En el proceso de inmigración de Estados Unidos, el término «carga pública» tiene una importancia significativa que puede ser determinante en el otorgamiento de visas y la residencia permanente, también conocida como green card. Este concepto se refiere a la probabilidad de que un solicitante de inmigración dependa de la asistencia pública del gobierno.
La razón detrás de esta consideración es la creencia de que aquellos inmigrantes que representan una carga pública tienen menos probabilidades de tener éxito en su vida en los Estados Unidos. Como resultado, el gobierno puede negarles la visa o la green card.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés), la carga pública se evalúa mediante diversos factores que analizan la situación del solicitante. Entre ellos se encuentran la edad y salud del solicitante, su nivel educativo y habilidades laborales, historial laboral, nivel de ingresos y estatus migratorio.
Los solicitantes mayores o con problemas de salud crónicos son considerados más propensos a depender de la asistencia pública, por ejemplo. De manera similar, aquellos con bajos ingresos o un historial laboral limitado también pueden ser percibidos como una carga pública.
Sin embargo, los solicitantes no están indefensos ante esta evaluación. Tienen la oportunidad de presentar pruebas para demostrar que no representan una carga pública. Estas pueden incluir evidencia de ingresos suficientes para mantenerse a sí mismos y a sus familias, seguro médico privado, ahorros o inversiones, o incluso una oferta de empleo o una carta de patrocinio de un familiar.
Los solicitantes pueden presentar evidencias de que no representarán una carga pública para Estados Unidos.
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Reglas de ‘carga pública’ se endurecieron en 2023 en Estados Unidos
En 2023, el gobierno estadounidense tomó medidas para endurecer las reglas relacionadas con la carga pública, aumentando la probabilidad de que los solicitantes sean considerados como tal. Sin embargo, existen excepciones a la regla de carga pública. Están exentos de esta consideración asilados y refugiados, algunos inmigrantes de origen asiático-americano, intérpretes afganos e iraquíes, así como ciertos grupos como haitianos ajustando su estatus y beneficiarios de programas específicos.
El proceso de determinación de carga pública implica la evaluación de factores como la edad, salud, situación familiar, recursos financieros y educación del solicitante. Se favorece positivamente un suficiente Affidavit of Support. Este documento, también conocido como Formulario I-864, garantiza que el patrocinador de un solicitante de inmigración proporcionará apoyo financiero al solicitante durante un período de 10 años.
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Las nuevas reglas también especifican los beneficios públicos que se consideran al tomar esta decisión. Estos incluyen la asistencia en efectivo para el mantenimiento del ingreso, como el Supplemental Security Income (SSI) y el Temporary Assistance for Needy Families (TANF), así como la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
Es importante que los solicitantes comprendan qué beneficios se tienen en cuenta y cuáles no. Por ejemplo, se excluyen los programas de nutrición, la asistencia en salud relacionada con Covid-19, los programas educativos y otros beneficios no monetarios.
