Los peligros del decreto en Perú que cataloga a las personas trans como ‘enfermas’

Esa decisión provocó una reacción de rechazo por partes de activistas y organizaciones LGBTIQ+, que advierten que patologizar de manera oficial a las personas trans en Perú puede socavar gravemente sus derechos.

Para Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans Féminas Perú, «esta medida lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad». 

Huerta apunta que el decreto -que aún sigue vigente- «fomenta la violencia hacia las personas trans porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas».

La preocupación se desató el pasado viernes, cuando el Ministerio de Salud peruano publicó la actualización del PEAS en la que se incluyó el «transexualismo, el transvestismo de rol dual y el trastorno de la identidad de género en la niñez» como enfermedades de salud mental.

En un comunicado que la misma institución difundió dos días después, tras el pronunciamiento de las organizaciones, intentó echarse para atrás y aclaró que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos y explicó que había actualizado el PEAS «para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental», ya que este listado es el que todas las aseguradoras deben cumplir. 

Subrayó que el CIE-10 (la clasificación internacional de enfermedades) se mantiene vigente en Perú, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región y que entró en vigor el 1°. de enero de 2022 de manera oficial.

Un funcionario del Ministerio de Salud afirmó que el cambio normativo pretendía facilitar la cobertura de «las personas transexuales y las personas con trastornos de identidad de género», sobre todo en las clínicas privadas. 

Sin embargo, como advierten las organizaciones LGBTIQ+, el decreto es profundamente regresivo. De hecho, la organización Human Rights Watch se pronunció en contra de la medida y apuntó que «la nueva regulación emplea clasificaciones obsoletas relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sustituyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades más reciente, publicada en 2019».
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​Ese es precisamente el punto que causó mayor rechazo. La organización Más Igualdad Perú, que ha encabezado las voces de protestas, explica que el decreto hace mención a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), un documento que recoge las categorías de diagnóstico de consenso global que se aprueba por la Asamblea Mundial de la Salud. 

Sin embargo, el decreto utiliza la «versión 10 (CIE-10), que fue desarrollada y publicada en 1992 y que contiene categorías de diagnóstico desactualizadas y patologizantes para la población LGBTIQ+, especialmente para la población trans».

En ese sentido, la organización, en cabeza de su director, Fhran Medina Zavala, advierte que «resulta peligroso utilizar un documento que hace referencia a categorías desactualizadas de diagnóstico que tanto la propia Organización Mundial de la Salud, y otros organismos de salud mental internacionales han catalogado como patologizantes y que no responden a la realidad científica y social de las personas de la diversidad sexual y de género».

​De hecho, organismos como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa han instado a los gobiernos de todo el mundo a reformar las clasificaciones médicas porque la patologización es «una de las causas principales de las violaciones de derechos humanos» a las que se enfrentan las personas LGBTIQ+.

Ese panorama se agrava en país como Perú, donde no se permite que las parejas del mismo sexo se casen o formen uniones civiles, no se cuenta con un procedimiento para que las personas trans cambien sus documentos para reflejar su identidad de género ni tampoco tiene leyes civiles que prohíban la discriminación contra las personas LGBTIQ+. 

Incluso, organización advierte que el decreto también podría dar legitimidad a las llamadas «prácticas de conversión» y agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan la población LGBTIQ+. 

«Haber incorporado a estas definiciones, que han sido totalmente proscritas en el campo de la salud y derechos humanos, acrecienta la desconfianza que ya hay en el Estado de respeto a las minorías sexuales y por tanto ha merecido el rechazo de la institución», señala la directora de la ONG Promsex, Susana Chávez.

Algunas interpretaciones han señalado, sin embargo, que el contenido detallado en el decreto podría resultar beneficioso para la población trans, pues ahora podrá «recibir tratamiento hormonal gratuito». 

Sin embargo, organizaciones y activistas rechazan esas versiones y alertan que incluso esa interpretación abre la puerta a las llamadas ‘terapias de conversión’. Así, bajo la excusa de que «necesitan ser curadas», las personas trans podrían ser sometidas a tratamientos violentos, deshumanizantes que hoy son considerados como tortura por los organismos internacionales de derechos humanos. 

«La existencia de las mal llamadas “terapias de conversión” implica una amenaza al derecho de toda persona gay, lesbiana, trans, bisexual, intersex o no binaria de acceder a servicios de atención de la salud mental de calidad, y la expone a situaciones denigrantes que pueden incrementar el nivel de afectación de su salud mental», advierte Más Igualdad Perú.

Human Rights Watch emitió una alerta este jueves y señaló que «el gobierno peruano debería derogar este decreto sesgado y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de enfermedades de la OMS con respecto a la orientación sexual y la identidad de género».

También insta a las autoridades a «consultar a las organizaciones LGBTIQ+ del Perú sobre la mejor manera de garantizar el derecho a la salud física y mental de sus comunidades mediante políticas públicas proporcionadas y respetuosas de sus derechos».
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​Las organizaciones, por su parte, han adelantado distintas acciones. Desde manifestaciones hasta un escrito al Parlamento Andino. Su propósito, dicen, es, en primer lugar, pedir la derogación del documento oficial. Y segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud peruano se actualice e implemente el CIE-11.