El suicidio del expresidente peruano Alan García, cuyo cuerpo fue velado este jueves en la sede de su partido, divide al país y suscita críticas contra la Fiscalía por su política de pedir prisiones preventivas a los investigados por el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.
Escenas de dolor y congoja de los militantes se multiplicaron desde tempranas horas en la «Casa Del Pueblo», donde centenares de personas desfilaron ordenadamente frente al féretro de García para rendir homenaje al dos veces presidente peruano.
Los simpatizantes pugnaban por tocar el ataúd, cubierto por una bandera peruana y otra de la formación socialdemócrata Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
Signo de estos tiempos: apenas lo tocaban se tomaron selfies junto a él. El velatorio se prolongará hasta este viernes, cuando el cuerpo de García, de 69 años, será incinerado en un cementerio de Lima, informó el dirigente aprista Omar Quesada.
El fervoroso homenaje partidario tuvo un momento de tensión cuando el expresidente Ollanta Humala -adversario político de García- fue impedido de ingresar al velatorio ante el rechazo de la familia.
García falleció el miércoles en un hospital de Lima tras dispararse un tiro en la cabeza cuando la policía judicial iba a detenerle preventivamente -por 10 días- por un caso de presunto lavado de activos ligado a Odebrecht.
El arma que utilizó fue un revólver Colt 38 que le había regalado la marina de guerra peruana durante su mandato.
La decisión de la familia es que no haya actos oficiales
El gobierno decretó tres días de duelo nacional hasta el viernes, pero la familia rechazó cualquier homenaje. «La decisión de la familia es que no haya actos oficiales», dijo el congresista Jorge Del Castillo.
La familia de García, quien tuvo seis hijos de tres relaciones distintas, tampoco aceptó la presencia de ningún representante oficial ni corona mortuoria de las autoridades.
El partido atribuye el suicidio de García a un acoso de sectores de la prensa y de la Fiscalía especial LavaJato/Odebrecht, con respaldo del presidente Martín Vizcarra.
«Lo que querían algunos y un sector de la prensa odiadora era verlo enmarrocado (con las esposas puestas), esa no es la forma de tratar a un presidente, él no lo iba a permitir, como que no lo permitió», aseguró Del Castilo.
El Ministerio Público abrió una investigación contra los dos fiscales que participaron en la detención que desencadenó el suicidio, para determinar si se cumplió el debido proceso.
Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están siendo investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), éste último bajo detención preliminar.
Carla García, la hija mayor del fallecido, reivindicó el honor de su padre y dijo que su honestidad será demostrada. «Son momentos difíciles en los que siento mucha tristeza, pero me acompañan la dignidad y las lecciones de vida que me dio. Lo despido muy orgullosa de ser la hija de Alan. La verdad se abrirá paso», escribió en su cuenta en Twitter.
Críticas y apoyo a la Fiscalía
«El gobierno ha incentivado a la Fiscalía en las investigaciones, ha habido un exceso», señaló el congresista Víctor Andrés García Belaunde, del partido Acción Popular.
También hubo expresiones de rechazo al suicidio, porque deja abiertas denuncias contra García. «Murió en su ley, sin responder ante su país, la justicia, ni la ley», tuiteó la popular actriz y activista de derechos humanos Mónica Sánchez en Twitter.
«En estos momentos trágicos y políticamente inesperados, debido al suicidio de
Alan, acto cometido en el afán de evitar una detención preliminar, lo primero que cabe es exigirle a la Fiscalía y al Poder Judicial que ahonden y culminen las investigaciones vinculadas a su persona», señaló el analista político Juan Carlos Tafur al diario La República.
La ONG Amazon Watch dijo también en una declaración que «se suicidó para evitar un mayor escrutinio del sistema de justicia», en alusión a denuncias contra
García por la represión en el caso Baguazo, que dejó 33 muertos entre indígenas y policías.
García y Odebrecht
Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en diciembre ante una inminente detención. Tampoco podía salir del país por una orden judicial.
Ahora se había ordenado su detención tras recoger nuevos elementos que permitían a la Fiscalía acusarle de ser «jefe de una organización criminal».
García estaba bajo la lupa de la justicia por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.
La fiscalía recabó indicios de que el exsecretario de la presidencia de García, Luis Nava, recibió 4,8 millones de dólares de Odebrecht. Los investigadores sospechan que éste actuó como su testaferro, especulación que ambos negaron.
Semanas atrás, el expresidente declaró: «No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht».
AFP
