciones”, dijo Correa en su cuenta de Twitter, respaldado en los favorables resultados electorales que tuvo su movimiento en febrero pasado cuando logró captar la mayoría de los gobiernos seccionales del país, incluidos los bastiones más importantes, Quito y Guayaquil.
Pero Mideros cree que el tablero electoral se mueve hacia unas opciones de gobierno distintas que rompan el esquema de austeridad fiscal y liberación económica, implementados por el expresidente Lenín Moreno y Lasso. Para el analista, ahora la gente reclama una mayor presencia del Estado para atender la política social y la garantía de derechos.
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“Todo dependerá de quién termine captando el favor electoral con propuestas claras y precisas en política productiva, seguridad y protección social que son las demandas populares. Lo cierto es que para las elecciones próximas se pondrá en evidencia cuánto hemos aprendido como sociedad para la búsqueda de la gobernabilidad”, puntualizó.
El exvicepresidente Otto Sonnenholzner, que acompañó a Lenin Moreno; el cesado asambleísta Fernando Villavicencio, opositor acérrimo del correísmo; el excandidato presidencial Pedro Freile y otro cesado asambleísta de la Izquierda Democrática ya saltaron a la arena electoral como presidenciables.
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El candidato Yaku Pérez y su pareja, Manuela Picq, durante una manifestación en Quito.
Cristina Vega. AFP
El excandidato por el sector indígena, Yaku Pérez, que en el último proceso presidencial disputó reñidamente el segundo lugar con Lasso, le dijo a EL TIEMPO que “Ecuador vive los tiempos de Escobar en Colombia” con un reinante crimen organizado, narcotráfico y corrupción, a lo que se suman graves problemas sociales como el desempleo, la desnutrición infantil, la falta de oportunidades laborales por lo que es necesario hacer una “minga nacional (trabajo colectivo) para construir la tercera vía real sustentada en la deuda ecológica, social y ética y no ir al despeñafero”.
Pérez resaltó que no hay nada que festejar con la muerte cruzada, pero consideró “un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que nos representaba el presidente Lasso”, dijo al resaltar que “es el momento de construir la opción preferencial de los más humildes, sin odios ni rencores, es el momento de la reconciliación nacional”.
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Gobernar bajo decreto
Mientras tanto, en este panorama de transición, Lasso gobernará a través de decretos/leyes en materia económica que pasarán por el tamiz de la Corte Constitucional. A ese respiro le apuesta para levantar su desgastada aceptación que escasamente llega al 12,7 por ciento y cumplir sus promesas de campaña.
Por eso, para el analista Francisco Escandón si bien “la muerte cruzada que envía a una sarta de corruptos y mediocres a sus casas provoca un júbilo generalizado en el pueblo, no es menos cierto que es una peligrosa apuesta que hace el gobierno para imponer en corto tiempo, aceleradamente, su agenda neoliberal fracasada”.
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Según el analista, es preocupante que ya se haya anunciado el envío de al menos cinco decretos-ley “que buscan precarizar el trabajo, privatizar las empresas estratégicas, flexibilizar la contratación pública y liberalizar el comercio. Ese es el verdadero interés encubierto detrás de la muerte cruzada: enriquecer más a los millonarios a costa de mermar derechos de las mayorías”, comentó.
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El Ejecutivo anunció, para este lunes, el envío a la Corte Constitucional de un decreto ley para el establecimiento de las zonas francas en el país que, según el ministro de Producción, Julio Prado, permitirá que el sector privado defina las zonas de ubicación y el abanico para las actividades y servicios de manufactura, industriales o agroexportación.
También espera la sanción favorable de la Corte Constitucional para una reforma económica que reduciría la tributación a la renta con criterios como el número de cargas familiares y establece impuestos a las apuestas deportivas.
ANA LUCÍA ROMÁN
PARA EL TIEMPO
QUITO
