En una carta publicada este jueves por el diario español ‘El País’, el jefe del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez Espinel, cuestionó el reportaje que el periódico hizo sobre su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y violaciones de otros derechos humanos mientras -según el artículo- estuvo al mando de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006.El sentido de la carta, dice, es «reflejar mi preocupación en pro de la información que permita al lector conocer la realidad».
Martínez comienza su misiva a la directora del diario, Soledad Gallego-Díaz, diciendo que «el artículo periodístico presenta afirmaciones y contiene una redacción acusativa y confusa que llevó a los lectores de su país, del mío y a nivel internacional a sacar conclusiones equívocas y por demás alejadas de la verdad».
De acuerdo a la denuncia hecha por ‘El País’, citando documentos oficiales a los que tuvo acceso, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Al respecto, Martínez responde en su carta: «Reitero, como lo he hecho en múltiples oportunidades, que nunca fui comandante o dirigí dicha unidad militar. (…) En diferentes oportunidades de manera abierta, clara y transparente he comunicado que mi cargo en la unidad mencionada tenía funciones administrativas y no estaba relacionado con el desarrollo de operaciones militares».
Reitero, como lo he hecho en múltiples oportunidades, que nunca fui comandante o dirigí dicha unidad militar.
«Confirmo mi respeto por la información brindada por los medios de comunicación; sin embargo, es importante que lo divulgado corresponda a la realidad», afirma Martínez.
La publicación del diario se hizo el 5 de junio, poco después de que el diario norteamericano ‘The New York Times’, y la agencia de prensa Associated Press denunciaran las nuevas directrices del Ejército para mejorar los resultados de las operaciones.
A raíz de estas denuncias, el pasado 27 de mayo, la Procuraduría abrió una investigación contra el General, para determinar la existencia o no de irregularidades en las directivas del Ejército.
Pese a esto, el general señala en su carta que el «periodista tuvo acceso a los certificados recientes expedidos por las autoridades encargadas en mi país de investigar y administrar justicia, en los que claramente podía constatar que por temas relacionados con derechos humanos no tengo investigación, sanción ni impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar, ni Justicia Especial para la Paz, instituciones que hacen parte de la rama judicial colombiana.
Y añade: «El periodista conocía mi situación jurídica, de la que insisto no he tenido ni tengo vinculación alguna en cualquiera de esos casos, y aun así dejó en entredicho mi nombre, cuando no debió ni siquiera mencionarme».
Dejó en entredicho mi nombre, cuando no debió ni siquiera mencionarme
«Todo ser humano, incluso los soldados de Colombia, y en mi caso particular, merecemos la protección de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el de la dignidad humana, y en términos jurídicos, en un Estado Social de Derecho, los de presunción de inocencia y debido proceso no solamente por las autoridades judiciales de quienes siempre atenderé sus requerimientos y llamados, sino de quienes en términos de veracidad cumplen a diario la honorable tarea de informar», concluye.
Y finaliza su carta diciendo: «En los términos ya expresados, extiendo mi reclamación y absoluto rechazo para que estos no sean vulnerados«.
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