Decidir entre mantener la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) o apostar por una redactada por una coalición conservadora es la disyuntiva a la que este domingo se enfrentan los chilenos llamados a votar en un segundo plebiscito que busca dar cierre a las demandas surgidas tras el estallido social de 2019.
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Se trata del segundo intento por redactar una nueva constitución, un proceso que arrancó tras el contundente rechazo en septiembre de 2022 a un proyecto escrito por una convención izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad y era pionero en consagrar el aborto libre y la protección del medioambiente.
Pero, en poco más de dos años de redactar y posteriormente rechazar una de las propuestas constitucionales más vanguardistas del mundo en materia de feminismo y ecologismo, los chilenos pasaron a entregarle la batuta del segundo proceso constituyente a la derecha, cuya principal novedad es la creación del Estado social y democrático de derecho.
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El texto que será votado este domingo incluye también algunos artículos que han generado gran polémica como la consagración del “derecho a la vida de quien está por nacer” -una norma que muchos temen que colisione con la ley que permite el aborto en tres causales- o la expulsión inmediata de los migrantes que entren irregularmente.
Un hombre que apoya la Nueva Constitución participa en una manifestación durante el cierre de campaña.
Lo cierto es que tras cuatro años de intensos debates y un fallido intento, la mayoría de los chilenos ya no ven el proceso constituyente como una prioridad, en momentos en que temas como la inseguridad y la crisis migratoria monopolizan la agenda.
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Fiel a su tradición política pendular, Chile pasó de aprobar en 2019 -con un 78 por ciento- la opción de cambiar la Constitución a rechazar masivamente el texto redactado por la convención controlada por la izquierda en 2022, lo que produjo enormes costos políticos y económicos para el país austral.
El principal costo político tiene que ver con el desgaste frente a la ciudadanía. Este tema está abierto en Chile incluso desde 1980, cuando se instaló la actual Constitución
“El principal costo político tiene que ver con el desgaste frente a la ciudadanía. Este tema está abierto en Chile incluso desde 1980, cuando se instaló la actual Constitución, que enfrentó reformas en 1989. También ocurrió en 2005 y, ahora, cuando se pensaba que el proceso que arrancó en 2019 para cambiarla iba a ser el definitivo, tenemos un panorama de total incertidumbre”, señala a EL TIEMPO Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central en Chile.
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Entre tanto, mientras que el Ejecutivo de Gabriel Boric busca evitar que su gestión se ligue a los resultados de la votación y junto con el resto de la izquierda califica la propuesta de «dogmática» asegurando que supone «retrocesos» en derechos sociales, las derechas defienden que el documento es mejor que la actual Carta Magna porque «recoge» preocupaciones actuales como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.
El contrasentido es tal, que la derecha más radical, que nunca apostó por cambiar el texto fundamental vigente, junto a la derecha tradicional, defienden en el plebiscito de este domingo sustituir el redactado actual; mientras que quienes siempre habían insistido en una nueva propuesta ahora apuestan por mantenerlo.
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Y es que la decisión que tomen los 15 millones de chilenos que están convocados a las urnas, tendrá un impacto directo en la arena política, en especial, para los dos años que le quedan por delante al Gobierno Boric.
Un desafío para Boric
Desde el pasado 2 de diciembre, Chile entró oficialmente en periodo de veda de sondeos y aunque los expertos dicen que el escenario está más abierto de lo que parece, todas las encuestas publicadas a inicios de mes vaticinaban que la ciudadanía rechazará la propuesta constitucional, aunque la población que aprueba ha ido subiendo en las últimas semanas.
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La incógnita es cuánto afectará a la opción que defiende la izquierda, la de rechazar la propuesta, un caso de corrupción que afecta a uno de los partidos más grandes de la coalición oficialista (Revolución Democrática) y que en los últimos días ha tomado impulso con la detención de dos personas que ya fueron formalizadas por la Justicia chilena.
El presidente de Chile, Gabriel Boric (d), recibe el texto del proyecto de nueva Constitución de manos de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia.
“La ciudadanía tiene que tener muy claro que este 17 de diciembre evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino de un texto constitucional”, aseguró la ministra vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo, con miras a evitar que la gestión de Ejecutivo de Boric esté ligada a los resultados de este domingo.
Para Máximo Pavez, quien fue miembro de la Comisión de Expertos de la nueva constitución y respalda la opción “A favor”, la aprobación de este plebiscito podría dar comienzo a una nueva etapa en Chile con instituciones renovadas, aunque con un periodo largo de implementación de las nuevas normativas.
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“La aprobación de la nueva Constitución permitiría despejar cuáles son las reglas que nos van a regir con certeza jurídica en todas las dimensiones. Y, si gana la opción en contra, Chile va a continuar con un sistema político e institucional que es de por sí un problema para dar respuestas debido a que hay cierto agotamiento del sistema institucional a nivel general”, asegura.
«El electorado ha dado señales de moderación, de querer una Constitución que garantice mayores derechos sociales y mayor inclusión, sobre todo de las mujeres, pero tiene miedo a un cambio radical», explicó por su parte Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.
La aprobación de la nueva Constitución permitiría despejar cuáles son las reglas que nos van a regir con certeza jurídica en todas las dimensiones.
Lo que es claro es que cualquiera de las dos opciones que gane representará un enorme desafío para el gobierno de Gabriel Boric, ya que, si gana el “A favor”, el Gobierno sufrirá una nueva derrota de cara a los dos años que le quedan de gestión porque deberá involucrarse en la implementación del nuevo texto constitucional, así como en la creación de nuevas instituciones, pero si gana el “En contra” no tendría un panorama mucho más alentador.
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“Dependiendo si gana por mucha mayoría el gobierno podría tener una presión desde sectores cercanos al oficialismo para llevar adelante un nuevo proceso constituyente, a pesar de que ha dicho claramente que durante este mandato no lo va a hacer”, estima Moreno.
Pacto fiscal y seguridad
En los últimos meses, el Gobierno chileno ha impulsado más de 30 proyectos de ley en materia de seguridad, de los cuales 20 se han convertido en leyes en el Congreso. Sin embargo, enfrenta otros desafíos como sacar adelante una reforma de pensiones, algo que no se ha logrado en los últimos tres gobiernos, y que podría verse impactado por los resultados del plebiscito de este domingo.
“Hay un debate que tiene relación con que el Gobierno quiere un sistema mixto de pensiones, quiere reparto, componente de solidaridad y capitalización individual, y la oposición tiene resistencia a la solidaridad y en muchos casos creen que el alza de las pensiones debería financiarse con impuestos generales por una cuestión ideológica”, señala a EL TIEMPO, Poirot Escovedo, periodista del canal 24 Horas, experto en el Congreso.
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Instalación del nuevo Consejo Constitucional en Chile.
Otros de los temas que deberá enfrentar Boric tras el plebiscito de este domingo son la reforma previsional de salud y la condonación de créditos estudiantiles, que fue una de las banderas cuando llegó al poder.
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Además del pacto fiscal, ya que a pesar de que el índice de pobreza tuvo un histórico retroceso y pasó de 10,7 por ciento en 2020 a 6,5 por ciento en 2022, el rechazo a la reforma tributaria para recaudar los fondos necesarios y financiar su programa de gobierno puso en jaque estos recursos, por lo que expertos legislativos coinciden en que en caso de que, como indican las encuestas, gane la opción “En contra”, el Ejecutivo va a apostar por reformas puntuales y el tema constitucional saldrá, finalmente, de un acalorado debate político en Chile.
ANDREA AGUILAR CÓRDOBA
PARA EL TIEMPO
SANTIAGO DE CHILE
