Arrodillar a la justicia, la fórmula predilecta de las autocracias

Si Recep Tayyip Erdogan pudiera mandar a prisión al terremoto que el 6 de febrero devastó a Turquía y dejó casi 50.000 muertos, seguramente no dudaría en hacerlo. Suena desquiciado, claro, pero no lo es.

El presidente turco enfrentará, dentro de un mes y medio, sus elecciones más peligrosas. Por primera vez desde que llegó al poder, en 2003, un candidato opositor, Kemal Kilicdaroglu, tiene oportunidades concretas de derrotarlo. Varias razones explican la caída de la popularidad de Erdogan: una economía sin rumbo, una inflación desbordada y una flojísima gestión ante el terremoto de febrero.

Hoy, las consecuencias del sismo son el rival por derrotar para el presidente con miras a ganar las elecciones del 14 de mayo. Y Erdogan, como todo autócrata hecho y derecho, se ocupa de encarcelar a los dirigentes que amenazan electoralmente su poder.

Ya lo hizo con Ekrem Imanoglu, exalcalde de Estambul y principal opositor de Erdogan hasta diciembre pasado, cuando fue condenado a dos años y siete meses de prisión por “insultar” a funcionarios de Erdogan. Les dijo “idiotas” a los funcionarios electorales que anularon su primera victoria en Estambul. 

Suena absurdo, claro. Lo es. Pero el control que Erdogan tiene sobre la Justicia es total. Desde el golpe de 2016, casi 4.000 jueces y fiscales fueron despedidos, y 500 de ellos encarcelados. La mitad de los jueces turcos (9.500) fueron nombrados en los últimos años. El presidente todo lo puede. 

Hoy, desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Donald Trump gritan “¡lawfare!” (uso de la Justicia para ir contra figuras políticas) con cada paso que la Justicia da sobre sus asuntos y se victimizan ante supuestos intentos de neutralizar su poder electoral. Separados por la ideología, ambos se unen en la denuncia, en Argentina o Estados Unidos, de la “judicialización de la política”.

Ambos, sin embargo, fueron o son motores de exactamente lo contrario. La vicepresidenta es parte de una alianza oficialista que busca enjuiciar a la Corte Suprema, mientras que Trump, cuentan sus propios exasesores, buscó incesantemente usar las agencias encargadas de aplicar la ley para investigar a sus rivales.

Ambos son protagonistas de la politización de la Justicia, el avance del Ejecutivo sobre el poder judicial, el lawfare al revés que tanto perfeccionó Erdogan y que hoy es, según los especialistas y los índices de calidad democrática, el fenómeno que amenaza, más que ninguno otro, las fragilizadas democracias del mundo. Más que ningún otro país, Israel es hoy el laboratorio en el que se enfrentan el “lawfare al revés” y la resistencia democrática; por ahora parece difícil pronosticar cuál prevalecerá.

Un problema al alza 

El avance de los gobiernos sobre la independencia judicial no es exclusivo de una determinada ideología política ni tiene una sola causa o una sola estrategia. Tampoco es único en naciones de baja tradición democrática. Pero es siempre uno de los factores determinantes del proceso de autocratización que vive el mundo: hoy, el 72 % de la población global vive bajo alguna forma de autocracia.

En 2002, 13 naciones estaban en proceso de autocratización; hoy son 42, según Varieties of Democracy (V-Dem), el índice de calidad democrática más exhaustivo y más consultado por los especialistas. “El avance en los niveles globales de democracia hechos en los últimos 35 años ha sido completamente borrado”, advierte el informe.

En lo que va del siglo, detalla V-Dem, solo 10 países protagonizaron un proceso de democratización. En ocho de ellos, un elemento fue determinante: la capacidad del poder judicial de revertir y desarmar el control que sobre él tenía el poder ejecutivo. Al contrario de esto, 29 se autocratizaron.

En los últimos años, casi siempre la deriva democrática comenzó con la decisión del gobierno de avanzar sobre la Justicia para limitar los controles al poder ejecutivo. Una forma de avance es la colonización de todos los puestos de la Justicia, como sucede en Turquía.

Otra forma es atacar de “arriba hacia abajo”. Hungría es, para los especialistas, uno de los mayores ejemplos de la politización de la Justicia en este sentido. Apenas un año después de llegar al poder, en 2010, Viktor Orban y su partido, Fidesz, usaron su supermayoría parlamentaria para reformar la Constitución y cambiar el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional y las reglas de la elección de su presidente. A partir de entonces, el oficialismo neutralizó gradualmente la Justicia hasta controlarla hoy en su totalidad.

Las peleas con los tribunales superiores –como la que hoy mantiene la Casa Rosada con la Corte Suprema– suelen ser la norma entre las naciones que comienzan su autocratización. La primera disputa de Ley y Justicia, el partido que gobierna en Polonia, al llegar al poder fue con el Tribunal Constitucional. Eventualmente, el ganador fue el presidente Andrei Duda.

Tanto Duda como Orban, ambos recelados por igual por la Unión Europea (UE), lanzaron sus ataques a la Justicia de forma preventiva. Sus ofensivas estuvieron destinadas a construir desde un principio un poder sin límites. En otros casos, el “lawfare al revés” responde a las necesidades personales de líderes investigados por la Justicia. No solo pasa en Argentina, pasa en el país que se preciaba de ser el estandarte democrático del Medio Oriente, Israel.

El laboratorio israelí

“Benjamin Netanyahu es un liberal total, personalmente no tocaría la separación de poderes. ¿Pero entonces por qué lo hizo? Porque lo tocaron a él. Considera que los cargos de corrupción en su contra son políticos. E hizo lo que hace un gato encerrado”, dice, en diálogo con La Nación de Argentina Alberto Spektorowski, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv.

Netanyahu enfrenta cargos por soborno y fraude desde 2016, y, en su campaña para volver al poder el año pasado, prometió que no usaría su autoridad para interferir con el proceso judicial. En eso cumplió. Pero lo que sí hizo, junto con la coalición de extrema derecha que lo acompaña, fue presentar un proyecto de reforma judicial que le quita influencia para nombrar jueces o para dar de baja leyes a la Corte Suprema y se lo transfiere al poder político, entre otras cosas. Para los críticos, quien tenga la mayoría en la Knesset (Parlamento) tendrá también el control de la Justicia con la reforma.

El proyecto de reforma bastó para movilizar y dividir a los israelíes y, sobre todo, para desnudar los cambios existenciales que emergen lentamente en ese país. Durante tres meses, sectores estratégicos y emblemáticos del país se levantaron en contra de la reforma, desde reservistas y oficiales de las Fuerzas Armadas hasta ejecutivos de startups tecnológicas. Las calles de Israel se llenaron e incendiaron mientras crecen las advertencias sobre el fin de la independencia judicial o sobre el fuerte impacto económico y la seguridad jurídica.

Atrás de esos reclamos, como sucede en otras naciones donde el avance sobre la Justicia despierta a las calles, dos fenómenos toman fuerza: la recesión democrática y un país cada vez más polarizado entre secularismo y religión. 

“Esta reforma muestra a dos poblaciones en pugna, la progresista y la conservadora”, opina Spektorowski, y explica que los que se movilizan hoy son la clase productiva –“sin ellos, el país no existe”– y los que están detrás de la reforma son los grupos de la derecha religiosa, que “buscan una corte suprema más nacionalista”.

Israel vive hoy en apenas un lapso de meses lo que otras naciones vivieron a lo largo de varios años de lenta autocratización. Es un laboratorio no solo porque sigue, de manera acelerada, todos los pasos del “lawfare al revés” sino porque también desnuda que el sistema judicial lejos está de ser perfecto y transparente. Necesita cambiar, el problema es cómo.

“Muchos en Israel cuestionaban al Tribunal Supremo, pero nadie quería una reforma tan brutal. Puede ser que parte de esta reforma sea justa, pero el precio es brutal. Ahora lo único que puede salvar al país es un pacto nacional”, dice Spektorowski.

Hoy, el consenso sobre cómo reformar la Justicia y sanar las heridas parece lejano. Forzado por las manifestaciones, Netanyahu pausó la reforma. Pero Spektorowski advierte que esa decisión es apenas “un repliegue táctico”. La ultraderecha religiosa presionará por el proyecto porque busca una Corte que avale sin tapujos el avance sobre los territorios palestinos.

Vanessa Boesse es una académica alemana que ha estudiado todos los quiebres democráticos de 1900 a hoy. Concluyó que, desde el fin de la Guerra Fría en adelante, solo una institución es capaz de detener el proceso de autocratización. 

“Nuestros resultados respaldan la hipótesis de que el último baluarte contra la autocratización es el poder judicial”, dice en su estudio ‘Cómo sobreviven las democracias: la resistencia democrática como un proceso en dos partes’.
Hoy el mundo mira a Israel, atento a si el país que se preciaba de ser un oasis en una región de autocracias eternas es capaz de blindarse contra el “lawafare al revés” para mantener con vida su democracia.

AUTOR: INÉS CAPDEVILA
LA NACIÓN (ARGENTINA) – GDA