Cuando la pandilla MS-13 controlaba el barrio de Las Margaritas, uno de sus bastiones en El Salvador, había reglas que había que seguir para mantenerse con vida.
No podías usar el número ocho porque estaba asociado con la pandilla rival Calle 18. No podías usar la marca de tenis que usaban los pandilleros. Y no podías, bajo ninguna circunstancia, llamar a la policía.
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“La gente no podía quejarse con la policía de lo que decían los muchachos”, dijo Sandra Elizabeth Inglés, residente de mucho tiempo, refiriéndose a los pandilleros. “Se convirtieron en la autoridad en este sistema”.
El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, alguna vez fue conocido como la capital de los asesinatos en el hemisferio —con una de las tasas de homicidios más altas del mundo fuera de una zona de guerra.
Pero en el año transcurrido desde que el Gobierno declaró un estado de emergencia para sofocar la violencia de las pandillas, desplegando en masa a las fuerzas armadas en las calles, la nación ha experimentado una transformación notable.
Ahora los niños juegan fútbol hasta altas horas de la noche en campos que eran territorio de pandillas. Inglés recolecta tierra para sus plantas junto a un edificio abandonado que los residentes dicen que se usó para asesinatos pandilleros. Se desplomaron los homicidios. También disminuyeron los pagos de extorsión impuestos por pandillas a negocios y residentes, dijeron los analistas.
“Puedes caminar libremente”, dijo Inglés. “Mucho ha cambiado”.
El Faro, el principal medio noticioso de El Salvador, ofreció una evaluación sorprendente a principios de este año: las pandillas en gran parte “no existen”.
Pero ese logro, dicen los detractores, ha tenido un precio incalculable: arrestos masivos que arrasaron con miles de personas inocentes, la erosión de las libertades civiles y el descenso del país a un estado policial cada vez más autocrático.
Harta de las pandillas que la aterrorizaron y obligaron a tantos a huir a Estados Unidos, la gran mayoría de la gente aquí apoya las medidas y al Presidente que las impuso, sugieren las encuestas.
Con índices de aprobación de alrededor del 90 por ciento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 41 años, se ha convertido en uno de los líderes más populares del mundo y ha ganado seguidores en todo el hemisferio occidental.
Una encuesta mostró que la gente en Ecuador, donde está aumentando la violencia, tiene una mejor opinión de Bukele que de sus propios líderes.
Al tiempo que los políticos desde México hasta Guatemala prometen emular el enfoque de mano dura de Bukele, a los detractores les preocupa cada vez más que el país pueda convertirse en un modelo para un trato peligroso: sacrificar las libertades civiles por la seguridad.
El Gobierno salvadoreño ha arrestado a más de 65 mil personas en el curso del último año, incluyendo a niños de tan sólo 12 años, más que duplicando la población carcelaria total. Más de 5 mil personas sin vínculos con pandillas fueron puestas tras las rejas y finalmente liberadas. Al menos 90 personas murieron bajo custodia, dijo el Gobierno.
Los grupos de derechos humanos han documentado arrestos arbitrarios masivos, así como hacinamiento extremo en las prisiones e informes de tortura por parte de los guardias.
Félix Ulloa, el vice presidente de El Salvador, dijo en una entrevista que se investigan las denuncias de abusos por parte de las autoridades y que se libera a los inocentes detenidos. “Hay un margen de error”, dijo, defendiendo lo que llamó una estrategia “casi quirúrgicamente impecable”.
En lo que alguna vez fueron algunas de las partes más peligrosas del país, casas abandonadas que pertenecieron a pandilleros están siendo renovadas y ocupadas por nuevos inquilinos.
En las calles de Las Margaritas, un barrio en el otrora horrendamente violento municipio de Soyapango, en el centro del país, los autos ahora se estacionan sin que sus dueños paguen 10 dólares al mes a los extorsionadores de pandillas. Antes, nadie visitaba el principal mercado al aire libre del municipio sin permiso de los secuaces de las pandillas, dijeron los vendedores. Ahora cualquiera puede ir cuando quiera.
Juan Hernández, de 41 años, no pisaba una cancha de futbol a cuadras de su casa desde hacía 10 años. “Era territorio”, dijo, refiriéndose a territorio de pandillas. “Te balaceaban”.
Ahora usa la cancha para enseñar a jugar a su hijo de 12 años. “Me dice, quiero aprender, y yo le digo, ‘vamos’”, dijo Hernández.
*Emiliano Rodríguez Mega y Joan Suazo contribuyeron con reportes a este artículo.
Natalie Kitroeff
THE NEW YORK TIMES
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