Las firmantes subrayaron que la prioridad inmediata es salvar vidas: localizar a las personas desaparecidas, rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar el acceso a agua, alimentos, atención médica y refugio. No obstante, señalaron que la experiencia venezolana en desastres muestra los riesgos que surgen cuando la respuesta carece de controles civiles, transparencia y enfoque de derechos humanos.
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El comunicado apela a la memoria del deslave que devastó el entonces estado Vargas en diciembre de 1999. Las organizaciones recordaron que, tras aquel desastre, se documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y obstáculos para el trabajo de organizaciones humanitarias y medios de comunicación.
Resaltaron que aquellos hechos ocurrieron cuando el país contaba con una institucionalidad más sólida y más profesionales de la salud y rescatistas que en la actualidad, por lo que insistieron en que la emergencia «nunca puede convertirse en una justificación para debilitar las garantías fundamentales«.
Las organizaciones advirtieron que tras la etapa de búsqueda y rescate vendrá otra igualmente crítica: la protección de las miles de personas que perderán sus viviendas. Recordaron que, en emergencias previas asociadas a lluvias e inundaciones, numerosas familias fueron trasladadas a refugios temporales que permanecieron abiertos durante años, en condiciones de hacinamiento y sin soluciones habitacionales duraderas.
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Por ello pidieron que los refugios sean una medida excepcional y temporal, orientada desde el primer día hacia soluciones de vivienda permanentes.
Las exigencias a las autoridades
Entre sus demandas, pidieron que las operaciones de seguridad y rescate respeten el derecho internacional aplicable a desastres; que la actuación militar sea excepcional, proporcional y transparente; que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate y organismos internacionales; y que toda persona detenida sea puesta de inmediato a disposición de las autoridades competentes, prohibiendo cualquier forma de desaparición forzada.
También reclamaron que la ayuda se distribuya con criterios exclusivamente humanitarios, sin discriminación ni condicionamientos políticos.
Centro de atención médico improvisado en Morón, estado de Carabobo (Venezuela). Foto:AFP
Las recomendaciones a la ciudadanía
El comunicado incluye llamados a la población para priorizar las indicaciones de los equipos de rescate, mantener registro de familiares desaparecidos y personas evacuadas, documentar posibles violaciones de derechos humanos cuando sea seguro hacerlo, reportar abusos a organizaciones especializadas y rechazar la difusión de rumores que dificulten las labores de rescate.
«Hoy la prioridad es salvar vidas. En los próximos días será proteger la dignidad de quienes lo han perdido todo«, señala el texto. Además, concluye que la respuesta al terremoto será en realidad humanitaria solo si garantiza tanto la supervivencia como el pleno respeto de los derechos de las personas afectadas.
El comunicado fue suscrito por 40 organizaciones, entre ellas Cepaz – Centro de Justicia y Paz, Espacio Público, Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), AID FOR AIDS Venezuela, Laboratorio de Paz, RedesAyuda, la Red de Derechos Humanos en Acción y la Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui (REDHANZ), además de colectivos de mujeres, defensa ambiental y población LGBTIQ+.
Esta es la carta completa:
(Caracas, 27 de junio 2026). Las organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, que suscribimos la presente comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión de militarizar el estado La Guaira en el contexto de la respuesta al devastador terremoto que ha afectado diferentes partes del país.
En estos momentos, la prioridad absoluta debe ser salvar vidas. Cada minuto cuenta para localizar personas desaparecidas, rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar el acceso inmediato a agua, alimentos, atención médica y refugio para la población afectada.
Sin embargo, precisamente porque Venezuela conoce las consecuencias de grandes desastres socionaturales, también conoce los riesgos que pueden surgir cuando la respuesta de emergencia carece de controles civiles, transparencia y enfoque de derechos humanos.
La historia reciente del país obliga a mantener una vigilancia especial: La experiencia del deslave de 1999 no puede repetirse
Tras el deslave que devastó el estado Vargas en diciembre de 1999, numerosas organizaciones nacionales e internacionales documentaron graves denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la respuesta de emergencia.
Entre ellas se registraron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, restricciones indebidas a la circulación de personas, obstáculos para el acceso a información sobre familiares desaparecidos y dificultades para el trabajo independiente de organizaciones humanitarias y medios de comunicación.
Aquellos hechos ocurrieron en un contexto en el que el país contaba con una institucionalidad más sólida, mayor presencia de organismos públicos especializados y un número significativamente superior de profesionales de la salud, rescatistas y organizaciones con capacidad de respuesta.
Esa experiencia demuestra que la emergencia nunca puede convertirse en una justificación para debilitar las garantías fundamentales ni para sustituir la conducción civil de la acción humanitaria.
Después del rescate comienza otra emergencia
La etapa de búsqueda y rescate será seguida por otra igualmente importante: la protección de las miles de personas que han perdido sus viviendas.
También en este ámbito Venezuela acumula experiencias que no deben repetirse. Después de diversas emergencias asociadas a lluvias e inundaciones, particularmente durante los eventos vinculados al fenómeno de La Niña, miles de familias fueron trasladadas a refugios temporales que permanecieron abiertos durante años.
En numerosos casos, esos espacios no reunían las condiciones previstas por los estándares internacionales para alojamientos de emergencia: existían problemas de hacinamiento, falta de privacidad, limitaciones para el acceso a educación y salud, restricciones a la vida familiar, ausencia de mecanismos efectivos de participación y permanencias prolongadas sin soluciones habitacionales duraderas.
La respuesta humanitaria no puede reducirse a administrar indefinidamente la precariedad. Los refugios deben ser una medida excepcional, temporal y orientada desde el primer día hacia soluciones permanentes de vivienda.
Los derechos humanos no se suspenden durante los desastres
Los Estados tienen la obligación de proteger a la población afectada por desastres naturales respetando, al mismo tiempo, los derechos humanos y los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
La asistencia debe prestarse sin discriminación, con especial atención a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, pueblos indígenas y cualquier otro grupo en situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo la poblaci[on LGBTIQ+, quienes son víctimas de situaciones de violencia en estos contextos de gravedad.
Asimismo, debe garantizarse el acceso de organizaciones humanitarias, personal médico, equipos de rescate especializados y organismos internacionales que puedan contribuir a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la población.
Exigimos a las autoridades
• Que las operaciones de seguridad y rescate se desarrollen bajo estricto respeto a los derechos humanos y al derecho internacional aplicable a situaciones de desastre.
• Que toda actuación de los cuerpos militares y de seguridad sea excepcional, proporcional, transparente y sometida a mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
• Que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate, organizaciones humanitarias y organismos internacionales de asistencia.
• Que se proteja el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que documentan la situación y apoyan a las comunidades afectadas.
• Que toda persona detenida durante la emergencia sea puesta inmediatamente a disposición de las autoridades competentes, prohibiendo cualquier forma de desaparición forzada o detención arbitraria.
• Que los refugios temporales cumplan con estándares internacionales de dignidad, seguridad, privacidad, acceso a servicios básicos y participación de las personas afectadas.
• Que desde el inicio de la emergencia exista un plan público para garantizar soluciones habitacionales permanentes y evitar que los refugios se conviertan en asentamientos indefinidos.
• Que la distribución de ayuda humanitaria se realice con criterios exclusivamente humanitarios, sin discriminación ni condicionamientos políticos.
Recomendaciones a la ciudadanía
• Priorizar las indicaciones de los equipos de rescate y protección civil para evitar poner en riesgo nuevas vidas.
• Mantener registro de familiares desaparecidos, personas evacuadas y necesidades urgentes de las comunidades.
• Documentar cualquier posible violación de derechos humanos mediante fotografías, videos o testimonios cuando ello pueda hacerse sin poner en riesgo la seguridad personal.
• Reportar posibles abusos a organizaciones de derechos humanos y organismos humanitarios.
• Promover redes comunitarias de solidaridad, especialmente con personas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad y familias que hayan perdido su vivienda.
• Rechazar la difusión de rumores o información no verificada que pueda aumentar el miedo o dificultar las labores de rescate.
Hoy la prioridad es salvar vidas. En los próximos días será proteger la dignidad de quienes lo han perdido todo. La experiencia venezolana demuestra que ambas tareas son inseparables. La respuesta al terremoto será verdaderamente humanitaria si logra garantizar no solo la supervivencia de las personas afectadas, sino también el pleno respeto de sus derechos.
