En las últimas semanas y con el beneplácito del Gobierno colombiano, Estados Unidos ha venido acelerando de manera dramática la expulsión de miles de colombianos que son arrestados en la frontera sur por tratar de ingresar ilegalmente o pedir asilo en este país sin cumplir con los requisitos básicos.
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Según cifras oficiales, desde 1.º de mayo han estado aterrizando en el país dos aviones diarios repletos de connacionales (unos 120 por aeronave).
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Esto ha dado paso a caóticas escenas en aeropuertos del país y múltiples quejas por maltrato en los procesos de repatriación, que forzaron a una suspensión temporal de los desplazamientos mientras se establecían criterios más humanos para el retorno al país.
Si bien los incrementos en estos últimos días han sido notables, lo cierto es que este tipo de expulsiones masivas llevan presentándose desde hace más de un año y hacen parte de una estrategia multifacética de Estados Unidos, que no es exclusiva para colombianos.
Con estas medidas tratan de confrontar la crisis migratoria que viven los puntos fronterizos de entrada donde a diario están llegando números récord de personas provenientes de muchos países del mundo.
Y es que solo en el año fiscal 2022 fueron detenidos más de 2 millones de personas, una cifra histórica que batió la marca anterior a la que se llegó en el 2021, cuando se arrestaron a 1,9 millones de migrantes.
Las razones para ese “tsunami migratorio” son múltiples: crisis democrática en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, pobreza extrema exacerbada por la pandemia del covid-19, efectos del cambio climático y otros.
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En ese contexto, el caso de los colombianos ha sido dramático. De poco más de 10.000 arrestos en todo el 2021 se pasó a 130.000 en el 2022 y ya van casi 93.000 en los primeros 6 meses del año fiscal 2023 (que dio inicio en octubre). Fue eso lo que llevó a un acuerdo en marzo del año pasado entre el entonces gobierno de Iván Duque con Estados Unidos y que continuó tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.
En la agonía del Título 42, los migrantes que se encuentran varados en la frontera de Matamoros.
La idea —le dijo a EL TIEMPO una fuente familiar con el proceso— era aprovechar esa venta al máximo, conscientes de que una vez se acabara la Título 42 las cosas podían cambiar
Bajo este acuerdo, Colombia se comprometió a recibir a colombianos que estaban siendo expulsados a través del polémico Título 42, una regla que se adoptó cuando Donald Trump estaba en la Presidencia y que le permitía a Estados Unidos devolver a los arrestados sin tener que someterlos al proceso migratorio regular que exige un trámite a través de las cortes del país, algo que puede tardar incluso años dado el atraso que ya de por sí se tiene para procesar este tipo de casos.
Esto no lo podían hacer sin tener un convenio con el país de origen, pues las normas internacionales exigen que la persona pase por dicho proceso y se decrete la deportación de manera oficial. Para darle dimensión al ajuste que se hizo en caso de los colombianos, antes de marzo del 2022, al país estaba llegando un vuelo al mes con deportados. Desde entonces comenzaron a llegar más de 20.
De acuerdo con datos de la organización Testigos en la Frontera, que monitorea este tipo de devoluciones, van más de 230 vuelos en los que se han repatriado a unos 25.000 colombianos.
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En el fondo parte de la estrategia ha sido disuasiva, pues aún con el elevado número de vuelos, que paga Washington, esos 25.000 solo representan una fracción (menos del 20 por ciento) del total de colombianos que han sido arrestados.
El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas.
Como dijo en su momento Migración Colombia, la idea también era ayudarle a Estados Unidos a descongestionar sus centros de detención, que ya están abarrotados de personas, con un plan para facilitar el regreso de los connacionales.
Ese plan se volvió a ajustar hace un par de semanas para permitir el arribo de un número más elevado de colombianos —casi el doble— en lo que se llamó la recta final del Título 42 que expiró oficialmente este jueves 11 de mayo luego de que la administración de Joe Biden diera por terminada la emergencia sanitaria que se decretó por el covid-19 y que dio vida la polémica norma.
“La idea —le dijo a EL TIEMPO una fuente familiar con el proceso— era aprovechar esa venta al máximo, conscientes de que una vez se acabara la Título 42 las cosas podían cambiar”.
Eso porque a partir de ahora el proceso para devolver a colombianos y otros ciudadanos volverá a realizarse bajo el Título 8, que es el mecanismo regular que existía antes del año 2020, antes de la emergencia sanitaria.
Algo que ha desatado toda una tormenta política en Estados Unidos, pues se anticipa que con el fin del Título 42 aumentará el número de personas tratando de migrar a través de la frontera sur. De hecho, ya las autoridades han visto incrementos de más de un 50 por ciento en los arrestos diarios y creen que el flujo se puede duplicar en las próximas semanas.
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La administración Biden, a la que le quedaba muy difícil seguir expulsando personas usando como excusa una emergencia sanitaria que ya no existe, ha venido preparándose desde hace meses para el momento con el diseño e implementación de una estrategia que tiene tanto de garrote como de zanahoria.
Por un lado, ha lanzado ya varios programas —y se vienen más— que buscan expandir las vías legales para migrar a Estados Unidos.
Entre ellos un programa que otorga 30.000 visas mensuales a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití y otro que amplía el programa de Reunificación Familiar para que ahora cobije a colombianos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Los detalles específicos, dijo el Departamento para la Seguridad Interna esta semana, se conocerán a partir de mediados de junio y podría beneficiar a miles de colombianos.
Campamento de migrantes improvisado en El Paso, Texas.
Básicamente se permitirá que familiares de ciudadanos de Estados Unidos o residentes (que tengan el Green Card), y hasta cierto grado de consanguinidad, puedan viajar a suelo estadounidense de inmediato mientras les sale la visa de residentes.
También con el establecimiento del Centro de Procesamiento —en Colombia y Guatemala, inicialmente— para que potenciales migrantes puedan tramitar sus solicitudes de asilo o trabajo sin tener que realizar el peligroso viaje por el tapón del Darién o Centroamérica.
Pero al mismo tiempo dejando claro, como lo hizo el secretario Alejandro Mayorkas esta semana, que la frontera con Estados Unidos “no está abierta” y que los que se aparezcan sin cumplir con los requisitos serán devueltos y sancionados con penas que incluyen la prohibición de volver al país en al menos 5 años y cárcel para los reincidentes.
Washington, de hecho, ya presentó una nueva norma que declara ilegal cualquier solicitud de asilo —salvo casos excepcionales— de una persona que haya llegado a su frontera sur sin antes haber pedido la protección en alguno de los países de tránsito. Algo que incluiría a todos los ciudadanos del mundo —incluidos los colombianos— que lleguen por vía terrestre a la frontera salvo los de México.
Tom Cartwright, de Testigos en la Frontera, le dijo a este diario que la norma es probablemente ilegal y será demandada en las cortes como otras políticas de la era Trump como la llamada ‘Quédate en México’ y las disposiciones migratorias para todos aquellos provenientes de un “tercer país”.
Paralelamente y para poder procesar la avalancha de casos que se anticipan, Estados Unidos también prepara ajustes a un mecanismo bajo el Título 8, que le permite deportar personas de manera expedita. Si bien ya no serían expulsadas como tal, sí atravesarían un proceso exprés con el mismo resultado, pero un poco más prolongado.
Para ese fin vienen ampliando el número de jueces migratorios y otros funcionarios de la Patrulla Fronteriza que acelerarían el procesamiento de casos, al igual que la capacidad de los centros de detención.
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Y es, en parte, unas de las razones por las que se envió a 1.500 miembros de la Guardia Nacional para que ayuden con los trámites administrativos.
Aún así, el volumen de detenidos es tan grande —más de 20.000 al mes y probablemente más ahora que expiró el Título 42— que muchos migrantes siguen apostando a que serán liberados en Estados Unidos mientras se resuelven sus casos.
Esto sucede a diario con más de la mitad de los arrestados. En lo que se refiere a los vuelos de repatriación, seguirán llenándose en la medida que EE. UU. vaya oficializando las deportaciones exprés. Pero falta por ver si México también comenzará a aceptar a colombianos y ciudadanos de otros países a los que se les rechacen las solicitudes, algo que actualmente se negocia.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
