La estrategia de seguridad que implementa desde marzo de 2022 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su propósito de luchar contra las pandillas que llevaron a ese país a ser uno de los más violentos del mundo con cifras de homicidios que llegaron a 106 por cada 100.000 habitantes durante 2015, según estadísticas oficiales, ha sido una de las más cuestionadas por organizaciones internacionales y medios de comunicación debido a la violación de derechos humanos que han ocurrido en su apuesta por imponer la mano dura.
Pero, lo cierto es que siete años después, la nación centroamericana registró el año pasado unos 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, hecho que tiene a Bukele, quien buscará la reelección aunque expertos dicen que lo prohíbe la Constitución, con una popularidad de más del 90 % y que ha planteado la pregunta regional de qué tan viable es adoptar el llamado ‘Modelo Bukele’ y cuáles son sus principales riesgos.
Sobre este asunto discutieron expertos y periodistas esta semana en el foro ‘América habla: Unidos para informarnos mejor’ que realizó EL TIEMPO en El Salvador junto con La Prensa Gráfica, uno de los principales diarios centroamericanos.
“La violencia en América Latina representa una preocupación generalizada para los gobiernos. Un tercio de todos los homicidios en el mundo ocurren en esta región”, dijo Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO, durante la apertura del evento. Cortés, además, moderó el panel llamado: ‘Estrategias para enfrentar la violencia: lo que ocurre en El Salvador’, que contó con la participación de cuatro expertos.
El foro buscó arrojar luz sobre soluciones para enfrentar la criminalidad y sus flagelos asociados, como los homicidios, las extorsiones y el microtráfico. Esto debido a que los países latinoamericanos invierten recursos y esfuerzos en su propósito por construir democracias sólidas.
Nayib BUkele.
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De hecho, casi el tres por ciento del PIB que destinan las naciones de la región para proyectos de infraestructura se están teniendo que desviar de las arcas de los Estados para el rubro seguridad, aseguró Cortés.
Además, un reciente estudio de la Organización de Estados Americanos indicó que los “ciudadanos perciben la inseguridad como uno de los principales problemas de sus sociedades”.
El ‘Modelo Bukele’
Desde hace 19 meses, El Salvador instauró un régimen de excepción que ha conducido al arresto de más de 73.000 pandilleros. La medida permite a las autoridades detener a presuntos miembros de estas bandas sin una orden judicial.
La violencia en América Latina representa una preocupación generalizada para los gobiernos. Un tercio de todos los homicidios en el mundo ocurren en esta región
Para ello, el Estado ha venido construyendo megacárceles para someter a estas personas a un estricto régimen penitenciario, algo que la ciudadanía valora como positivo. Sin embargo, las mismas organizaciones humanitarias han criticado la medida debido a que en el proceso terminan siendo arrestados inocentes. De hecho, en estos casi dos años, El Salvador ha tenido que liberar a unas 7.000 personas.
No obstante, algunos sectores políticos latinoamericanos han querido “importar” el modelo salvadoreño.
Fue el caso, por ejemplo, de Jan Topic, el excandidato presidencial de Ecuador al que le llamaban el ‘Bukele ecuatoriano’.
Este outsider pasó de ser una figura política desconocida en su país a conseguir 14 % de los votos -un cuarto puesto- durante la primera vuelta presidencial de las elecciones extraordinarias del pasado 20 de agosto gracias a su discurso de “mano dura” en un país donde combatir la narcoviolencia fue el eje central de la campaña.
Incluso, en Centro América también han surgido admiradores de estas iniciativas. En Guatemala, la excandidata Sandra Torres llegó a elogiar durante su campaña a Bukele. Y, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro puso en marcha “estados de excepción” parciales inspirados en el modelo del presidente salvadoreño para hacer frente a la criminalidad.
Según Bukele, las maras controlaban el 80 por ciento del territorio del país.
¿Modelo a replicar?
En el foro realizado por este diario participaron: Ignacio Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam); la abogada salvdoreña Tahnya Pastor; el investigador y académico Carlos Carcach; y el jefe de La Prensa Gráfica, Edwin Segura, quienes discutieron sobre si un modelo como el de Bukele podría ser replicado en otros países de América Latina.
Por un lado, la abogada Pastor aseguró que las medidas implementadas en su país han “empoderado a la ciudadanía” y han puesto énfasis sobre las víctimas y no sobre los victimarios en un país que, a su juicio, tenía una justicia “hipergarantista” que hacía complejo el proceso de enjuiciamiento de los pandilleros.
“El llamado modelo Bukele no está escrito, todavía se está ajustando y no deberíamos demonizarlo por las falencias que hemos tenido. Hay que mejorarlo, especialmente en el tema de derechos humanos”, agregó.
Por su parte, Segura reconoció que la población “está satisfecha con los resultados del régimen de excepción”, pero que lo negativo sigue siendo que muchos capturados son personas que “no tienen nada que ver”. “Los salvadoreños estaban sometidos al autoritarismo violento de las pandillas. Ahora están dispuestos a aceptar que estarán bajo el autoritarismo del Estado”, dijo.
El llamado modelo Bukele no está escrito, todavía se está ajustando y no deberíamos demonizarlo por las falencias que hemos tenido. Hay que mejorarlo, especialmente en el tema de derechos humanos
Sin embargo, aunque los analistas coincidieron en que si bien la “mano dura” ha mostrado resultados, las denuncias de ONGs plantean preocupaciones sobre la garantía de salvaguardar los derechos humanos.
Y es que el régimen de excepción permite detenciones sin órdenes judiciales, con lo cual la “presunción de inocencia” ha desaparecido del país en estos casi dos años. A propósito, Cano dijo que al no existir esta presunción “se está poniendo fin al Estado de derecho” y “ahogando” a la democracia.
Cano también advirtió que “todas las políticas de ‘mano dura’ terminan fortaleciendo a estructuras criminales” y tienden a provocar resentimientos “en las clases más populares”.
“Hay un equívoco en el concepto de la ‘mano dura’. Lo que se necesita es ‘mano eficaz’. No sabemos cuántos de los 70.000 detenidos son inocentes porque no hay un debido procesamiento judicial. Esto genera resentimiento en las comunidades populares y podría terminar volviéndose contra la sociedad”, acotó el investigador.
En contraste, Pastor considera que en el terreno la realidad de las personas es muy distinta. “Ellas no van a comer del Estado de derecho” y que para quienes viven fuera de su país “es muy fácil criticar a Bukele”. “En las regiones la situación es muy distinta”, opinó.
Carcach, entre tanto, aseguró que, aunque muchos gobiernos de la región quieren imitar el “modelo bukelista”, la criminalidad y la violencia suelen ser procesos cíclicos que tienden a disminuir y a aumentar.
El académico explicó que, después de un periodo, los espacios que dejaron libres los miembros de las maras volverán a ser ocupados por otros grupos delictivos, por lo cual se requieren soluciones estructurales que atiendan las causas que ocasionan la criminalidad.
Los expertos coincidieron en que las tasas de homicidios empezaron a descender en El Salvador incluso antes del régimen de excepción siguiendo esta lógica “cíclica” de la criminalidad.
“La reducción de los homicidios no ha sido inmediatamente después ni vinculada directamente con el régimen de excepción. Hubo una reducción entre 2015 a 2018, cuando se redujo a la mitad y, luego, a un tercio entre 2018 y 2021. Hasta llegar a la cifra de siete homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado”, afirmó Segura.
“En ese sentido, lo que ha logrado el régimen de excepción de Bukele es hacer que los homicidios se mantengan en un solo dígito”, explicó Pastor. En contraste, Cano consideró que, aunque la medida lleva casi dos años en vigor, es “insostenible” mantenerla indefinidamente.
Los expertos hicieron un llamado a “repensar” el enfoque actual y a considerar soluciones más efectivas en el largo plazo, dado que el modelo actual de “mano dura” corre el riesgo de socavar los principios democráticos y crear problemas a largo plazo.
A propósito, Humans Rights Watch aseguró que “desde que asumió en 2019, el presidente Bukele y sus aliados han adoptado medidas drásticas para cooptar las instituciones democráticas” de El Salvador.
Megacárceles en El Salvador.
EFE/Gobierno de El Salvador
Centrarse en las víctimas
El panel destacó la importancia de centrarse en las víctimas y reforzar las instituciones judiciales para mejorar la investigación criminal y la obtención de pruebas sólidas.
“Si existieran pruebas judiciales concluyentes (contra los pandilleros) nadie estaría criticando la política de Bukele, el problema es que no sabes quienes son responsables y quienes no”.
Y, desde la mirada de los expertos convocados por EL TIEMPO, para que esto cambie se necesitan de políticas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social y la falta de presencia estatal.
“Mejorar la investigación criminal para tener pruebas contundentes, procesar a quienes tras un debido proceso se determine que sí son criminales y ejecutar programas de reinserción social es clave”, sentenció Cano.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO
