La derecha chilena impuso esta semana la mayoría con la que cuenta en el órgano que redacta una nueva Constitución para el país y aprobó varias polémicas enmiendas que suponen, para la oposición, “retrocesos” en distintas materias, como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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En la primera semana de votaciones en el Consejo Constitucional, de 51 integrantes, los grupos de derecha se alinearon y dieron su visto bueno a normas como la ley que “protege la vida de quien está por nacer”, modificando sustancialmente el borrador que elaboró una comisión de 24 expertos y que sirve de base para el trabajo del Consejo.
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En concreto, el cambio se produce en un pronombre relativo de la frase que establecía que la ley protege “la vida del que está por nacer”, imitando la fórmula de la Constitución vigente, para pasar a indicar que la ley protege “la vida de quien está por nacer”.
Aunque puede parecer menor, consejeros de oposición y expertos constitucionalistas aseguran que cambia la interpretación del texto y podría sepultar la ley que permite el aborto en tres causales: en caso de que la gestación suponga un peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
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Hoy solo un 34 por ciento afirma que aprobaría el texto constitucional en diciembre.
“El (pronombre) quien inequívocamente se refiere siempre a una persona, en cambio, el (pronombre) que normalmente se refiere a un objeto y a veces puede ser una persona”, señaló el abogado constitucionalista Javier Couso a Efe, quien aseguró el efecto de este ajuste es que “pone en riesgo las causales de violación y de inviabilidad del feto”.
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Este es el segundo intento de Chile en tres años por redactar una nueva carta magna que reemplace a la Constitución impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El primer esfuerzo, donde la izquierda contaba con mayoría, terminó en septiembre de 2022 con el rechazo del 61 por ciento de los electores. Pero las encuestas más recientes auguran un nuevo triunfo de la opción del rechazo: según un sondeo de la firma Cadem, dada a conocer la semana pasada, 57 por ciento de los consultados dice que votará en contra de la propuesta.
Los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible.
Esta semana, los 22 consejeros del Partido Republicano y la mayoría de los 11 de la coalición de derecha, también aprobaron la “libertad de elección” en temas como salud, educación y pensiones. Algo que, según el consejero Luis Silva, busca “limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona”.
Al contrario, desde la izquierda consideran que la ley aprobada atenta contra el estado social de derecho establecido en las bases de este proceso constitucional y que fue una de las principales demandas de las protestas sociales de 2019.
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Otras de las controvertidas indicaciones que se aprobaron en el pleno es que “los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible”. Pero el texto alertó a las organizaciones de migrantes porque, dicen, no concuerda con el principio de no devolución –vinculante según los tratados internacionales suscritos por Chile– o con los principios de reunificación familiar, relevantes en el ordenamiento jurídico chileno.
Manifestaciones contra la redacción de una nueva constitución.
La otra cuestionada votación que se aprobó esta semana es la norma que permite que enfermos terminales cumplan sus condenas en casa. Para la oposición, se trata de un “perdonazo” para todos los condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Pinochet, prácticamente todos ya ancianos que se encuentran cumpliendo su pena en la cárcel de Punta Peuco, un recinto destinado de forma exclusiva para ellos, con condiciones mejores que las de las otras cárceles.
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También se aprobó la norma que beneficiaría a los más adinerados, según la oposición. Se trata de una exención al pago de impuestos a la “primera vivienda”, es decir, donde vive el dueño de la propiedad, independiente del tamaño, sector o valor. De hecho, esta norma no tendría efectos en las viviendas más pequeñas y ubicadas en barrios pobres porque ya están liberadas de pago. Las nuevas normas aprobadas en el Consejo Constitucional deben ser revisadas por otros dos órganos antes que el 7 de noviembre el proyecto constitucional quede listo y pueda ser votado en un nuevo plebiscito, el 17 de diciembre.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
(*) Con AFP y EFE
