Al escenario lo llaman el «apocalipsis económico». Y consiste en que Estados Unidos, por primera vez en su historia, incurra en el llamado «default», o incumplimientos de sus obligaciones financieras, si el Congreso y la administración de Joe Biden no logran llegar pronto a un acuerdo para elevar el techo de la deuda.
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Aunque los expertos se debaten en el cuándo de ese momento preciso, la secretaría del Tesoro Yanet Yellen ha dicho en varias oportunidades que podría ser este 1°. de junio, aunque en la tarde de este viernes extendió el plazo al 5 de junio.
En otras palabras, a partir de este jueves -más o menos- EE.UU. no podría pagar todas las obligaciones financieras que tiene con sus acreedores y deberá, además, suspender los salarios a algunos de sus empleados federales y algunos de los servicios más básicos que presta a sus ciudadanos.
Algo catastrófico, según los economistas, no solo para las finanzas de EE.UU. sino del mundo, pues el default causaría un efecto dominó que recorrerá las cuatro esquinas del planeta.
«Sería desastroso. En primer lugar, por supuesto, para EE.UU. y su credibilidad a nivel mundial como un país sería que cumple con sus obligaciones. Pero dada la interconexión de los mercados globales esto es algo que pagaremos todos», afirma Darrel Duffle, profesor de negocios y empresa en la universidad de Stanford.
El default en Estados Unidos causaría un efecto dominó que recorrerá las cuatro esquinas del planeta.
EE.UU. y su credibilidad a nivel mundial como un país sería que cumple con sus obligaciones. Pero dada la interconexión de los mercados globales esto es algo que pagaremos todos
Si bien no es la primera vez que en este país los políticos coquetean con este «Armagedón económico» -estuvieron muy cerca en el 2011- en esta ocasión, dada la polarización tan extrema que existe entre republicanos y demócratas, la posibilidad se ve muy real.
Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes desde enero, exigen profundos recortes al gasto público como precondición para elevar el techo de la deuda que en este momento ya se acerca a los 32 billones de dólares.
Pero Biden, hasta ahora, ha rechazado las maniobras por razones políticas y económicas. De acuerdo con la calificadora de riesgo Moodys, el plan que han propuesto los republicanos se traduciría en desempleo y reduciría el crecimiento económico en momentos en que el país está muy cerca de entrar en una recesión.
Además, anota la Casa Blanca, la ampliación de la deuda es necesaria pues fue el mismo Congreso el que en el pasado autorizó los gastos que ahora el gobierno no podría pagar. Y si bien los republicanos insisten que los mueve su interés por la disciplina fiscal, a Biden le parece un argumento hipócrita pues ellos mismos no tuvieron problema en elevar el techo cuando su antecesor, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca.
Sabe, de pasó, que los recortes previstos – en su mayoría a la seguridad social y para combatir el cambio climático entre otros- lo dejarían maniatado para el resto de su mandato y sin municiones para buscar la reelección. Probablemente uno de los objetivos en el actual tire y afloje. Y además, teme que ceder en este momento solo abrirá la puerta para que más adelante usen la misma estrategia para obtener nuevas concesiones.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, durante su primer discurso ante el Congreso.
Melina Mara / Bloomberg
Ambos partidos llevan semanas negociando a puerta cerrada una solución para el impasse. Este viernes circuló la noticia de que las partes estarían cerca de llegar a un acuerdo.
Bajo este, se elevaría el techo de la deuda para cubrir los gastos del gobierno por dos años más, pero se congelaría cualquier aumento en el desembolso para programas considerados no esenciales.
En otras palabras, los únicos rubros que recibirían aumentos serían los de seguridad nacional, como gastos militares y el pago a los veteranos de guerra. Todo el resto, y eso incluye, educación, vivienda, salud y otros se mantendrían en los niveles actuales.
De acuerdo con las fuentes, las partes se han acercado en las últimas horas pero hay discrepancias sobre el monto final del aumento de ese techo.
Pero la explicación de fondo es esta. Estados Unidos gasta más de lo que recauda a través de impuestos y por lo tanto debe pedir prestado el excedente para financiar sus operaciones. La mayor parte de esa deuda está en forma de bonos del Tesoro, que son comprados por individuos particulares y gobiernos alrededor del mundo.
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A lo largo de los años ha ido acumulando una deuda que hoy día llega casi a los 32 billones de dólares. Esa deuda tiene un límite máximo y, cuando se cumple, el Congreso debe aprobar una ley que autoriza la ampliación del llamado techo. El límite actual es de 31 billones de dólares, una cifra a la que se llegó en enero de este año.
Así su líder Kevin McCarthy quisiera alcanzar un acuerdo para elevar el techo de deuda, este podría hundirse en la Cámara si este sector republicano no lo respalda.
Desde entonces el Tesoro viene utilizando medidas extraordinarias y maniobras contables para continuar cubriendo sus gastos. De acuerdo con el gobierno, y esa es la fecha que puso Yellen, a partir del 5 de junio ya no podrá seguir cumpliendo con todas sus obligaciones financieras si no se eleva el techo.
Si para esa fecha no se ha elevado su capacidad de endeudamiento EE.UU., el Tesoro ya no podrá adquirir más deuda y, por lo tanto no podrá pagar a tiempo o totalmente sus cuentas. Entre ellas, pagar los intereses que debe por esa misma deuda, los pagos a los pensionados, a los empleados federales, contratistas, veteranos de guerra y muchos más.
Esto jamás ha sucedido en la historia del país. Razón por la cuál otros gobiernos e inversionistas alrededor del mundo compran bonos del tesoro estadounidense ya que los consideran una apuesta segura.
Desde 1940, el Congreso de EE.UU. ha elevado el techo de la deuda en más de 85 ocasiones. Por lo general, una o dos veces al año en un trámite que suele ser rutinario. Pero desde que los republicanos tomaron el control de la Cámara en las elecciones del año pasado las cosas se han complicado.
Sobre todo porque en esta nueva mayoría legislativa hay un sector radical que parece dispuesto a llevar la pelea hasta las últimas consecuencias.
Un sector que tiene mucho peso pues se trata de una mayoría mínima de solo 5 votos y por lo tanto los suyos pesan. En otras palabras, así su líder Kevin McCarthy quisiera alcanzar un acuerdo para elevar este podría hundirse en la Cámara sin este sector no lo respalda.
Además, como se recuerda, McCarthy logró la presidencia de la Cámara tras llegar a un pacto con este grupo -que se oponía a su elección- que les permite convocar a un voto para removerlo en cualquier momento. Algo que, por supuesto, no está interesando en desatar.
El Presidente ha dicho que no cederá ante lo que claramente ve como un chantaje y menos cuando se toma como rehén la estabilidad de la economía estadounidense.
Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál sería el efecto concreto del default -pues nunca antes se ha cruzado ese puente- todos coinciden en que sería gravísimo.
Un incumplimiento tiene el potencial de ser catastrófico: el mercado de crédito se congelaría, el precio del dólar se desplomaría, las tasas de interés se dispararían
El único precedente que existe sucedió en ese verano del 2011 cuando por un pelea similar se estuvo a punto de entrar en default. Si bien la crisis se resolvió en el último momento, la sola posibilidad del incumplimiento generó consecuencias nefastas, entre ellas la primera reducción en toda la historia de la calificación de la deuda estadounidense, hasta ese entonces Triple A, que le aplicó la calificadora S&P.
Lo cual tuvo efectos concretos pues EE.UU., desde ese momento, tuvo que pagar más intereses por la plata prestada.
Además, de acuerdo con un reporte del departamento del Tesoro en la época, el impasse provocó una caída del 17 por ciento en la bolsa de valores que condujo a la pérdida de 2.400 millones de dólares en inversiones de estadounidenses. Eso pese a que se llegó a un acuerdo de última hora. Pero un default efectivo sería mucho más grave.
Además, las otras calificadoras de riesgo como Flinch y Moodys, que no redujeron la nota en el 2011, estarían considerando hacerlo ahora pues la crisis demuestra una inestabilidad política en EE.UU. producto de las intensas disputas partidistas que se han agudizado.
«Un incumplimiento tiene el potencial de ser catastrófico: el mercado de crédito se congelaría, el precio del dólar se desplomaría, las tasas de interés se dispararían, sus efectos le darían la vuelta al mundo y podría desatarse una crisis financiera y una recesión similar a la que se vivió en el 2008 o peorW, decía el Tesoro en ese informe a manera de advertencia y para evitar escenarios similares en el futuro.
Escenarios que, lamentablemente, están cerca de materializarse.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
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