Dos candidatos, Sergio Massa y Javier Milei, persiguen ahora la presidencia de Argentina. Mientras la polémica segunda vuelta del 19 de noviembre incomoda a la mayoría de los ciudadanos, una pregunta crucial se cierne sobre los próximos comicios: ¿será alguno de ellos capaz de resolver la peor crisis del país en más de dos décadas? Aunque no hay una respuesta fácil, es inevitable un ajuste doloroso.
El último hombre que quede en pie heredará una economía distópica minada por una inflación galopante, una recesión cada vez más profunda, una pobreza generalizada y unas políticas fiscales y monetarias fallidas. Para empeorar las cosas, el banco central casi no tiene reservas internacionales, mientras que los inversores nacionales y extranjeros están hartos de la historia de un país sobrevendido demasiadas veces en el pasado reciente. El cuento de la esperanza ya no convence, y en un entorno empresarial difícil, los tiempos exigen acción. Y Argentina debe actuar con rapidez una vez resueltas las elecciones.
Para empezar, ninguno de los dos tendría mayoría en la legislatura, especialmente Milei. La coalición peronista de Massa, Unión por la Patria, tendrá 34 de los 72 escaños del Senado, mientras que el partido libertario de Milei controlará ocho. Los peronistas tendrán 108 de los 257 escaños de la Cámara, y los libertarios de Milei, 37. La historia demuestra que a los presidentes sin un fuerte apoyo parlamentario no les ha ido bien en América Latina, y muchos ni siquiera llegan al final de su mandato.
Para complicar aún más las cosas, los legisladores más influyentes del partido de Massa pertenecen al grupo de izquierdas La Cámpora, liderado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, diputado. Es probable que esto dificulte al centrista Massa obtener el apoyo de su partido, por no hablar de crear coaliciones más amplias, para aprobar las importantes reformas económicas que las terribles circunstancias justifican.
Dolor macroeconómico
Si Milei ganara la presidencia, tendría que conseguir el apoyo de los legisladores de los partidos que no pasaron a la segunda vuelta, principalmente de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich. Eso haría difícil, si no improbable, la aprobación de cualquiera de sus reformas radicales, como el cierre del banco central o la dolarización de la economía.
La inflación seguirá probablemente a un ritmo anual de tres dígitos, como viene ocurriendo desde febrero. En agosto y septiembre, la inflación mensual anualizada se aceleró por encima del 300 %, la tasa más rápida en más de tres décadas (aunque para octubre se esperaba una leve desaceleración).
En pocas palabras, Argentina podría caer en la hiperinflación en cualquier momento, una amenaza existencial para el gobierno entrante. Por malas que sean, las estadísticas de inflación no captan las presiones económicas subyacentes, potencialmente explosivas. Las duras intervenciones del Gobierno han mantenido los precios de los alimentos y la energía, los tipos de interés de referencia y el tipo de cambio oficial sustancialmente por debajo de los niveles de equilibrio del mercado.
La economía está distorsionada por subvenciones masivas a los consumidores de combustible, electricidad, gas natural, agua y transporte público; fuertes impuestos y topes periódicos aplicados a las exportaciones de alimentos como la soya y la carne de vacuno, controles de larga duración sobre los precios de los supermercados y acceso racionado a las divisas extranjeras a una multiplicidad de tipos de cambio.
Lo más probable es que pronto haya que adoptar medidas correctivas impopulares pero necesarias, que probablemente hagan subir aún más la inflación a corto plazo. Se calcula que los precios de la energía tendrían que duplicarse de la noche a la mañana y ajustarse a la inflación después, para que volvieran a sus niveles anteriores a la pandemia.
Se calcula que la actividad económica, medida por el producto interno bruto real, se contraerá un 3 % este año, y que la renta per cápita caerá casi un 15 % por debajo del nivel de 2011, el máximo anterior. El resultado: más del 40 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Esa cifra era inferior al 7 % hace más de una década. Al menos la mitad de la población depende de las prestaciones de los programas de ingresos complementarios y empleo financiados por el Gobierno, y se estima que 6 de cada 10 niños argentinos menores de 18 años viven en hogares clasificados como pobres. Si no existieran estos programas sociales, la pobreza sería aún mayor.
Aunque la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente baja y estable en torno al 7 %, el mercado laboral se ha resentido en la última década. Las vacantes se ofrecen principalmente en empresas pequeñas e improductivas que operan “fuera de los libros”; por lo tanto, no ofrecen beneficios a los empleados ni hacen contribuciones relacionadas con el empleo a las pensiones.
Se estima que, desde finales de 2016, tres de cada cuatro vacantes cubiertas han llevado a los solicitantes a puestos de trabajo, en su mayoría mal remunerados, en la gran economía sumergida de Argentina. Sin el crecimiento de los acuerdos de trabajo informales y no conformes, las tasas de desempleo y pobreza serían mucho más altas.
Banco central debilitado
La inflación acelerada y cada vez más perturbadora de Argentina ha sido alimentada por déficits fiscales financiados principalmente mediante préstamos del banco central del país, el BCRA, dada la ausencia de mejores alternativas.
Las raíces fiscales de la elevada inflación se plantaron a principios de 2020, cuando el recién estrenado gobierno del presidente Alberto Fernández elevó el gasto público e incurrió en un sustancial déficit presupuestario –el equivalente a casi el 9 % del PIB– para proteger a los hogares y empresas vulnerables de los efectos de la pandemia de covid-19.
Lamentablemente, esa generosidad fiscal tuvo lugar mientras el Gobierno incumplía sus obligaciones con los inversores nacionales e internacionales, lo que significó que las autoridades no hayan tenido más remedio que financiar el déficit exagerado principalmente con préstamos del BCRA.
Aunque desde entonces los déficits fiscales de Argentina se han situado en una media anual más modesta del 4 % del PIB durante 2021-23, el fracaso del Gobierno a la hora de reparar las relaciones con los inversores institucionales y los prestamistas y de infundirles una confianza renovada ha cimentado una dependencia perjudicial de la financiación inflacionista continua del BCRA.
El banco central se ha esforzado por minimizar su impacto perjudicial vendiendo agresivamente letras (Leliq), con lo que ha absorbido muchos pesos no deseados, recién impresos, que el Gobierno ha gastado. Sin embargo, después de cuatro años de financiar al Gobierno a través de préstamos sin intereses mientras colocaba en el sistema bancario una cantidad colosal de Leliq pagando tasas de interés por las nubes, el BCRA ha generado, con razón, la preocupación de que podría conducirse a sí mismo a la insolvencia y/o que podría incumplir con el pago de las Leliq, desencadenando una crisis financiera sistémica.
Un problema relacionado y más acuciante es que el BCRA no solo está sobrecargado en términos de pasivos de Leliq, sino que también tiene una lamentable escasez de activos de reservas internacionales –principalmente en dólares estadounidenses–. Dichas reservas en divisas han caído de 41.000 millones de dólares a principios de año a unos 25.000 millones.
Una vez descontados varios pasivos a corto plazo del BCRA, el mayor de los cuales es el dinero adeudado al Banco Popular de China, las reservas caen hasta casi cero.
Pero aquí, también, las míseras reservas de divisas en la bóveda del BCRA no cuentan toda la historia.
Las autoridades han restringido considerablemente el acceso de los importadores a los dólares, obligándolos a recurrir a préstamos a corto plazo de sus proveedores y filiales en el extranjero. Como resultado, en lugar de que las reservas de divisas del BCRA disminuyeran en 16.000 millones de dólares adicionales entre principios de 2022 y mediados de 2023, el endeudamiento a corto plazo de los importadores argentinos se ha disparado en esa cantidad, con perspectivas de reembolso en duda.
Las restricciones impuestas a la repatriación de beneficios y dividendos por parte de empresas de propiedad extranjera que operan en Argentina han funcionado de la misma manera: han evitado al BCRA pérdidas de reservas de divisas por valor de más de 10.000 millones de dólares, pero a costa de mantener atrapadas las ganancias de los inversores extranjeros.
Aunque los milagros existen, e independientemente de que Massa o Milei triunfen en las urnas, las probabilidades de que alguno de los dos sea capaz de cumplir las promesas de campaña que están haciendo son escasas.
AUTOR: ARTURO C. PORZECANSKI (*)
AMERICAS QUARTERLY
(*) Global Fellow del Woodrow Wilson International Center for Scholars y Research Fellow del Center for Latin American & Latino Studies de American University. Durante el periodo 2005-2021 fue profesor de Economía Internacional en American University y antes de eso trabajó en Wall Street a lo largo de casi tres décadas, empezando como economista internacional en JP Morgan (1977-1989) y terminando como economista jefe de mercados emergentes en ABN Amro (2000-2005).
