La firma Víctor Mosquera Marín Abogados presentó este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, una solicitud de medidas cautelares en favor de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y del ex comandante del Ejército Nacional Eduardo Zapateiro.
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Según un comunicado de la oficina de abogados, se presentaron las medidas cautelares «por las recientes amenazas de vida» contra sus representados, la senadora y el excomandante, por cuenta de la guerrilla del Eln, así como por «la omisión del Gobierno actual (de Gustavo Petro)».
En un pronunciamiento posterior ante medios de comunicación, el abogado Víctor Mosquera señaló que se busca que a sus clientes se les garantice «vida e integridad personal, pero sobre todo que las fuerzas de seguridad actúen en el tiempo adecuado y no dos meses después de conocerse los planes criminales del Eln».
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Mosquera se refirió así a las denuncia que hizo la Fiscalía colombiana la semana pasada en relación a un supuesto plan que atribuyó al Eln para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa; la senadora opositora María Fernanda Cabal, y el general retirado Eduardo Zapateiro, un señalamiento que ha sido negado por el grupo guerrillero, que este jueves advirtió de una «ofensiva mediática y armada» contra el proceso de paz, que lleva adelante con el Gobierno de Colombia, para tratar de impedir los avances de los diálogos, que arrancaron su cuarto ciclo el pasado lunes en Caracas.
El abogado dijo este viernes que se solicitó ante la CIDH que «se le dé la seguridad adecuada, que haya salvaguardas, para que ellos (Cabal y Zapateiro) puedan ejercer sus derechos y libertades dentro de Colombia, y que el Estado actúe armónicamente entre agencia de seguridad, de inteligencia y Gobierno Nacional para proteger sus vidas».
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De otro lado, Mosquera aseguró que a pesar de que tanto la senadora como el excomandante cuentan actualmente con esquemas de seguridad, estos «no son suficientes», pues, según dijo, «las agencias de inteligencia ya le habían informado al Ejército que este plan criminal se estaba orquestando, y lo procedente era informarle a la Fiscalía para neutralizar a estas personas que iban a cometer el crimen».
«Aquí no se trata de dar una protección posterior sino una preventiva, es decir que se actúe antes de que pasen las cosas», finalizó el abogado.
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Esta semana, en Colombia, la Procuraduría abrió una indagación contra el comandante del Ejército, general Luis Ospina, por «presunto ocultamiento» de información sobre este supuesto plan del Eln.
El Ministerio Público detalló en un comunicado que «recogió lo publicado en medios de comunicación que aseguraron que el Comando Especial Estratégico de la institución castrense habría puesto en conocimiento del alto oficial las intenciones del grupo insurgente desde hacía más de dos meses».
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO
