El Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una partida de 487 millones de dólares para entregar a Colombia durante el año fiscal 2024, que se inicia en octubre de este año.
(En contexto: Comité del Congreso de Estados Unidos propone diferir la ayuda a Colombia)
La partida es casi idéntica a la que el Congreso autorizó para este año 2023 (en curso) y unos 20 millones de dólares por encima de lo que había solicitado el presidente Joe Biden a comienzos de año.
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La decisión del Senado, controlado por el partido demócrata, provocará un choque de trenes con la Cámara de Representantes donde ya también se aprobó el presupuesto para las operaciones en el exterior (solo falta la plenaria), pero de momento este proyecto no incluye fondos para Colombia.Los republicanos en esta Cámara han optado por diferir la ayuda debido a los temores que les genera a el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“De los fondos asignados por esta Ley bajo los títulos III y IV, 487,375,000 millones de dólares deben estar disponibles para asistencia a Colombia”, dice el proyecto obtenido por este diario.
El proyecto aprobado por el Senado establece que por lo menos 40 millones de dólares se invertirán en seguridad regional de municipios con altos niveles de actividades ilícitas donde también se dará prioridad a programas de desarrollo económico.
Como en anteriores versiones de la ayuda estadounidense, esta viene con condicionamientos.
Por un lado, la entrega de un 20 por ciento de la ayuda destinada a combatir las drogas (casi la mitad de los recursos solicitados) dependerá de una certificación del Secretario de Estado en la que confirme que el país está comprometido en el combate contra los estupefacientes.
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Gustavo Petro y Joe Biden.
Presidencia
Un 20 por ciento sólo podrá ser entregado cuando el Secretario de Estado certifique que Colombia está implementando una estrategia para reducir (…) el cultivo de coca y producción de cocaína
“Un 20 por ciento sólo podrá ser entregado cuando el Secretario de Estado certifique que el Gobierno de Colombia está implementando una estrategia eficaz de todo el gobierno para reducir de manera sustancial y sostenible los niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia, incluidos programas y actividades que apoyan la erradicación de cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo, la interdicción de drogas, el desmantelamiento del tráfico de drogas y la red de lavado de dinero”, dice el proyecto, que ahora pasará a la plenaria.
Dada la decisión del presidente Gustavo Petro de no erradicar los cultivos de coca de campesinos, esta condición podría ser difícil de cumplir.
La entrega de otro 5 por ciento estará condicionado a que Colombia “está llevando ante la justicia a los miembros de la policía que ordenaron, dirigieron y usaron fuerza excesiva y participaron en otros actos ilegales contra manifestantes en 2020 y 2021, y que la policía este cooperando plenamente con tales esfuerzos”.
Un 20 por ciento de los fondos dirigidos a las Fuerzas Armadas dependerán también de una certificación en la que se constate que la Jurisdicción Especial para la Paz y demás autoridades judiciales están condenando a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los que tienen responsabilidad de mando, a penas privativas de libertad.
Así mismo que se estén logrando avances en la reducción de amenazas y ataques contra los defensores de los DD. HH. y otros activistas de la sociedad civil, y las autoridades judiciales están procesando y castigando a los responsables de ordenar y llevar a cabo tales ataques, entre otras cosas.
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Así mismo, que se esté protegiendo a las comunidades afrocolombianas e indígenas y que los altos mandos militares y unidades presuntamente responsables de ordenar, cometer o encubrir casos de falsos positivos y otras ejecuciones extrajudiciales, que hayan cometido otras violaciones flagrantes de los derechos humanos o realizado interceptaciones ilegales, estén siendo procesados por lo justicia.
El texto del proyecto aclara que ninguno de los fondos apropiados podrá ser usados para el pago de reparaciones a las víctimas del conflicto o indemnizaciones a desmovilizados por el proceso de paz.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68
