La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, instrumento que consta de cuatro capítulos y 22 artículos que conducen a un fin: dar legalidad a la creación del estado número 24 que hace referencia al territorio en disputa con Guyana.
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La decisión tuvo lugar luego de que el lunes, el presidente Nicolás Maduro presentó el “nuevo mapa territorial” que incluye el Esequibo, hoy controlado por Georgetown y que insiste en tener aliados y no querer ceder ni “un centímetro”, en palabras de su presidente Irfaan Alí, quien además aseguró que cuenta con el apoyo de aliados como el Comando Sur de Estados Unidos.
Alí también afirmó-luego de las declaraciones de Maduro en las que ordenaba la creación del estado- que acudiría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Ante esto, Venezuela condenó las declaraciones del presidente guyanés, las cuales calificó de “irresponsables”, a través de un comunicado de la cancillería.
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Incluso, desde el oficialismo, no se descarta que Maduro viaje en los próximos días a Moscú con el fin de asegurar el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ayer Caracas informó que los cancilleres Yván Gil, de Venezuela, y Hugh Todd, de Guyana, sostuvieron una conversación telefónica, contacto que llegó después del referendo consultivo realizado el domingo en Venezuela, en el que más del 95 por ciento de los votantes que participaron aprobó crear la provincia del Esequibo y dar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de la región, bajo jurisdicción de Guyana.
“Venezuela aprovechó para actualizar al gobierno de Guyana sobre la abrumadora participación que tuvo la consulta popular, generando un mandato inapelable”y “expresó la necesidad de detener las acciones de agravamiento de la controversia”, agregó el texto de la cancillería venezolana.
En medio de temores de mayor conflictividad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó apoyo al “uso de medios exclusivamente pacíficos para resolver disputas internacionales”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes que la petrolera estatal venezolana PDVSA entregará licencias para la explotación de petróleo, gas y minerales en esta región de 160.000 km2 y creó nueva zona militar a unos 100 km de la frontera. Alí calificó esos anuncios como “una amenaza directa”.
El mandatario guyanés pidió, además, “detener las acciones de agravamiento”, tal como lo recomendó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la semana pasada le ordenó a Venezuela “abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa” y a las partes “abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender” el litigio.
Preocupación regional
El escenario genera preocupación, pues el plan de Caracas es “recuperar” la zona en reclamación y disputa desde 1840. Con un área de 160.000 kilómetros cuadrados y rica en petróleo, gas y minerales, la región compromete la salida al mar de Venezuela y para ello plantea el nuevo estado que no cuenta con apoyo de la región, en especial porque si bien de momento el lío se mantiene en terreno diplomático y en la CIJ, no se descarta una escalda militar.
“Eso llevaría a una desestabilización de la paz en la región que no se quiere. Venezuela está sola en la disputa”, dice a EL TIEMPO Ángel Medina, analista político venezolano.
“Esto va a va a cambiar la estrategia de seguridad de muchos países. Brasil está movilizando tropas, Surinam, que también tiene una disputa territorial con Guyana, está movilizando soldados”, explica Medina.
Maduro presenta el nuevo mapa de Venezuela.
“Eso llevaría a una desestabilización de la paz en la región que no se quiere. Venezuela está sola en la disputa”.
El Gobierno de Maduro no solo parece decidido a recuperar territorio, sino también a “castigar” a quienes declaren en contra de ello o se les asocie con la Exxon Mobil, petrolera que tiene concesiones de Guyana.
Por ello, ayer el fiscal Tarek solicitó órdenes de aprehensión para colaboradores de la candidata opositora María Corina Machado y dirigentes en el exilio, además de dos ciudadanos estadounidenses, por su supuesta vinculación en una “conspiración” contra el referendo del 3 de diciembre
