John Dean, quien fue jefe legal de la Casa Blanca y participó en el escándalo de ‘Watergate’, analizó los paralelismos que hay entre el caso que derribó a Richard Nixon y la ‘Trama rusa’, la investigación especializada sobre la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia.
En un espectacular testimonio en el Congreso en 1973, Dean, quien entonces era el jefe de los servicios legales de la Casa Blanca, implicó a Richard Nixon en ‘Watergate’, un programa de espionaje político dirigido a los demócratas.
Las acusaciones contribuyeron a las presiones que llevaron al presidente Nixon a renunciar, un año más tarde, ante una amenaza de juicio político.
Teniendo eso en cuenta, Dean, de 80 años, le dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que existen coincidencias entre ambos casos.
Dean declaró que el informe del fiscal especial Robert Mueller, que detalló 10 instancias de posible obstrucción de justicia por Trump, es equivalente a la famosa ‘hoja de ruta’ que el fiscal Leon Jaworski entregó al Congreso en 1974, y que desató un procedimiento de ‘impeachment’ contra Nixon, quien finalmente renunció.
“Hay paralelismos notables entre los dos casos, especialmente relacionados con la obstrucción a la justicia”, dijo Dean, quien, como abogado de la Casa Blanca de Nixon, estuvo profundamente involucrado en los esfuerzos ilegales para reprimir la investigación de ‘Watergate’.
Uno de esos paralelismos, señaló Dean, fueron los intentos de Trump por obstruir al exconsejero de la Casa Blanca, Don McGahn, una fuente principal en la investigación de Mueller.
McGahn, a quien la Casa Blanca le ha impedido testificar ante el Congreso, «es el testigo más prominente con respecto a la obstrucción de la justicia citado en el Informe Mueller», dijo Dean.
En su extenso informe, Mueller concluyó que no hubo un acuerdo entre el equipo de campaña de Donald Trump y Moscú, pero no exoneró al mandatario de obstrucción a la justicia.
A pesar de no inculpar a Trump, quien se encuentra protegido por la inmunidad presidencial, Mueller dejó la decisión en manos del Congreso, dotado de poderes para iniciar una investigación.
AFP