La justicia de Ecuador dictó este jueves prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa en el marco de la investigación por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral a cambio de contratos con el Estado.
Estas son las claves para entender los motivos por los que investigan a Correa.
¿Por qué la justicia ecuatoriana pidió prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa?
Una jueza de Ecuador ordenó este jueves prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, dentro de un proceso de investigación llamado “Sobornos 2012-2016” sobre la entrega de presuntos aportes ilegales de «empresas contratistas del Estado» a la campaña de su movimiento político entre 2012 y 2016 para asegurar contratos de infraestructura.
Correa enfrenta otra orden de prisión por el caso del secuestro de un opositor en Colombia en 2012
Este es el segundo caso en el que se dicta prisión preventiva a Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017. La fiscalía tiene abiertos unos 11 expedientes contra el expresidente.
La Fiscal General, Diana Salazar, vinculó al exgobernante por un depósito de 6.000 dólares en su cuenta personal que fue realizado por una persona que trabajaba con su exasesora, indagada por gestionar la recolección del dinero de empresas.
¿Qué es el caso “Sobornos 2012-2016”?
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó elementos de convicción para sustentar ante la jueza Daniella Camacho el pedido de vinculación de 22 personas al proceso de investigación denominado » Sobornos 2012- 2016″, conocido también como «Arroz verde».
La Fiscalía sospecha que su investigación está relacionada con los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
¿Quién más está implicado en el juicio?
Por el momento se estudia la vinculación al caso de otras 22 exfuncionarios y empresarios, además de Correa. La fiscal Salazar pidió la misma medida cautelar (prisión preventiva) para el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario del Agua Walter Solís, el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado y para el exasesor ministerial Yamil Massuh, en el marco de las investigación.
¿Qué dicen Correa y su defensa frente las acusaciones?
El abogado de Correa, Fausto Jarrín, dijo que constató que «la Fiscalía desconoce las fechas, que confunde las versiones, que desconoce las fojas a las que está obligada a hacer referencia en un proceso, que no estamos empezando, estamos hablando ya de vinculaciones».
Sobre un depósito de 6.000 dólares a la cuenta bancaria de Correa del que se habló en la audiencia de hoy, Jarrín comentó que su defendido «fue beneficiario de un crédito que lo canceló en doce meses en cuotas mensuales».
«Es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por 6.000 dólares», comentó al señalar que en el proceso se debe determinar el origen de los fondos, que él considera que no es ilegal.
Y en declaraciones a los periodistas añadió: «No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata (dinero) mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal».
*Con información de AFP, Efe y Reuters
