Los guatemaltecos viven uno de sus momentos políticos más tensos de su historia reciente por cuenta del rumbo que tomaron las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 25 de junio.
El inusitado allanamiento este jueves del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), profundizó el camino a la incertidumbre y provocó preocupación en la comunidad internacional (Estados Unidos, Unión Europea (UE) y Naciones Unidas).
Este allanamiento se produce poco después de que la Fiscalía, la cual dirige Rafael Curruchiche —sancionado por Estados Unidos—, pidió la inhabilitación del partido Semilla, del cual hace parte Bernardo Arévalo, quien precisamente había pasado a segunda vuelta junto con Sandra Torres.
La reacción de la población
y de la comunidad internacional ha sido categórica en el rechazo a esta maniobra (de la Fiscalía)
Y aunque el TSE ratificó este jueves que el balotaje se llevará a cabo el próximo 20 de agosto y la Corte Constitucional (máximo tribunal) dejó sin efectos la inhabilitación sobre el partido de Arévalo, las movidas de la fiscalía abren un camino de disputas internas en el país centroamericano.
Por un lado, la intervención de las oficinas del Tribunal contó con fiscales tapándose el rostro con pasamontañas y muchos de los documentos decomisados no fueron inventariados según testigos.
En el mismo contexto, el exsuperintendente guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa denunció en sus redes sociales que los agentes que hicieron el allanamiento forman parte de la inteligencia del Estado.
Este episodio forma parte de una investigación del Ministerio Público por supuesta corrupción en contra de Semilla.
Ante esto, el medio de comunicación La Hora divulgó un editorial en el que recordaba que
Bernardo Arévalo celebra su triunfo en la primera vuelta.
De hecho, un portavoz de Estados Unidos dijo este jueves que las decisiones que tomó la fiscalía ponen “en peligro” la legitimidad electoral en el país. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación “por los intentos de influir en la segunda vuelta en el país centroamericano.
Mientras tanto, la UE, a través del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, dijo que están “preocupados” por los “continuos esfuerzos” por “alterar” los resultados de la primera vuelta y pidió a las instituciones que respeten la integridad del proceso.
Los comicios de finales de junio fueron liderados por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como todas las encuestas anunciaban.
Sin embargo, el segundo lugar fue para el académico Bernardo Arévalo de León, a quien los sondeos colocaban en séptimo u octavo puesto.
Sandra Torres, candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza.
Desde entonces, los miembros del partido Semilla advirtieron que se vendrían intenciones por detener su candidatura, con la cual no contaba el “Pacto de Corruptos”, como se ha denominado a un grupo de políticos, empresarios, militares y supuestos narcotraficantes que tienen “cooptado al Estado” en opinión de la agrupación.
El 2 de julio, el diputado y la principal cara de Semilla desde su fundación, Samuel Pérez Álvarez, indicó que temían posibles escenarios ilegales implementados por parte del gobierno de Alejandro Giammattei.
“Declarar por decreto a Sandra Torres como presidenta, alargar el proceso indefinidamente para dejar en el poder a Giammattei, o imponer la candidatura de Manuel Conde en segunda vuelta para que solo compitan entre los mismos”, advirtió. Para ello, el legislador electo dijo que Giammattei podría utilizar al Ministerio Público “inventando casos”.
Sin embargo, la candidata Torres le exigió al gobierno de Giammattei que dé la por la situación y se solidarizó con su contrincante. De hecho, la ex primera dama dijo que iba a suspender sus actos de campaña hasta que se solvente la situación del partido Semilla. Por su parte, Arévalo dijo que iba a elevar una demanda en contra de la fiscalía.
Para Guatemala, políticamente puede ser el momento más tenso del siglo, incluso después de que en 2015 el presidente en aquel momento, Otto Pérez Molina, tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción que lo llevaron directamente del Palacio presidencial a un tribunal. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de aquel momento, todos los sectores involucrados mostraron unidad.
Por un lado, se encuentran los seguidores de Semilla y Arévalo de León, que con más de 600.000 votos obtenidos en los comicios, pretenden mantenerse en la segunda vuelta programada para el 20 de agosto en busca de la presidencia. Como defensores del proceso electoral también han aparecido la comunidad internacional, organizaciones sociales y la cúpula empresarial, trascendental para el funcionamiento del país .
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con EFE
