El Consejo Constitucional de Francia validó este viernes las medidas clave de la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, desatando una respuesta inmediata de rechazo en las calles.
El organismo validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una pensión completa.
Los nueve ‘sabios’ del Consejo Constitucional rechazaron además una solicitud de la oposición de izquierda de convocar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años.
No obstante, el Consejo invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.
El legislador busca la supervivencia del sistema por repartición
Una fuente del organismo explicó este viernes a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.
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También indicó que las deliberaciones se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.
Y aunque anuló partes de la reforma, la validación de los puntos clave de la ley reconforta al gobierno. Muchos franceses y expertos ya auguraban una decisión parcialmente favorable del Constitucional, pues la relación de fuerzas de sus nueve miembros, escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento, beneficia a Macron.
Pero la oposición de izquierda, que presentó dicha propuesta, ya se lo esperaba de algún modo y el jueves presentó una segunda demanda de RIP con una formulación diferente y, a su juicio, con más posibilidades de prosperar. El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre esta el 3 de mayo, indicó en un comunicado.
Los sindicatos ya anunciaron una gran movilización para el próximo 1.° de mayo.
El anuncio, no obstante, fue acogido con abucheos por cerca de 3.000 manifestantes congregados frente a la Alcaldía de París. Los sindicatos ya habían convocado además unas 230 marchas en todo el país y muchas de ellas tomaron fuerza tras anunciarse la decisión.
En París, hubo quema de mobiliario urbano, entre ellos una treintena de contenedores de basura, y enfrentamientos entre policía y manifestantes que desembocaron en 112 detenciones.
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Rennes, en el noreste del país, fue otra de las ciudades que registró disturbios reseñables. La puerta de una comisaría de policía y la entrada de un antiguo edificio religioso fueron incendiadas al término de una protesta de varios centenares de jóvenes.
En un mensaje en Twitter, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, tildó de «inaceptables» ambos incidentes y aseguró que sus autores responderán ante la Justicia.
Este viernes hubo disturbios en París y otras ciudades de Francia.
¿Qué viene ahora?
En todo caso, el Gobierno tiene la intención de promulgar la ley este mismo fin de semana, según fuentes oficiales, aunque los sindicatos le urgieron en un comunicado a no hacerlo, como “única manera de calmar la ira expresada en el país”.
La oposición, tanto de izquierda como de ultraderecha, también se lo pidió. “La entrada en vigor de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”, advirtió ayer la líder ultraderechista Marine Le Pen.
Los sindicatos ya convocaron una “gran movilización popular” para el 1.° de mayo, que debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma, anunció este viernes la secretaria general de la Confederación General del Trabajo, Sophie Binet.
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Las protestas contra la reforma pensional ya cumplen tres meses.
Las centrales son la punta de lanza desde el inicio de las protestas en enero. El 7 de marzo lograron movilizar entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la CGT, respectivamente, pero las marchas son menos concurridas desde entonces.
Tras el dictamen, esperan reavivar el movimiento que, desde mediados de marzo, se caracterizó también por acciones puntuales de protesta, entre ellos bloqueos de acceso a ciudades como el registrado este viernes en Ruán (noroeste).
Las centrales rechazaron este viernes una invitación del presidente Macron a una reunión el martes para tratar cuestiones no relacionadas con las pensiones.
El Gobierno, no obstante, defendió nuevamente la ley. La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló aque, con su decisión, el Consejo Constitucional considera que “tanto en el fondo como en el procedimiento”, la reforma está de acuerdo con la Constitución.
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Macron considera fundamental la reforma para equilibrar el déficit del sistema de pensiones en Francia.
El Ejecutivo también recalcó en un comunicado que el fallo del Constitucional “marca el final del camino institucional y democrático de la reforma” y reiteró que su voluntad es “continuar la concertación con los interlocutores sociales”.
La incertidumbre se planta ahora sobre cómo el gobierno de Macron conseguirá reconducir un conflicto social enquistado. El mandatario está acusado de haber creado una «crisis democrática» al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta.
Con esta ley, que según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, también se jugaba poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.
«Mantener el rumbo, ese es mi lema», dijo este viernes durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.
*Con información de AFP y EFE
